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Foto:
Ambrosio Pablo Hernández
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Xalapa, Ver.- Ejidatarios que integran la Coordinadora de Comisarios Ejidales y Comunales del Estado de Veracruz se pronunciaron ante el desdén, racismo y clasismo con el que son tratados por parte de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN). Por lo anterior, exigieron a quienes están al frente de las instituciones agrarias que actúen con sensibilidad social y apego a la justicia, pues no reciben la atención que requieren para resolver diferentes trámites. También solicitaron la depuración del Padrón Agrario, toda vez que los decesos anotados en el Registro Civil y hasta en el Registro Federal de Electores no son dados de alta por las autoridades agrarias, lo que implica que los padrones estén inflados y se trastoquen derechos de sucesión. Los integrantes de la Coordinadora denunciaron casos como el del Ejido Cabada, del municipio de Angel R. Cabada, dónde a través de una sentencia agraria viciada están siendo despojados de tierras que les fueron otorgadas en permuta por parte del municipio, debido al crecimiento de la mancha urbana. Por su parte, las ejidatarias también alzaron la voz para estar al frente de las representaciones ejidales y comuneras, ya que de 3 mil 775 ejidos que existen en Veracruz, mil 774 están adheridos a la coordinadora y más de la mitad de los ejidatarios son mujeres. En este marco, los representantes de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Veracruz denunciaron que visitadores en contubernio con los residentes de la Procuraduría Agraria incurren en la falsificación de documentos para despojar de sus parcelas a los legítimos ejidatarios. Edgar Díaz Fuentes, presidente del Comisariado Ejidal de Ahuateno, municipio de Chicontepec, dijo que en lo personal él fue objeto de esta irregularidad y en la revisión hecha a lo largo y ancho de la entidad, han detectado 20 casos en la que ejidatarios han sido despojados de sus parcelas sin mediar explicación alguna. El exdiputado local priista afirmó que esta situación ya es recurrente de estos servidores públicos que han falsificado documentos y ya tienen otro sujeto de derecho, usando artimañas, incluso, hasta notarios públicos para la certificación de los mismos. Explicó que en lo personal sufrió de esta anomalía, por lo que acudió con Claudio Francisco Mendoza Pérez, encargado de la Procuraduría Agraria, quien los ha traído vueltas y vueltas, y él sabe que los residentes y los visitadores, tienen despachos jurídicos y son juez y parte en los asuntos que ventilan. Por lo anterior, consideró que esa dependencia federal perdió el rumbo que llevaba, pues no hay asesoría jurídica a los ejidos y comunidades agrarias en el estado de Veracruz. Reveló que en su caso presentó la denuncia penal en la Fiscalía Regional de Chicontepec de siete expedientes por falsificación de documentos en contra de visitadores y residentes de la Procuraduría Agraria, “y yo creo que le alcanza al propio delegado Claudio Francisco Mendoza Pérez, porque él es el responsable de todas las residencias de esta institución agraria en la entidad, ellos están en el negocio, están viendo cómo ganar dinero, en vez de asesorar gratuitamente como los mandata la ley y, en este caso, no hay representaciones jurídicas ante los tribunales de parte de ellos, como no les pagan los sujetos agrarios, los comisariados, no les pagamos a ellos su representación, por eso no nos representan dignamente”. Reiteró que tiene en su poder siete expedientes por parte del Registro Agrario Nacional de todas las falsificaciones que ha habido en este sexenio e hizo responsable al delegado de la Procuraduría Agraria, porque sabe de qué su personal tiene muchas malas mañas a lo largo de su creación. Por su parte, María Elena Bretón Solano, secretaria del Comisariado Ejidal de Fortín, denunció el maltrato que sufren las ejidatarias por su condición de mujer, quienes al llegar a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional, son objeto de actos de discriminación por parte del personal de las dependencias. “Cómo mujeres nos han denigrado y no es justo, tenemos los mismos derechos que los hombres, soy ejidataria, soy cañera y trabajo mi parcela y es inconcebible que seamos tratadas de esa manera, con la punta del pie”, e indicó que a pesar de que han solicitado al ingeniero Claudio instruya a mejorar el trato, no ha habido ninguna respuesta, no hay avances y existe un gran rezago en el campo. Acusó que quienes laboran en esa institución los roban, “les cobran a nuestra gente por los trámites, cuando todo debe ser gratuito, pero al acudir el ejidatarios les aplican cobros de mil a mil 500 pesos, o dicen, el trámite les salen en 3 mil o a veces hasta más, en mi ejido, se tuvo conocimiento que para hacer un trámite de dominio pleno le cobraron hasta 50 mil pesos, le robaron sus documentos originales, no le regresaron los documentos, lo cual es injusto que lucren con la gente del campo, que nos dedicamos a trabajar”. La ejidataria calificó a esas dependencias federales como “un nido de ratas, y necesitamos limpiarlas, sacar a toda esa gente y tratar de concientizar a las que queden de que somos humanos y así nos deben de tratar, porque gracias a nosotros existen”. En los mismos términos se refirió Eliana Hernández Rodríguez, secretaria del Comisariado Ejidal del Ejido Pocitos y Cañamazo del municipio de Paso del Macho, quien denunció que ante estas irregularidades decidieron organizarse con la idea de defender a sus ejidatarias y posesionarios, porque al acudir a las dependencias federales solo reciben malos tratos y los visitadores en sus municipios les dicen que les cuesta tanto por realizar un trámite, además de solicitar se les cubra la gasolina, porque argumentan que no les pagan viáticos. Así las cosas.
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