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.- Veintisiete años después del genocidio que cimbró al País el 23 de Marzo de 1994 en Lomas Taurinas, con el asesinado del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta y la detención del asesino Mario Aburto Martínez que desde entonces permanece encarcelado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (que obedeces estrictamente instrucciones del titular del Ejecutivo Federal), le solicitó al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) que dicte medidas cautelares a favor de Mario Aburto, para que se salvaguarde su derecho a la vida, la seguridad y la integridad, y que sea trasladado a un penal cercano a donde vive su familia. En un pronunciamiento, el organismo autónomo explicó que Aburto señaló a través de uno de sus hermanos que en el Centro Federal de Readaptación Social N° 12, ubicado en Guanajuato, “no le proporcionan alimentos, ni atención médica”, por lo cual se encuentra “muy débil”. Al entrevistarse con personal de la CNDH, Aburto manifestó, entre otras cuestiones, que en la cárcel donde se encuentra “no hay separación entre procesados y sentenciados”, y que un interno trató de “echarle a la población encima por las propias situaciones políticas descritas que lo señalan”. En ese marco, Aburto Martínez solicitó la intervención de la CNDH y denunció que padece de tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, además de que no le brindan la atención médica que requiere. Por todo lo anterior, la Comisión le pidió al OADPRS que Aburto no sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tenga derecho a comunicarse con el mundo exterior, especialmente con sus familias, y se le conceda “en la medida de lo posible” la petición de ser encarcelado en un centro cercano a su domicilio.
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