De Veracruz al mundo
Centro Prodh entrega a Segob recomendaciones para casos de sobrevivientes de tortura.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Prodh) propuso que los dictámenes basados en Protocolo de Estambul no sean la única prueba a considerar
Martes 10 de Agosto de 2021
Por: Excelsior
Ciudad de México.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Prodh) entregó este martes a la Secretaria de Gobernación una propuesta de recomendaciones para hacer efectivo el decreto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en favor de la población privada de su libertad por delitos del fuero federal sin sentencia, torturada y adulta mayor en casos particulares.

En un escrito dirigido a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas, el organismo sugiere que para que las medidas anunciadas en casos de personas víctimas de tortura sean efectivas, “los dictámenes basados en Protocolo de Estambul no sean la única prueba a considerar”, en primer lugar.

Además, “que no se excluyan de la medida casos probados solo en razón del delito imputado”.

En tercer lugar, “que se impulse a las entidades a adoptar medidas similares”, y “que se incorpore asistencia técnica internacional”.

Adicionalmente, el Centro Pro de Derechos Humanos pide que “las liberaciones comiencen en los casos de mujeres sobrevivientes de tortura sexual que hemos documentado organizaciones civiles”.

La semana pasada en Palacio Nacional, el presidente instruyó a la secretaria Olga Sánchez Cordero a elaborar un decreto que brinde beneficios directos a personas privadas de su libertad que cumplan distintos requisitos, entre ellos que no estén encarcelados por delitos graves.

En los casos que aplicaría la libertad, sería para las personas que no hayan recibido sentencia después de 10 años, siempre y cuando no hayan cometido delitos graves y que no estén acusados por delitos de sangre; y para quienes se compruebe con el Protocolo de Estambul que sufrieron tortura.

También contempla prisión domiciliaria para personas adultas mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves; mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas.

Al respecto, la secretaria Sánchez Cordero, señaló que la población no sentenciada por delitos del fuero federal asciende a 12 mil 358 personas (13 por ciento del total de 94 mil 547 no sentenciadas en el país).

Para el caso de las personas con alguna enfermedad crónica se solicitará a la Secretaría de Salud realizar los diagnósticos correspondientes. Asimismo, se proyecta que el plazo de liberación no será mayor al 15 de septiembre próximo.

La Secretaria de Gobernación se comprometió a tener listo el decreto para firma del presidente esta semana y su entrada en vigor al día siguiente.



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