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La presencia de ajo chino ilegal se ha incrementado en mercados del país, denuncian productores mexicanos; se pone en riesgo la salud
MEMORANDUM 1.- Productores de todo el país denunciaron en el senado la entrada ilegal de ajo chino a México con la presunta complicidad de autoridades aduanales, sin la supervisión correspondiente de las instancias sanitarias, lo que representa una competencia desleal y un riesgo para la salud de los consumidores. Al respecto, las senadoras del PRI, Claudia Anaya Mota y Meli Romero Celis, advirtieron que el problema es delicado y estructural, ya que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica reiterada que ha sido documentada y denunciada por integrantes del Sistema Producto Ajo. Representantes del Sistema Producto Ajo, señalaron que, pese a las múltiples denuncias interpuestas, las autoridades federales han optado por ignorar los reclamos, ya sea por ineptitud o por complicidad. Denunciaron también la falta de procedimientos actualizados para investigar estos casos y la negativa de SENASICA para realizar inspecciones, lo que impide dar seguimiento efectivo a las quejas. Alertaron que la presencia de ajo chino ilegal se ha incrementado en mercados de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y en ciudades como León, Monterrey, Aguascalientes y la Ciudad de México. Esta situación mantiene en alerta a toda la cadena productiva del ajo en México, que exige acciones inmediatas para frenar la ilegalidad, proteger la salud pública y defender al campo nacional. De acuerdo a la senadora Anaya Mota, esta organización ha presentado denuncias formales ante el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Secretaría de Economía, sin que hasta ahora exista una respuesta contundente. Uno de los aspectos más preocupantes, destaca la senadora, es el riesgo sanitario que representa el ajo que ingresa de manera ilegal al país. Al no contar con inspecciones ni controles, este producto evade la supervisión del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por lo que puede estar contaminado con bacterias, hongos u otros agentes nocivos. Anaya Mota señala que esta práctica constituye una competencia desleal que desplaza a los productores mexicanos, quienes sí cumplen con normas fitosanitarias, fiscales y de calidad. En ese contexto, exigió a las autoridades aduanales dejar de actuar como una “coladera” que permite el ingreso de productos sin autorización, afectando gravemente a la economía rural. A su vez, la senadora Mely Romero Celis, también advirtió que desde hace al menos siete años el campo mexicano enfrenta abandono, corrupción y negligencia.
Sheinbaum presentará la reforma electoral el próximo martes, Partido Verde y del Trabajo siguen negociando con Gobernación
MEMORANDUM 2.- La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo martes se presentará en la conferencia en Palacio Nacional la iniciativa de reforma electoral. En conferencia mañanera al ser cuestionada sobre una presunta filtración de la iniciativa presidencial, la mandataria federal rechazó que su proyecto de reforma constitucional aumente el número de diputados a 500. Descalificó totalmente que el presunto proyecto que circuló ayer sea auténtico, “es falso que esa sea la propuesta”. A pregunta expresa sobre la falta de apoyo de los partidos aliados y el impacto que tendría el proyecto, Sheinbaum consideró que no tendría caso enviar una iniciativa totalmente "desdibujada". En enero, los aliados de Morena en el Congreso, el Partido Verde y el Partido del Trabajo se pronunciaron en contra de la reforma como estaba planteada y exigieron diálogo con el gobierno federal para elaborar su propia propuesta. Tras estos posicionamientos, la mandataria federal reconoció la falta de consensos en el tema de los plurinominales, por lo que ya no habló de su desaparición, sino en cambiar la forma de elegirlos, mientras el PT y el Verde comenzaron mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, pero mantienen congelada la iniciativa.
Después de que la presidenta se convirtió en víctima de acoso callejero, Diputados avalan ampliar definición de abuso sexual; aún así, no hay presupuesto
MEMORANDUM 3.- México dio un paso gigante en la definición del delito de abuso sexual, meses después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso mientras caminaba en la Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad ampliar la definición penal del delito de abuso sexual, incluyendo que el silencio o la falta de resistencia por parte de la víctima no pueda interpretarse como un consentimiento. Con el voto favorable de 431 diputados, el Congreso mexicano dio luz verde a la reforma de los artículos 260 y 266 bis del Código Penal Federal en materia de abuso sexual, para ampliar su definición y alcance, así como para fijar nuevas penas. En un comunicado, la Cámara Baja informa que el texto actualizado establece que este delito lo comete “quien, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo”. Con esta reforma se entiende como acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas. Asimismo, no se considerará consentimiento cuando la voluntad de la persona “haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad”. “El consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima”, destacó la Cámara de los Diputados tras suscribir la reforma propuesta por presidenta Claudia Sheinbaum. La nueva ley será enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Además, las penas previstas en caso de abuso sexual irán de tres a siete años de prisión, a la vez que se impone la obligación de que los condenados asistan a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres o que presten algún tipo de servicio social al Estado. Estas nuevas penas de prisión han suscitado las críticas de algunos diputados opositores y socios del Gobierno, al denunciar que los tiempos de condena actuales suponen una reducción en comparación con lo que estaban previstos anteriormente, que podían llegar hasta los diez años de cárcel. La reforma también prevé ampliar y fortalecer agravantes en este delito como la violencia física, psicológica y moral, o cuando exista entre el agresor y la víctima una relación de “confianza sentimental” o algún tipo de parentesco.

 

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