|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el año pasado que se reabriera el caso de la indígena veracruzana Ernestina Ascencio – originaria del municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, quien murió presuntamente a consecuencia de una violación múltiple - trascendió que estaría por salir una recomendación que, por un lado, confirmaría la decisión anterior de exculpar al Ejército, pero a cambio, cuestionaría la actuación del ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, y particularmente, el papel del fiscal del caso Juan Alatriste, así como del expresidente Felipe Calderón, el villano favorito del régimen. Habría que recordar que el pasado 10 de diciembre, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, descalificó la posición sostenida por la representación del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, ya que acusó que era la misma del gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con Encinas, el ex presidente hizo prevalecer la versión de que Ernestina murió de gastritis crónica. “Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el (actual) gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos y no representa las instrucciones que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos ha dado para atender estos asuntos”. Por lo anterior, el Subsecretario adelantó que “la Fiscalía de Justicia de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación”. De paso, prometió que el 3 de diciembre de ese año (2020) se le presentaría a la CIDH un informe encaminado a “resolver de fondo este hecho y a garantizar justicia y la reparación integral del daño”. De este modo Encinas se deslindó de la versión impuesta por Calderón, mediante la cual exculpó a miembros del Ejército que presuntamente violaron y causaron la muerte de la indígena de 73 años. En ese sentido, se dijo que para imponer su versión, Felipe Calderón se valió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entonces a cargo de José Luis Soberanes, que desechó los señalamientos contra cuatro soldados de ser los agresores de la víctima. De acuerdo con la revista Proceso, en su edición del 2 de enero de 2021, las maniobras de los gobiernos de Calderón y de Veracruz para encubrir al Ejército fueron entonces documentadas por la corresponsal de Proceso Regina Martínez, quien fue ultimada en abril de 2012. “Tan pronto ocurrió el homicidio de Ascencio, este semanario estuvo en la olvidada comunidad náhuatl de Tetlatzinga, perteneciente al municipio de Soledad Atzompa, en plena Sierra de Zongolica, donde vivía la víctima. Ahí se recogieron los relatos de sus hijos Martha Inés y Francisco, así como de otros testigos que la vieron morir y señalaron a los militares”. La revista señaló que Martha explicó “que todavía alcanzó a encontrar consciente a su madre en un paraje cubierto de hojarasca, y Ernestina le reveló con mucho esfuerzo: “Fueron los soldados, m’ija. Los soldados me golpearon, me amarraron y me taparon la boca. Traían sus cartucheras repletas de balas”. Y reitera: “Otro testigo, Marcos Rojas Hernández, expuso que alcanzó a ver a “dos militares” moviéndose entre la maleza cerca del lugar de los hechos. Nadie dudaba –dijo– de que fueron los soldados, pues era imposible que alguien ajeno a la comunidad lograra penetrar el férreo cerco militar para violar a una anciana”. Señaló que a Ernestina la llevaron aún con vida al Hospital Regional de Río Blanco, donde murió la madrugada del 26 de febrero de 2007. “El dictamen médico pericial reveló que sufrió violación por la “vía anal y por la vía vaginal”, así como “fractura de cráneo y fractura de costillas” (Proceso 1584). Sin embargo, José Luis Soberanes descalificó la autopsia realizada por los médicos legistas de la Procuraduría de Veracruz, a la que calificaba como “totalmente irregular” y realizada con “negligencia y dejadez”. Esta dependencia, finalmente se plegó a la CNDH, y suspendió a los tres peritos que hicieron la autopsia a Ernestina: Juan Pablo Mendizábal Pérez, María Catalina Rodríguez Rosas e Ignacio Gutiérrez Vázquez, aunque el primero nunca se dejó doblegar, pues desde entonces ha sostenido que Ernestina fue violada y golpeada, tal y como lo dejó asentado en su necropsia. “No dudaré en defenderme de las declaraciones que han descalificado mi trabajo como médico legista”, le dijo en abril de 2007 a la corresponsal Regina Martínez (Proceso 1588). Incluso, el 30 de abril de ese año, el fiscal del caso, Juan Alatriste Gómez, aseguró que la muerte de Ascencio: “No es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo”. Hoy, la 4T estaría tras los pasos de Soberanes y Alatriste.
|
