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| Ordenan a PGR dar versión pública de averiguación por caso Tlatlaya. | ||||||
| Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que los organismos garantes de transparencia, como el INAI, deben asumirse como corresponsables de los procesos de justicia transicional. | ||||||
| Martes 18 de Diciembre de 2018 | ||||||
| Por: jornada.unam.mx | ||||||
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Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que los organismos garantes de transparencia, como el INAI, deben asumirse como corresponsables de los procesos de justicia transicional. “Debemos ejercer nuestras atribuciones para garantizar la disponibilidad de información pública para que tanto autoridades como población estén informados, tengan un lenguaje común, confíen entre ellos y muestren disposición para sentarse a la mesa de diálogo a pesar de las tensiones y antagonismos. El Inai debe resolver cuando un sujeto obligado de la administración pública federal, como en este caso que expongo, interpretan erróneamente la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos”, enfatizó. Una particular solicitó las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. En respuesta, la PGR puso a disposición, previo pago de costos de reproducción, la versión pública de la averiguación previa del caso, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH. En dicha versión, se testaría la información de personal sustantivo de la PGR; la información que es parte de las investigaciones vinculadas, generada por diversas unidades administrativas, así como los datos personales de personas físicas. La particular se inconformó con la respuesta de la PGR y presentó recurso de revisión ante el Inai en contra de la reserva y la confidencialidad de los diversos datos aludidos. En alegatos, la PGR reiteró su respuesta original. En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Salas Suárez, se determinó que no le resultaba aplicable ninguna causal de reserva, toda vez que la averiguación previa y expediente de seguimiento del caso Tlatlaya, es información relacionada con violaciones graves de derechos humanos, y solo se actualizaba la confidencialidad de los nombres y firmas de personas físicas. Por lo anterior, el Pleno del Inai, por unanimidad, instruyó a la PGR modificar su respuesta y dar a conocer la versión pública de la averiguación previa sobre el caso Tlatlaya SEIDO/UEITA/174BIS/14, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH, en los que únicamente se podrán testar nombre y firma correspondientes a testigos, víctimas, ofendidos, imputados asesores jurídicos y peritos. Por el contrario, deberá dar nombre, firma y cargo de los servidores públicos a quienes se le siguieron procedimientos penales administrativos en su contra, derivados o no de la recomendación de la CNDH, y que ya fueron resueltos de manera firme, es decir, con sanción administrativa o penal. |
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