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En medio de la incertidumbre, Sheinbaum defiende Ley de Inversión en Infraestructura y descarta riesgos para Afores; culpa a oposición de la desconfianza
MEMORANDUM 1.- Para calmar la incertidumbre de jubilados y pensionados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió a aclarar que con la aprobación de la nueva ley de infraestructura no se pretende que el gobierno se quede con el dinero de los trabajadores en las Afore, como ha acusado la oposición, que dice, siempre cuestiona las acciones de gobierno. Según la mandataria federal, con esta reforma se busca alentar la obra pública mediante esquemas de financiamiento que aceleren la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos que mejoren la conexión del país.En conferencia matutina, la mandataria respondió a las críticas surgidas tras el aval en el Senado de esta legislación, la cual permite la participación de capital privado en proyectos estratégicos mediante modelos de inversión mixta. Comenta que, aunque se contempla que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) puedan destinar hasta el 30 por ciento de sus recursos a proyectos de infraestructura, esto se realizará bajo criterios de responsabilidad financiera, transparencia y certidumbre. Expresó: “Queremos más obra para la gente, mayor conectividad y más empleos, sin comprometer la estabilidad financiera”. De acuerdo con la presidenta, el objetivo central de la ley es detonar proyectos en sectores clave como carreteras, puertos, aeropuertos y trenes, tanto de pasajeros como de carga, con el fin de fortalecer la conectividad del país, impulsar la generación de empleos y acelerar el desarrollo económico. Reitera que los mecanismos propuestos son “totalmente responsables” y que el marco legal contempla salvaguardas para proteger el ahorro de los trabajadores. En este contexto, el gobierno federal enfatiza que la estrategia busca equilibrar el crecimiento económico con el bienestar social, a través de inversiones que también contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.
Presume Orla Mining Ltd que Semarnat avaló su MIA para arrancar la rexplotacion de oro y plata en Zacatecas
MEMORANDUM 2.- Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, seis trasnacionales mineras estaban esperando la autorización de sus Manifestaciones de Impacto Ambiental, MIA, para proyectos específicos –ampliación y obras complementarias de otros preexistentes, como Camino Rojo–, que estaban detenidos, sin aval del gobierno federal. Por ello, Orla Mining Ltd presumió en su portal de Internet que Semarnat avaló su MIA para arrancar, dentro del gigantesco proyecto que comenzó a explotarse bajo el método de tajo a cielo abierto cinco años atrás, una mina bajo el método de explotación subterráneo en Zacatecas: “Para comenzar la construcción de un descenso de exploración subterránea para avanzar en el Proyecto Subterráneo Camino Rojo. La compañía también ha presentado un informe técnico actualizado sobre la propiedad. La aprobación de la MIA está condicionada a que Orla cumpla ciertas condiciones habituales y requisitos estándar.” De esa manera, la empresa Orla Mining, propietaria de la mina Camino Rojo, dio a conocer que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le otorgó “todos los permisos necesarios, incluida la aprobación para el cambio de uso del suelo, para explotar el resto del óxido a cielo abierto, incluida la zona de descanso”. El pasado 18 de marzo, a través de un comunicado oficial fechado en Vancouver, Canadá, la compañía informó que la dependencia federal le concedió la autorización para comenzar trabajos de minado subterráneo, en el mismo complejo donde ya desde hace más de cinco años explota una mina de oro a cielo abierto. En todo proyecto de minería de grandes dimensiones –la concesión minera que Orla Mining Ltd obtuvo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa para explotar oro y plata en el municipio de Mazapil tiene una extensión de 138 mil hectáreas–, el gobierno federal autoriza a las compañías permisos ambientales por proyectos específicos de ampliación, modificación o realización de accesorios, que cada empresa presenta con un estudio de manifiesto de impactos ambientales (MIA), elaborado por especialistas certificados por el gobierno. Es decir, no se explota todo de una sola vez ni al mismo tiempo, sino que, por sus dimensiones, los MIA deben ser avalados por las autoridades ambientales, que verifican su cumplimiento. En 2025, Camino Rojo produjo más de 96 mil onzas de oro. Para este 2026, la compañía canadiense estima incrementar su producción del metal dorado, hasta 120 mil. El precio de cada onza de oro en el mercado internacional promedia actualmente 4 mil 800 dólares. En 2026, sólo de oro obtendrá alrededor de 11 mil 520 millones de dólares, sin sumar lo que ganará por plata, cobre, zinc y otros metales.
Aprobada prohibición de reelección, nepotismo y reducción de recursos destinados a congresos estatales y al Senado, todo contenido en Plan B
MEMORANDUM 3.- Con el inusitado apoyo de Movimiento Ciudadano que dio un viro de 180 grados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirma que el denominado “Plan B” de la reforma electoral ya alcanzó el respaldo necesario en los congresos estatales, por lo que, aseguró, ha adquirido carácter constitucional y sólo resta su declaratoria formal y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La mandataria explicó que la iniciativa ha sido aprobada por 20 legislaturas locales, lo que permite completar el proceso requerido para su validación. “Ya se aprobó en los congresos estatales el Plan B, ya son 20 estados, eso quiere decir que ya es constitucional”, señaló. Añadió que el siguiente paso es que el dictamen regrese al Senado para su declaratoria y posterior envío para su publicación oficial. Sheinbaum destacó que la esencia de la reforma ya fue avalada, por lo que su puesta en operación es inminente. “La esencia del Plan B que enviamos fue aprobada y esto ya es un hecho para el país, solamente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación”, subrayó. La jefa del Ejecutivo enumeró lo que consideró seis logros principales del Plan B, los cuales, dijo, no sólo impactan el ámbito electoral, sino que buscan erradicar privilegios dentro de la vida pública. Entre los puntos destacados mencionó la prohibición de la reelección y del nepotismo, así como la reducción de recursos destinados a los congresos estatales y al Senado, con el objetivo de evitar gastos en beneficios indebidos. Asimismo, señaló la disminución en el número de regidores en diversos municipios, la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” y la reducción de salarios, bonos y seguros de gastos médicos mayores para consejeros y magistrados electorales. La mandataria enfatizó que el eje central de la reforma es terminar con los privilegios en las instituciones públicas. “Abajo los privilegios”, reiteró, al asegurar que estas medidas responden a una demanda ciudadana de austeridad y transparencia.

 

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