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La Jornada
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Ciudad de México.- La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el informe preliminar sobre el proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo para la revocación de mandato y su identificación en la Lista Nominal de Electores. Con corte al 19 de enero, se reportaron 3 millones 27 mil 845 registros válidos, que corresponden al 3.29 por ciento de lo requerido.
Asimismo, en 24 entidades de la República Mexicana se ha cumplido con el requisito del 3 por ciento de su Lista Nominal, lo que supera a las 17 que se requerían.
El presidente de la Comisión, Ciro Murayama, destacó que con estas cifras se puede afirmar que la revocación de mandato pasó de ser una probabilidad ser “un hecho cierto de realización segura e inaplazable”. Ante ello, aseguró que “el INE va a cumplir con su obligación constitucional de acercar casillas a la ciudadanía para que pueda participar en este ejercicio democrático”.
Sobre lo que sucederá con el resto de los apoyos recabados, René Miranda, director ejecutivo de la comisión, puntualizó que en el informe se establecen las razones para proponer en el Consejero General del instituto “la necesidad de continuar con la verificación, cuantificación, captura y compulsa de la totalidad de las firmas recibidas”, y con ello “honrar la voluntad ciudadana” de quienes participaron.
A petición del consejero Uuc-kib Espadas y la consejera Carla Humphrey, quienes manifestaron su preocupación sobre los recursos que se requieren para realizar estas actividades, dado el “estrangulamiento económico” y por que no se tiene todavía la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para saber si habría más presupuesto, Miranda explicó que el costo establecido para la totalidad de la revisión de lo faltante es de 6.3 millones y a finales de febrero estarían en posibilidades de concluir con ello.
“En esta valoración se deberá considerar que la conclusión de la primera revisión de un poco de más de 3 millones de firmas de apoyo y la segunda revisión de más de 7 millones de registros requeriría dar continuidad a las actividades hasta finales de febrero de este año por lo que sería necesario autorizar por la Junta General Ejecutiva los recursos adicionales para atender dicha actividad”, dijo.
Entre las actividades que están en desarrollo o por iniciar, se encuentra la revisión muestral, la celebración de audiencias sobre firmas no válidas e inconsistenciaa y la integración final del informe final de los resultados.
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