| Visitas: |
|
| Plantean senadores priístas tipificar cobro de piso como extorsión. | ||||||
| Ese delito, destacó el senador priísta Manuel Añorve, lo sufren desde los comercios más pequeños, hasta las empresas trasnacionales, pasando por MiPyMes, éstas últimas, son las que más empleos generan en el país. | ||||||
| Viernes 02 de Noviembre de 2018 | ||||||
| Por: jornada.unam.mx | ||||||
 |
||||||
Ese delito, destacó el senador priísta Manuel Añorve, lo sufren desde los comercios más pequeños, hasta las empresas trasnacionales, pasando por MiPyMes, éstas últimas, son las que más empleos generan en el país. Resaltó que de acuerdo con cifras oficiales, en las 32 entidades federativas se han presentado denuncias por el delito de extorsión, sin embargo, en una decena de ellas se concentra el 92 por ciento de todas las denuncias: estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos y Jalisco. En el documento Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y oportunidades, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, refirió, se señala que el cobro de piso se convierte en un impuesto fijo o incluso hay ocasiones en que los extorsionadores pueden cobrar una tarifa o cuota variable que genera un sistema de tributación paralelo al del Estado. Añorve señaló que ese flagelo, además de minar el desarrollo económico, también tiene un impacto sicológico comparable con el secuestro, puesto que, de hecho, las víctimas se encuentran en un estado continuo de incertidumbre e indefensión, sufriendo amenazas constantes y, en algunos casos, violencia en su contra. De igual forma, enfatizó que ese delito afecta el desarrollo social de las comunidades en donde ocurre, puesto que se inhibe la instalación de nuevos negocios y, por tanto, la creación de nuevos empleos en la zona; más aún, el cierre obligado de los comercios que se ven extorsionados repercute en el aumento de la pobreza y la proliferación de la delincuencia común. Ante ello, el priísta propuso impulsar un cambio legal para comenzar a revertir ese círculo vicioso, “endureciendo las penas” para los que cometen ese delito de transgresiones y clasificando el delito de extorsión como uno de delincuencia organizada, cuando sea cometido por tres o más personas de manera organizada. Por un lado, al aumentar las penas previstas para los que cometen extorsión en contra de empresarios y sus empresas, se inhibirá el aumento de la incidencia de ese delito, mientras que clasificarlo como delincuencia organizada, cuando participen tres o más, significará que se pueda aplicar la prisión preventiva en este caso. Para ello, propuso reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, para aumentar hasta en un tanto más las penas aplicables al delito de extorsión, que tiene una sanción de dos a ocho años de cárcel. Asimismo planteó modificar los artículos 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para agregar la extorsión al catálogo de delitos que se castigarán como delincuencia organizada, logrando además la prisión preventiva. |
||||||
|
|
||||||
Nos interesa tu opinión |
||||||
|
||||||
| > Directorio > Quiénes somos |
| ® Gobernantes.com Derechos Reservados 2016 |