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XALAPA.- Luego de que en febrero de 2022, los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron por unanimidad otorgar el amparo a residentes veracruzanos, quienes presentaron una demanda en contra del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, un mes después la Semarnat dejó insubsistentes las autorizaciones que se habían otorgado. Sin embargo, el pasado 30 de diciembre la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) volvió a autorizar de manera condicionada el proyecto, nuevamente de manera fragmentada. Por lo anterior, grupos ambientalistas exigieron que se realice una nueva evaluación del impacto ambiental de las obras de ampliación del puerto de Veracruz y que se anule la autorización para continuarlas. Javier Martínez Esponda, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explicó que el Libramiento Ferroviario, la zona logística norte, la nueva escollera y otras obras afectan el derecho al medio ambiente. Recordó que la legislación protege el entorno a través de las áreas naturales protegidas y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Pero en el caso de las obras del Puerto de Veracruz el proyecto se fraccionó en 14 partes perdiendo la posibilidad de ver de manera completa los riesgos acumulativos. "La ampliación se hizo en sitio Ramsar, es parte del Sistema Arrecifal y se prefirió sacrificar pese al derecho a un ambiente sano. Se tenía que volver a evaluar todo. No se contempló el trabajo de ciencia sobre los ecosistemas aunque es vital. Además el Sistema Arrecifal tienen capacidad de resiliencia alta, más que en el caribe, y aún así se sacrificó", aseguró. Dijo que se tenían que medir los Impactos en el sistema ambiental. “Es decir, la región de impacto desde Playa Muñecos, en Alto Lucero hasta los Tuxtlas. La evaluación tenía que ser terrestre y marina. Se dejaron fuera elementos como la piedra y arena con que se hacen las escolleras como la extraída de Balzapote y Alto Lucero”. Explicó que la Administración del Sistema Portuario Nacional busca que el proyecto se limite al Sistema Arrecifal, es decir, que lo que suceda en las dunas, canteras en Actopan y otros puntos queda fuera. "Hay revictimización y se volverá a violentar el derecho al medio ambiente sano. Lo que queremos es que no se permita que reinicien las obras. Que venga la opinión técnica internacional imparcial Ramsar. Que se corrija el procedimiento y que no continúe el proyecto". Agrupaciones como: Greenpeace México, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL), Gente Sustentable, A.C., Sendas, A.C. Y Pronatura Veracruz, A.C. solicitaron que se garantice el acceso a la información y la participación de la ciudadanía ya que el cumplimiento de esta sentencia es para el beneficio de todas y todos los veracruzanos. La intervención diplomática y técnica de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional. El pasado 23 de mayo residentes de Veracruz, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA) y académicos presentaron ante un juez federal un análisis de las actuaciones realizadas por las autoridades para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCIN) donde concluyeron que la nueva Autorización de impacto Ambiental otorgada por la autoridad federal ambiental al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz debe ser declarada nula y se debe ordenar que se someta nuevamente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), conforme ordenó la Corte. En conferencia de prensa realizada en el barco "Artic Sunrise de Greenpeace, el cual se encuentra atracado en el Puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Greenpeace México, el CEMDA y el Dr. Leonardo Ortiz, académico de la Universidad Veracruzana (UV), hicieron un llamado para que la Administración del Sistema Portuario de Veracruz, S.A. de C.V. (Asipona Veracruz) elabore una nueva Manifestación de Impacto Ambiental donde se incorporen todos y cada uno de los elementos del proyecto, y se valore realmente el riesgo ambiental utilizando una metodología adecuada, pertinente y que sirva para los fines que la sentencia busca cumplir. Que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), garantice los derechos de acceso a la información y participación de las personas en la toma de decisiones ambientales y que exija a la Asipona considerar los descubrimientos científicos asociados al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México' de por lo menos los últimos 10 años, allegándose de toda y la más actualizada información científica generada.
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