Replica Cuitláhuac Ley de Austeridad para reducir salarios de alta burocracia, incluyendo a rectora de UV; gobernador ganaría 52 mil 459 pesos
MEMORANDUM 1.- En el marco del plan de austeridad propuesto por el gobierno de la República, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, presentó al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de remuneraciones de los servidores públicos y Ley de Austeridad para Veracruz, la cual fue aprobada, que plantea la reducción de los salarios de diputados, magistrados, ediles e incluso de la propia rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, que según datos de agosto de este año gana algo así como 127 mil 981.50 pesos cada mes, incluso más que el presidente de la República, y se ubica entre los 14 rectores de las universidades públicas del país mejor pagados, colocada en el sitio número 9, según el diario El Universal. La ley plantea la reducción de los salarios de los altos funcionarios de los tres poderes del Estado, así como de organismos públicos descentralizados y Ayuntamientos. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos la ley considera nuevas bases, como que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni para el Gobernador del Estado de Veracruz. En este sentido, para el caso de la entidad, el sueldo nominal del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares era de 74 mil 938 pesos, mismo que con la reducción del 30 por ciento anunciada por el actual mandatario Cuitláhuac García, algo así como 22 mil 479 pesos, quedaría en 52 mil 459 pesos mensuales. En principio, lo anterior significa que los altos funcionarios del gobierno de Veracruz, entre ellos diputados, magistrados y alcaldes, no podrían ganar más que esa cantidad, situación que también fue planteada a nivel federal, con la molestia de los magistrados del Poder Judicial de la Federación. La Ley también prevé la incorporación de todos los funcionarios del estado a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación. Con lo anterior, según se dijo, se busca evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas. También se restringiría a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función. Adicionalmente, se limitaría el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública. El ordenamiento refiere que el gasto en propaganda oficial también se restringiría, disminuyéndolo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión. Se establecerían límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se estipularían reglas para topar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación del servidor público comisionado. Con esta ley, se fijarían límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. De igual forma, la ley prohíbe constituir fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto. Así las cosas de la austeridad en el Gobierno de Veracruz.