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Xalapa, Ver.- Aunque se han pasado siete años presumiendo que no son iguales que los que se fueron y que ya no hay corrupción, solo hay que ver las acciones de la ex alcaldesa morenista de Mixtla de Altamirano, Norma Estela Hernández Sánchez, para darse cuenta que la corrupción sigue vigente. Y es que, a lo descarado y con el aval del Congreso del Estado, la ex alcaldesa morenista sacó a remate autos recién comprados, con la intención de hacer negocios. Entre ellos, una camioneta Ford Raptor modelo 2023, con un valor comercial estimado entre 833 mil y 900 mil pesos, y cuya venta fue avalada por 60 mil pesos mediante acuerdo publicado en la Gaceta legislativa. Solo después de que el escándalo se hizo público, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Esteban Bautista Hernández, confirmó que la autorización se otorgó con base en documentación y material fotográfico que no reflejaban el estado real del vehículo. Al revisar el expediente, se detectó que la camioneta fue clasificada como desecho ferroso, pese a tratarse de una unidad de reciente modelo y alto valor en el mercado, aseguró. “Los documentos y el reporte fotográfico que presentaron no corresponden con la realidad”, reconoció el diputado morenista. No obstante, la baja y venta de la unidad fue aceptada, avalada y publicada oficialmente en la Gaceta, lo que permitió su clasificación como chatarra y su valuación en 60 mil pesos, muy por debajo de su precio comercial. Este procedimiento se realizó junto con la autorización para desincorporar otras unidades del parque vehicular municipal. Bautista Hernández señaló que el Congreso no puede presentar denuncias penales, ya que no es la parte afectada, y sostuvo que corresponde a la administración municipal entrante iniciar las acciones legales. “La parte agraviada es el ayuntamiento que entró; ellos son quienes deben denunciar”, sostuvo. La alcaldesa de Mixtla de Altamirano, expresó su inconformidad al señalar que no existe justificación para clasificar como chatarra una Raptor 2023. Luego de este caso, el Congreso local anunció que durante el actual periodo legislativo se integrará una comisión que verificará físicamente las unidades que los ayuntamientos soliciten dar de baja o vender como desecho ferroso. Mientras tanto, se espera que la nueva alcaldesa presente las denuncias correspondientes. Así las cosas.
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