MEMORANDUM 1.- A cinco días de concluir la administración municipal iniciada por Ricardo Ahued, actual secretario de Gobierno, y que cierra Alberto Islas, el balance de la gestión saliente en Xalapa, capital del estado, resulta positivo y está respaldado en datos: una inversión histórica en obra pública y equipamiento urbano, finanzas ordenadas, sin subejercicios y una administración sin escándalos que comprometan la estabilidad del Ayuntamiento. Lo cierto es que, en tiempos de gobiernos municipales observados y cuestionados, Xalapa cierra con cuentas claras y recibe a un nuevo gobierno con una realidad ineludible: una ciudad estable y la vara alta. A lo anterior se suma una relación institucional sólida con los gobiernos federal y estatal, así como con los distintos sectores sociales de la ciudad. Académicos, empresarios, organizaciones civiles y vecinos encontraron interlocución en un gobierno que entendió la complejidad política de la capital. En ese tenor, el desempeño de Ricardo Ahued y Alberto Islas también se reflejó en la percepción pública. Ambos alcaldes se posicionaron en rankings y encuestas nacionales dentro del grupo de los mejor evaluados, un parámetro relevante de cercanía, desempeño e imagen institucional que hoy forma parte del contexto político de la ciudad. En este escenario, quienes llegan con Daniela Griego enfrentan un reto mayor. No reciben una administración colapsada, sino una ciudad con estabilidad, datos, cifras y confianza social. El desafío no será corregir el desorden, sino sostener el nivel y evitar retrocesos. Ahued e Islas cumplieron. Ahora, el mensaje es claro para el nuevo equipo: Xalapa no perdona la improvisación y la ciudadanía medirá con rigor cada decisión. Porque la capital del estado no es un municipio más. Es la capital del estado, sede de los poderes públicos del estado, de universidades que forman opinión y de sectores académicos y empresariales críticos, informados y con alta exigencia política y cultural.

26 de Diciembre de 2025 / 22:44:17

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MEMORANDUM 2.- Tal como lo anunció hace algunas semanas, la gobernadora Rocío Nahle García informó que el gobierno estatal intervendrá a la fundación que administra los pagos al personal de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), luego de que una auditoría reveló opacidad y posible triangulación de recursos por parte de ese organismo. La mandataria estatal explicó que la auditoría detectó irregularidades en el manejo de recursos por parte de la fundación encargada de dispersar los pagos al personal docente y administrativo de la UPAV. Señaló que, pese a contar con recursos, la fundación habría omitido el pago de bonos y salarios, por lo que se convocó a una reunión con el Órgano Interno de Control, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Coordinación de Educación para intervenir el organismo y garantizar los derechos laborales del personal. Por otro lado, la mandataria estatal confirmó que el accidente de un autobús ocurrido el 24 de diciembre en el municipio de Zontecomatlán dejó un saldo de 10 personas fallecidas, además de personas lesionadas que reciben atención médica en hospitales de Veracruz e Hidalgo. Refirió que una de las personas heridas fue trasladada vía aérea desde Chicontepec a Tuxpan para una intervención quirúrgica de alta complejidad, como parte del operativo de atención de emergencia. Sobre las lluvias registradas en la región de Los Tuxtlas, afirmó que el desbordamiento de un río en la localidad de La Palma dejó alrededor de 100 viviendas afectadas y el fallecimiento de una persona que fue arrastrada por la corriente al intentar cruzar un vado. Dijo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional activaron el Plan DN-III para labores de limpieza, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública implementó el Plan Tajín para apoyar a la población afectada. Con relación a la detención de un reportero que cubría la fuente policiaca, Nahle García sostuvo que la ley se aplica por igual a todas las personas y que el caso es atendido por la Fiscalía, sin vulnerar el debido proceso. Afirmó que en Veracruz no se coarta la libertad de expresión, pero aclaró que los procesos judiciales son independientes del ejercicio periodístico. Por último, la mandataria estimó que los trabajos de pavimentación y reconstrucción en la zona norte del estado y en Huayacocotla se extenderán durante todo el año, debido a los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos recientes. Recordó que este sábado dará el banderazo de inicio a una obra carretera en la zona de Alvarado, como parte del programa de infraestructura estatal.

26 de Diciembre de 2025 / 22:30:17

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MEMORANDUM 3.- Aunque rechazó que el caso tenga relación con la libertad de expresión y aseguró que en la entidad existe apertura para el ejercicio periodístico, la gobernadora Rocío Nahle García se lavó las manos y afirmó que la detención del periodista Rafael “N” no está vinculada con el ejercicio de la libertad de expresión y sostuvo que cualquier información adicional sobre el caso debe ser aclarada por la Fiscalía, con pleno respeto al debido proceso. “Esto no va con la libertad de expresión”, insistió. Al ser cuestionada sobre el caso, Nahle García sostuvo que durante su administración no ha habido reclamos ni señalamientos contra periodistas. “De mi parte y de parte de mi gobierno no ha habido un solo reclamo”, sostuvo, al señalar que cada persona es responsable de lo que dice, escribe o hace. La mandataria estatal precisó que los hechos judiciales y penales deben analizarse por una vía distinta. “Ante hechos judiciales, ante hechos penales, es otra cosa”, refirió, al reiterar que quienes enfrentan imputaciones tienen derecho a la defensa y a la réplica. “Así es nuestro sistema de justicia”, sostuvo al pedir esperar a que las autoridades avancen en el proceso. La mandataria estatal reiteró que el manejo del expediente corresponde a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. La gobernadora indicó que solicitará a la Fiscalía que emita información pública, ya sea mediante una entrevista o un boletín oficial. “La Fiscalía es quien lleva estos temas”, aseguró, al precisar que no puede pronunciarse más allá de lo permitido para no vulnerar el debido proceso. “Yo no puedo decir más porque no quiero violar el debido proceso y no me corresponde, le corresponde a la Fiscalía”, expresó. La gobernadora señaló que la ley se aplica por igual a todas las personas, sin distinción de profesión. “Para la ley todos somos iguales, periodistas, reporteros, profesionistas, carpinteros, lo que seamos”, dijo. Añadió que las investigaciones se realizan cuando existen pruebas y evidencias, y que tanto la Fiscalía estatal como la Fiscalía General de la República llevan a cabo indagatorias en Veracruz. El comunicador fue detenido la mañana del pasado miércoles, en pleno 24 de diciembre, durante un operativo realizado en la colonia Benito Juárez Norte, al norte de Coatzacoalcos. La aprehensión ocurrió alrededor de las 9:00 horas y fue ejecutada por elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con una versión, una de las transmisiones del reportero Lafita León habría sido el detonante de la denuncia presentada en su contra, luego de que en dicho video se señalara que una abogada, Leticia Zurita Dávila, presuntamente amenazó al comunicador para impedir que grabara un accidente en el que habría intervenido la hija de la abogada. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que al reportero se le imputan los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

26 de Diciembre de 2025 / 22:16:12

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