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XALAPA.- Aunque no especificó el nombre de el o los propietarios para ponerle Pancho al niño, el secretario de Medio Ambiente del gobierno estatal, Juan Carlos Contreras Bautista, acusó que un juez federal favoreció la construcción de este proyecto sin importar que incumple con la normativa, incurriendo en conflicto de intereses debido a su parentesco con los encargados de la construcción de la Torre Centro en el puerto de Veracruz. El funcionario también señaló que las omisiones al interior de la dependencia para permitir la obra están siendo investigadas por el Órgano Interno de Control; sin embargo, dijo que ahora dependerá de los tribunales federales determinar si el proyecto debe concluirse. "Es importante aclarar que el juez que determinó, que da la pauta a este proceso de la Secretaría era el tío del interesado; es por eso por lo que nos genera una desigualdad de condiciones al haber conflicto de intereses”. Refirió que, en efecto, el procedimiento de evaluación de la manifestación de cambio ambiental nunca se llevó a cabo, “fue una opinión para lo cual también ya se determinó en esta Secretaría y a través de la Procuraduría de Medio Ambiente poner a disposición toda la documental a través del órgano interno de control para el seguimiento a las denuncias a los funcionarios que metieron este documento, faltando así a la reglamentación para la Ley estatal de Protección al Medio Ambiente", sostuvo. Al comparecer ante el Congreso del Estado, Contreras Bautista insistió en que esta obra no contaba con una "opinión de improcedencia de evaluación en materia de impacto ambiental"; no obstante, luego de una denuncia ciudadana y conforme las facultades que otorga el artículo 18 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, dijo que se procedió a hacer una revisión oficiosa del expediente y del documento expedido por la Sedema. "Se consideró que los servidores públicos en funciones al momento de emitir la opinión de improcedencia de la evaluación de impacto ambiental no atendieron a los expresamente circulado por la norma". Criticó que el juez federal que otorgó la suspensión se encontraba impedido para conocer del asunto, debido a la línea de parentesco que lo une al quejoso, de quien además adquirió el inmueble. "Excusándose no sin antes haber concedido la medida cautelar a efectos de que se retiraran los sellos de la clausura favoreciendo el interés económico de un particular por encima del interés público al medio ambiente sano, y de la obligación del Estado de dar protección a dicho derecho humano fundamental”. Por lo anterior, el titular de la Sedema dijo que serán los tribunales quienes se encargarán de determinar el mejor derecho, debiendo tomar en cuenta no sólo el interés particular sino el interés de la sociedad, “de este derecho humano al medio ambiente y el de los particulares que se han visto afectados con la obra y que están resintiendo daño de su patrimonio". Y es que, recordó que el proyecto también fue señalado por un particular que colinda con la obra, quien promovió un juicio contencioso administrativo. "Por lo que de igual manera serán los tribunales los que determinarán lo que en derecho proceda, por lo que esta Secretaría estará a lo que mandate el juez federal como el Tribunal de Justicia Administrativa". Por otro lado, el funcionario estatal afirmó con relación a la labor de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, PMA, que se realizaron 240 recorridos de vigilancia en 70 municipios, con la apertura de 362 expedientes. Además, se captaron y atendieron denuncias, de acuerdo a la materia o territorio en que se dieron los hechos, teniendo como resultado 205 clausuras en 60 municipios. Así las cosas.
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