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XALAPA.-
Los ataques, la descalificación, “y hoy la amenaza, por cierto, cumplida”, de graves restricciones, e incluso asfixia presupuestadas a los órganos de control del poder, a las instancias de control del poder como las que provienen desde la sociedad civil, en lo único que abonan es a crear un terreno fecundo para que germinen prácticas autocráticas y, por ello, inevitablemente corruptas, asegura el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello. En su participación en el 10 Seminario Internacional Corrupción y Política en América Latina que organiza la Red por la Rendición Cuentas, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora alertó sobre el contexto en que se está proponiendo una reforma electoral, porque “se corre el riesgo de que tumbemos lo que se ha construido”. Sin embargo, Otálora aseguró que si se tiene que hacer una reforma electoral debe fortalecer las capacidades de fiscalización del INE, dándole una verdadera autoridad para que todas las autoridades bancarias rindan cuentas en períodos breves. En su momento, el consejero Ciro Murayama sostuvo que es fundamental para alejar los peligros que enfrentan en el mundo las democracias, preservar la autonomía de la autoridad electoral, y en ese sentido subrayó que es necesario fortalecer las capacidades fiscalizadoras del INE, pues aún se realiza un verificación insuficiente, en gran parte porque la “contabilidad B” no es auditada, y existen muchas complicaciones para auditar las finanzas para evitar transferencias de recursos de gobiernos municipales o estatales a los partidos. Córdova Vianello recordó que el problema de la corrupción está muy arraigado en México y ha logrado prevalecer a pesar de la alternancia en el ejecutivo federal desde 2000. “Acabar con la corrupción fue la principal promesa de la campaña de quien resultó ganador en dichas elecciones. Una de las principales ofertas del gobierno, pero aún no puede considerarse, ni de lejos, como una propuesta cumplida”. El consejero presidente subraya que “el problema de la corrupción no lo va a resolver, en consecuencia, solamente el gobierno o una sola fuerza política. Para desterrar este mal de nuestra vida pública será necesario que nos involucremos todas y todos, las instituciones del Estado, los tres Poderes de la Unión, los organismos autónomos constitucionales, la sociedad civil y, desde luego, la academia”.
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