Cuesta corrupción más que estancias infantiles y comedores comunitarios

viernes 17 de mayo de 2024

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Cuesta corrupción más que estancias infantiles y comedores comunitarios.

Sin embargo, destaca el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), “la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de esta”.

Jueves 06 de Diciembre de 2018

Por: jornada.unam.mx

Foto: Cuartoscuro .

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Ciudad de México.- La corrupción durante 2017 costó a los mexicanos siete mil 218 millones de pesos, cantidad superior al presupuesto federal de tres programas de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Bienestar: las estancias infantiles, los comedores comunitarios y el programa de coinversión social —que se lleva de la mano con asociaciones civiles para el combate a la pobreza—, los cuáles en conjunto contaron con una bolsa de siete mil 146 millones de pesos en el mismo año.

Sin embargo, destaca el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), “la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de esta”. Durante 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno y más de la mitad de la población adulta considera que es uno de los principales problemas que enfrenta el país, sólo por debajo del tema de inseguridad y la delincuencia.

Alrededor de 14.6 por ciento de la población adulta en contacto con algún servidor público durante 2017 experimentó algún acto de corrupción, mientras en la misma situación se vieron 5.4 por ciento del total de los establecimientos. De 2013 en el que se tiene registro que 3.6 millones de personas fueron afectadas por la corrupción al tener contacto con un servidor público brincó a 5.2 millones durante 2017, de acuerdo con los datos de Inegi.

“En 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 mil 541 delitos por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos) fue incluso mayor que la incidencia delictiva de robo en calle o transporte público (11 081 delitos por cada cien mil habitantes)”, destalló el Instituto.

A pesar de este avance, es un delito que se denuncia poco, menos del cinco por ciento de quienes se ven afectados por esta práctica presentaron una queja el año pasado. Esto se debe a que 8 de cada 10 mexicanos consideraron que presentar una denuncia es una pérdida de tiempo porque las autoridades son “juez y parte”, el resto no lo hizo porque se benefició del acto o bien porque que es algo común.

El Inegi explica que a pesar de es un fenómeno extendido en todo el país, la Ciudad de México es la entidad que registró la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1 por ciento de quienes tuvieron contacto con alguna autoridad o servidor público; y de 2013 a la fecha en Sonora, Guerrero y Aguascalientes se presentó un deterioro más pronunciado en los niveles de corrupción.

Para las empresas, el mayor avance en materia de corrupción con respecto a 2013, se vio en San Luis Potosí, la Ciudad de México y Querétaro, a diferencia de entidades como Guanajuato, Yucatán, Baja California y Puebla que tuvieron las mayores reducciones en el indicador.

Si bien desde mayo de 2015 se instaló el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con el objetivo de erradicar esta práctica a través de la coordinación de los tres niveles de gobierno, no se ha hecho por implementar la legislación que lo acompaña. Al cierre de 2017, 14 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en sus procesos de trabajo; 15 estados lo habían implementado parcialmente.

En este marco, la directora general de Accupeople Inteligencia Laboral, Fernanda Zenizo López, consideró que transitar de la situación actual a una nueva política de no tolerancia a la corrupción, eje de la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevará tiempo y requiere de involucrar a la sociedad para que se respete la ley, pero también advertir “crudamente sobre las consecuencias de no cumplir”.

“Si no se corta el problema de raíz y si no hay consecuencias para los corruptos, de nada servirán las buenas intenciones (…) No se trata de mostrar cabezas en una plaza, pero sí de aplicar desde el principio la rigidez y el irrestricto respeto por la legalidad y el estado de derecho. De lo contrario el esfuerzo corre el riesgo de fracasar”, comentó Zenizo López en una comunicación.