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Ante posibilidad de ser citada a comparecer ante el Senado, acepta FGE recomendación de CNDH; ¿no que no?.
Miércoles 12 de Enero de 2022
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Ante la posibilidad de ser citada a comparecer ante el Senado de la República – y quedar a merced del temible senador de Morena Ricardo Monreal – e incluso de ser denunciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscal General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, aceptó casi al finalizar el plazo otorgado, la recomendación 146/ 2021 del organismo autónomo, que documentó violaciones a la detención de seis jóvenes xalapaños acusados del presunto delito de ultrajes a la autoridad. Hernández Giadáns informó que además de aceptarla se iniciaron acciones inmediatas tendientes al total cumplimiento de la recomendación emitida el pasado mes de diciembre. Ya encarrerada, la titular de la Fiscalía dijo que tiene “el deber de ser garante de la legalidad y el respeto a los derechos humanos por lo que, en congruencia con la defensa de los mismos, de manera proactiva dio cumplimiento a los puntos recomendatorios, como un acto de coherencia para subsanar las irregularidades señaladas en la referida recomendación”. Al respecto, habría que recordar que la CNDH emitió en diciembre una recomendación al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez al comprobar la violación de derechos humanos y fabricación del delito de ultrajes a la autoridad en contra de seis jóvenes, los cuales fueron defendidos por el senador Ricardo Monreal y que derivó en una confrontación con autoridades estatales. Además, el organismo autónomo pidió al mandatario estatal derogar las recientes reformas legales, aprobadas por la mayoría de diputados morenistas, mediante las cuales aprobaron el delito de ultrajes a la autoridad al considerar que violenta los derechos humanos de los ciudadanos. Es así que la CNDH determinó que hubo violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Ante ello, Hernández Giadáns dijo que la institución que encabeza “continuará promoviendo entre su personal el irrestricto respeto a los derechos humanos y seguirá exigiendo que las y los servidores públicos actúen con la misma obligación hacia todas las personas”. En ese tenor, anunció que procederá contra los fiscales que actuaron en el caso de los seis jóvenes procesados injustamente por el delito de ultrajes a la autoridad, aunque hay quienes se preguntan si en este caso los fiscales actuaron solos. Como fuera, la Fiscal señaló que se dará "cumplimiento total" a la recomendación 146 /2021, misma que también marca denunciar penalmente a siete policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). "La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que ha aceptado y realizado las acciones inmediatas tendientes al total cumplimiento de la recomendación 146/2021 emitida en el mes de diciembre del año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con motivo de la detención de seis jóvenes en la ciudad de Xalapa", informó. La recomendación insta a Hernández Giadáns a colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la queja que la CNDH presente en la Contraloría General de la Fiscalía en contra de los dos fiscales y demás personas servidoras públicas de la Fiscalía involucradas. Además, la titular de la FGE deberá colaborar ampliamente con la autoridad investigadora en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la CNDH presente en contra de la propia Fiscalía, en contra de los dos fiscales y demás personas servidoras públicas de la FGE involucradas. En su recomendación, el organismo autónomo determinó que hay evidencias suficientes para establecer que en el caso hubo violación al derecho humano y de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, por parte de los dos fiscales, así como de los siete policías que detuvieron a los jóvenes. "(...) al no existir una valoración objetiva de las evidencias expuestas en la presente resolución, contenidas en el Proceso Penal 1, a pesar de las pruebas concretas, reiteradas, ratificadas y contundentes que demuestran, más allá de cualquier duda, que el oficio de puesta a disposición de los elementos de la SSPV se apartó de la verdad; lo cual, además, resulta en una flagrante imputación indebida de hechos; no obstante, AR8 y AR9 desde la audiencia del 11 de septiembre de 2021 mantuvieron la misma actitud contraria a la normatividad arriba expuesta y, en consecuencia, continuaron violentando los derechos humanos de V1, V2, V3, V4, V5 y V6". La Fiscalía también deberá trabajar en coordinación con el gobernador, Cuitláhuac García y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, para que procedan a la reparación del daño de las seis víctimas "a través de una compensación justa y suficiente", además de inscribirlas en el registro estatal en la materia. Igualmente, en coordinación con las autoridades mencionadas, la Fiscalía deberá otorgar la atención médica y psicológica que requieran los jóvenes, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado, atendiendo a sus edades y necesidades específicas, y proveerles de los medicamentos convenientes a su situación. "La atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y accesible; hecho lo anterior se envíen a esta Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento". Por último, la Fiscalía deberá diseñar e impartir dentro del plazo de tres meses contados a partir de la aceptación de la Recomendación, un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, en la vertiente de acceso a la justicia, dirigido a los dos fiscales y el resto de personal que hayan participado en los hechos, aunque hay quienes dicen que de una vez lo hagan obligatorio para todos, comenzando por la titular y sus jefes. También se deberá designar a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que fungirá como enlace con la CNDH, para dar seguimiento al cumplimiento. Así las cosas.

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