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Cuartoscuro .
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Ciudad de México.- Un juez de distrito con sede en Michoacán otorgó una suspensión definitiva a un grupo de jornaleros, que ordena a la presidencia de la República y al gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, realizar acciones necesarias para localizar y destruir las minas terrestres sembradas por el crimen organizado, así como evitar el desplazamiento forzado de los habitantes de la zona.
Los quejosos promovieron la demanda ante el juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, donde reclamaron la omisión de las autoridades para desplegar acciones que permitan identificar los sitios de instalación de las llamadas “narcominas”, violando su derecho a la vida y trabajo en condiciones de seguridad.
Al respecto, el juez Sergio Santamaría Chamú, pidió a la titular del Ejecutivo federal pondere “la posibilidad de solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales, a otros Estados parte de ese tratado internacional o a otros foros intergubernamentales o no gubernamentales competentes, que presten asistencia a sus autoridades para elaborar un programa nacional de desminado”.
El impartidor de justicia dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del estado y el gobernador no han acreditado que ya se concretó una coordinación institucional conjunta de dichas autoridades, ni mucho menos que ya emprendieron (con el debido cuidado y atención a los protocolos correspondientes, para garantizar también a dichos elementos comisionados el derecho a la vida y a la integridad personal), acciones concretas y eficaces para localizar, retirar, desactivar, neutralizar y destruir las minas que se encuentran instaladas en las comunidades, así como en todas aquellas áreas o zonas de la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán).
“En tanto, si bien es cierto que la fiscalía de esta entidad federativa hace alusión a un par de carpetas de investigación y refiere que ha realizado once peticiones formales a la zona militar en el estado; también lo es que no acompaña ninguna documental que corrobore sus aseveraciones”. El togado agregó que estas omisiones comprometen gravemente la integridad de las personas y su derecho a la vida, así como a la integridad personal.
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