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XALAPA.- De acuerdo con los vecinos de la zona protegida de La Martinica, en el municipio de Banderilla, conurbado con Xalapa, la pavimentación de una calle en esa área natural busca facilitar el acceso a propiedades pertenecientes al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a su primo Eleazar Guerrero Pérez, exsubsecretario de Egresos y actual diputado federal de Morena, y a otros altos funcionarios del gobierno del estado. Denunciaron que la urbanización podría configurar un caso de corrupción, uso indebido del poder y daño ambiental. Y es que, los colonos señalaron que el proyecto pone en peligro el delicado ecosistema del bosque mesófilo, y se ha visto como un abuso de poder por parte del gobernador para su beneficio personal. A pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz ha negado que la obra esté dentro del área natural protegida, los activistas denunciaron que la intervención ya ha tenido un impacto significativo. Señalaron que la instalación de tuberías de agua y drenaje, así como la pavimentación, han alterado el entorno y amenazan con desestabilizar el ecosistema. El caso ha generado indignación, no solo por el daño ambiental, sino también por la rapidez con la que se ha ejecutado la obra, con una inversión de 12 millones de pesos en recursos públicos. Acusaron que mientras otras comunidades en Banderilla llevan años luchando por la introducción de servicios básicos, esta área, ligada a figuras políticas del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, recibe una atención inmediata y privilegiada. La Martinica es un área natural protegida desde 2010, que fue diseñada para el disfrute y conservación de la naturaleza, específicamente del bosque mesófilo. Sin embargo, la urbanización en curso amenaza con impactar negativamente este ecosistema. Al respecto, el secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, ha negado que la pavimentación de la calle esté dentro del área protegida. Según él, se trata de una vía que ha existido durante más de 40 años y no afecta directamente la naturaleza. No obstante, los colonos y defensores del medio ambiente sostienen lo contrario, pues argumentan que la nueva urbanización y la introducción de servicios públicos beneficiarán únicamente a las figuras políticas señaladas y a sus familiares. La obra tiene un costo estimado de 12 millones de pesos, financiada a través de recursos estatales de libre disposición. Los vecinos han expresado su frustración, afirmando que esta área privilegiada recibe atención inmediata y con fondos públicos. Así las cosas.
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