De Veracruz al mundo
Ocho ministros se posicionan contra la Ley Bonilla: “Fraude electoral”, dice Zaldívar.
La oposición, CNDH y el INE habían urgido a los ministros del máximo Tribunal de México invalidar la reforma local que amplió el mandato del morenista después de que se llevaran a cabo las elecciones
Lunes 11 de Mayo de 2020
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Foto: Cuartoscuro .
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Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se posicionaron este lunes contra la llamada “Ley Bonilla” con la cual se había ampliado el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

Los ministros, que ya son los necesarios para echar abajo la reforma a la Constitución de Baja California que permitía la ampliación del periodo del gobernado, fueron muy críticos en su análisis de la reforma que invalidaron.

Los magistrados que han tomado la palabra en la reunión remota del Pleno calificaron la “Ley Bonilla” como un “fraude a la Constitución” y un “atentado contra los principios democráticos”. “Es una maquinación donde se pretendió violar la voluntad popular”, señaló en su intervención Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.

Para la declaratoria de inconstitucionalidad se necesitan ocho votos en favor del proyecto, ya que se trata de una acción de inconstitucionalidad. Fueron los partidos de la oposición, incluidos el PAN (Partido Acción Nacional), PRD (Partido de la Revolución Democrática), PRI (Partido Revolucionario Institucional) y MC (Movimiento Ciudadano) quienes promovieron ante la Corte estas acciones.


Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE) también promovieron sus propias acciones de inconstitucionalidad demandando la invalidez del artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California.

Este apartado fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad en octubre de 2019, cuatro meses después del triunfo electoral de Bonilla y apenas unos días antes de su toma de protesta, que encabezó las boletas por parte de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El artículo en cuestión oficializó un decreto aprobado en septiembre de 2014 en el cual se modificó el mandato del próximo gobernador para que, en lugar de gobernar entre 2019 y 2021, se extendiera el plazo para que gobernara de 2019 a 2024 y empatar las elecciones del gobernador con las del presidente de México.

Sin embargo, el cambio se aprobó en el Congreso local de Baja California en julio de 2019, un mes después de las elecciones, por lo que Bonilla pretendía gobernar por un periodo de cinco años cuando fue elegido, de acuerdo con la ley vigente el día de las elecciones, para un periodo de dos años.

La movida fue ampliamente criticada por la oposición y por organizaciones de la sociedad civil, así como el sector privado, que señalaron una falta grave intentar ampliar el mandato de un funcionario electo por un tiempo determinado. La decisión de la Suprema Corte reafirmó lo dicho por el INE y por el Tribunal Electoral: el gobierno de Bonilla durará dos años, hasta 2021.

Incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en su momento acudió a la toma de protesta de Bonilla, aseguró que la “Ley Bonilla” estaba en “entredicho Constitucional”, a pesar de que días antes se le había escuchado decir en un video filtrado que la ampliación del mandato del gobernador morenista era “legal”.

Ahora, el INE deberá convocar y organizar las elecciones locales para gobernador en Baja California en 2021, ya que con la decisión de la Corte, Bonilla finalizará su gobierno en octubre de dicho año. Sin embargo, el equipo legal de Bonilla había asegurado que si la SCJN tomaba la decisión de invalidar la “Ley Bonilla”, se tendrían que llamar a elecciones inmediatamente.

El argumento usado fue que, al tomar protesta por cinco años, la decisión de la Corte invalidaría su mandato, por lo que el gobierno de Baja California quedaría acéfalo y se necesitarían unos comicios especiales para determinar a un nuevo mandatario local.

Y es que, octubre del año pasado, el ministro González Salas rechazó frenar la toma de protesta de Bonilla como mandatario de Baja California. Sin embargo, puntualizó que el hecho de que asumiera sus funciones no significaba que quedarían sin materia las acciones de inconstitucionalidad impuestas en su contra y es por ello que este proceso continuó hasta llegar al Pleno de la Corte este lunes.

En diciembre de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había considerado inconstitucional la “Ley Bonilla" de manera unánime, de acuerdo a la opinión constitucional que la máxima autoridad electoral emitió a solicitud de la Suprema Corte.

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