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| Mariano Rajoy comparece ante el Tribunal Supremo. | ||||||
| En la octava jornada del juicio contra el independentismo catalán, y después de que ya testificaron ante la Sala los doce acusados de los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, inició la fase de prestación de declaración a los testigos. | ||||||
| Miércoles 27 de Febrero de 2019 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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En la octava jornada del juicio contra el independentismo catalán, y después de que ya testificaron ante la Sala los doce acusados de los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, inició la fase de prestación de declaración a los testigos. En total serán más de 500 personas las que tendrán que acudir a la sede madrileña para responder a las preguntas de las acusaciones, la Fiscalía, la abogacía del Estado y de las defensas. La legislación española obliga a los testigos a responder a todas las cuestiones que les inquieran los abogados, una vez que no comparecen en calidad de imputados. La sesión tenía sobre todo tres figuras de relevancia, tanto por sus cargos durante los días más turbulentos de la crisis como por su responsabilidad en las acciones legales y administrativas que se adoptaron desde el gobierno español a raíz de la declaración unilateral de independencia impulsada por el gobierno catalán y los partidos políticos independentistas. Entre ellos tres cargos públicas de la más alta envergadura: el ex presidente del gobierno, Rajoy, la ex vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ex ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien era el responsable de fiscalizar las cuentas públicas de la Generalitat de Cataluña para evitar que se destinaron fondos a la celebración del referendo y del proceso de secesión. Rajoy, que respondió durante más de una hora y media a las preguntas de la sala, explicó que durante su gobierno intentó tender puentes con el separatismo y el gobierno catalán, pero que sólo puso como condición que “ni se intentara vulnerar la legalidad ni poner en cuestión la soberanía del país”. A partir de esa línea rojo se fue acrecentando la distancia entre ambas administraciones, primero con el ex presidente Artur Mas -que dejó el cargo de diciembre del 2010 a enero del 2016, y después con Puigdemont, con quien finalmente se rompieron todos los cauces de diálogo. Rajoy reconoció que en los días previos y posteriores al referendo del 1 de octubre se vivió una “situación de excepcionalidad” en Cataluña, que en ocasiones derivó en situaciones de violencia tanto contra ciudadanos catalanes como contra policías españoles que, según el ex mandatario, sufrieron “acoso y persecución”. Rajoy relató que su gobierno y él mismo advirtieron en hasta cuatro ocasiones al gobierno de Puigdemont de las consecuencias penales y administrativas si persistían en su estrategia de declarar la independencia unilateral y ordenar la entrada en vigor de las leyes de transitoriedad y desconexión que habían aprobado un mes antes en el Parlamento regional. Y que pese a esos señalamientos, el independentismo continuó con su estrategia hasta el final, por lo que se vio “obligado” a aplicar la suspensión de la autonomía y a emprender acciones legales contra ellos. En términos similares testificó la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría, quien además añadió que sí se registraron acciones violentas contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Ante cualquier actuación judicial que se llevaba a cabo, como registros en domicilios o naves, se producían aglomeraciones con imágenes de naturaleza violenta. Todo el mundo vio las imágenes de actuaciones violentas. Yo sé lo que es vivir un escrache. Y aquello no lo fue. Fue un acoso violento”, advirtió. El ex ministro de Hacienda, Montoro, confirmó el control de las cuentas públicas del gobierno autonómico para evitar que se destinaran fondos públicos para la celebración del referendo, sin embargo reconoció que tuvieron que iniciar acciones penales ante la sospecha de que se habían superado los controles aplicados. En la sesión también testificaron el vocero del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados de Madrid, Joan Tardá, la ex presidenta de Parlamento catalán, Nuria de Gispert, y los ex diputados de la Candidatura de Unitat Popular (CUP), Antonio Baños y Eulália Ferrer, que se negaron a contestar a las preguntas de acusación popular por estar integrada por el partido de extrema derecha Vox. El presidente de la Sala, Manuel Marchena, les advirtió que se podría abrir un expediente en su contra por negarse a declarar. |
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