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sábado 14 de marzo de 2026
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Después de la llamada de atención, por haber hundido la Reforma Electoral, el PVEM apoya los puntos claves del Plan B, pero el PT sigue dudando
MEMORANDUM 1.- Durante la madrugada del jueves la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en el Palacio Nacional con coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el Senado, Ignacio Mier, así como al coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, y Benjamín Robles, diputado del PT, para abordar el plan B, solo horas después de que su iniciativa de reforma electoral fue rechazada en la Cámara de Diputados, aunque aseguran que no hubo regaños. Ahora el Verde adelantó su respaldo a los aspectos centrales del proyecto, pero el PT sigue dudando. En tanto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, llamó a los aliados a sumarse al plan B y destacó que la invitación de la mandataria a ambos partidos fue un gesto correcto, para evitar que “un desacuerdo legislativo derivara en una fractura política mayor”. Según diputados presentes en la reunión, la Presidenta lució molesta luego de que “hundieron” su reforma electoral, aunque de antemano, sabía –explicaron– que su propuesta no iba a ser aprobada, y que después se retiró a las 9 de la noche. Así, dejó a los legisladores y dirigentes partidistas de Morena, PT y PVEM con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, el ministro en retiro Arturo Zaldívar. Las pláticas con ellos se extendieron hasta las 2 de la mañana del jueves. Luego de que se expusiera el contenido del plan B, la postura del PT fue nuevamente crítica, pues considera que aspectos como la eventual disminución de los salarios de diputados locales y la reducción en el número de regidores en los municipios podría afectar a su instituto político y mantiene el objetivo de que Morena se vuelva un partido hegemónico. Tras la reunión, se abrió una ventana de negociación política para que los aliados de Morena decidan su posición final, antes de que el plan B llegue al Congreso de la Unión. Los legisladores y dirigentes de los tres partidos fueron citados nuevamente este viernes a Gobernación. Por su parte, diputados de la bancada guinda señalaron que, aunque la alianza seguirá con miras a las elecciones intermedias de 2027, “se ve difícil” recomponer la relación con petistas y verdes tras su rechazo a la propuesta de Sheinbaum.
14 de Marzo de 2026 / 15:15:23
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Con un mensaje populista Sheinbaum, señala que plan B es para acabar con altos costos y privilegios de burocracia electoral
MEMORANDUM 2.- Tras la derrota de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, asegura que es falso que con el Plan B se va a disminuir el presupuesto a los estados; “tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los congresos estatales, en el Senado y la cantidad de regidores, y que ese recurso se quede en municipios y estados, no se lleve a la federación”, esto como parte de la austeridad republicana...que aplica solo en algunos casos. Adelanta que también analiza pasar la elección judicial y la revocación de mandato al 2028. “Es un asunto de recursos y de conveniencia para el ciudadano, de la cantidad de boletas que se estarían utilizando en el 27”. Cuestionada si el Plan B saldrá adelante, la mandataria respondió: “Vamos a ver. Hay temas que a nosotros nos parecen de principios, indispensables… Entonces esperamos que sea aprobado, pero vamos a esperar”. Una es más, reiteró que envió la iniciativa de reforma electoral sabiendo que era muy probable que el PT y el Verde no votaran a favor, “como ya teníamos la certeza de que también lo harían PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, pero yo tenía un compromiso con la gente”, insistió. “Podríamos haber negociado -en las mesas de Gobernación- que fuera solamente un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de más allá, era factible, pero tomé la decisión de no hacerlo, porque yo había hecho un compromiso con la gente y para mí los compromisos se cumplen”. En todo caso, “el pueblo va a ver quién votó y quién no votó. Entonces, hacia adelante, pero ya será una decisión de Morena, no mía” si hay alianza con PT y el Verde”. En su opinión, dijo que no estuvo bien que morenistas en Oaxaca se exhibieron en mantas con petistas e integrantes del Partido Verde que votaron en contra de la reforma. “No está bien, no creo que sea algo correcto. Claro que el pueblo de México sabe quién votó a favor y quién en contra. Es un pueblo muy informado, pero no hace falta esta exposición”, agrega. Sheinbaum Pardo indica que en cambio, el respaldo de los mandatarios de Morena para su propuesta. “Los gobernadores del movimiento tenemos que seguir luchando para disminuir los privilegios, erradicar los privilegios en los gobiernos”. Reitera que los recursos que no se destinen para “pagar regidores, asesores, beneficios y bonos serán para la obra pública del municipio, para tapar baches, agua potable, para drenaje, igual que en el estado”. Indica que su reproche porque en Baja California se gastan 38 millones de pesos al año por diputado local -lo que incluye trabajadores, servicios-, mientras en Colima son cinco millones de pesos. Menciona que ese recurso se puede destinar a San Quintín, uno de los municipios más pobres del país, “para darle agua potable a los pobladores, pavimentar sus calles de San Quintín y no para unos cuantos legisladores, que en realidad no lo necesitan. Pueden tener salarios dignos, gustos, pero que el presupuesto se vaya a la gente”. También manifestó que analiza los pros y contras de aplazar, como parte de ese plan, la elección judicial. “Los beneficios de que la segunda parte de la elección de jueces se realice en el 27 es que se utilizan los mismos recursos”. Dijo que están por recibir la opinión del Instituto Nacional Electoral (INE) “para ver si proponemos la posposición para el 28. El próximo lunes o martes a más tardar que se estaría enviando la propuesta. A lo mejor vale la pena moverla al 28”.
14 de Marzo de 2026 / 14:45:40
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Reconoce México ante COIDH responsabilidad en homicidio de un indígena de Tlapa en 2009; pero militares que dispararon ya fueron exonerados... No los pueden volver a juzgar
MEMORANDUM 3.-“Justicia” a medias: Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estado Mexicano reconoció parcialmente la responsabilidad en el asesinato extrajudicial del indígena nahua Bonfilio Rubioi Villegas, a quien le disparó un elemento del Ejército cuando viajaba en un autobús de pasajeros; sin embargo no hay modo legal de hacer justicia y castigar al militar porque en el juicio fue declarado sin responsabilidad. Por su parte, los representantes de la familia de Rubio Villegas, ejecutado en junio de 2009, indicaron que no están cerrados a la posibilidad de llegar al mencionado acuerdo amistoso, pero aclararon que en dicho pacto no sólo debemos incluirse medidas de reparación personales para quienes resultaron afectados directamente por el asesinato de la víctima, sino también debe incluirse un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los hechos e incluir en el debate el tema de la militarización de la seguridad pública, la cual continúa hasta la fecha. En la audiencia realizada el viernes, se recordó que el 20 de junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas perdió la vida luego de que un grupo de soldados abriera fuego contra el autobús de pasajeros en el cual viajaba el hombre de 29 años, durante un retén militar instalado en Guerrero. El incidente ocurrió luego de que el chófer del vehículo reiniciara su marcha sin que al parecer los uniformados lo hubieran autorizado para ello, lo que llevó a algunos de los soldados a disparar contra el camión para detenerlo, lo que resultó en el fallecimiento de Rubio. En el encuentro realizado hoy estuvo presente Verónica González González, cuñada de Bonfilio Rubio, quien narró las circunstancias en las que tuvo lugar la ejecución extrajudicial del indígena nahua, así como los obstáculos legales que enfrentó su familia para la entrega de sus restos mortales y el "acoso" posterior qué enfrentaron por parte del Ejército, para obligarlos a que aceptaran una indemnización económica de 160 mil pesos, a cambio de que ya no reclamaran por el asesinato de su ser querido. De igual forma, expuso ante los comisionados de la CIDH las graves afectaciones emocionales y económicas que padeció la familia de Rubio Villegas por la falta de acceso a la justicia en este caso. Al dar su testimonio González expresó: "Para mí fue triste, porque las autoridades no investigaron el caso como debe ser, prefirieron estar del lado de los culpables y no de las víctimas. Solo quiero justicia y que los responsables sean procesados, porque han pasado 16 años y nomás no veo nada, no veo claro, y que el gobierno reconozca públicamente que fue el Estado quien ejecutó a Bonfilio, para que no vuelva a suceder con otros paisanos indígenas, porque para el gobierno, los indígenas no existimos". Por su parte, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, indicó que la delegación a su cargo no le formularía ninguna pregunta a Verónica González y aseguró que hay condiciones para brindarle la atención necesaria a ella y otros familiares de la víctima, "conforme al derecho que les asiste y el cumplimiento de nuestra responsabilidad". En ese marco, recordó que hace unos días las autoridades mexicanas presentaron un informe sobre el caso en el cual se reiteró la disposición del Estado de llegar a una solución amistosa y formular un reconocimiento parcial de responsabilidad. En respuesta a los planteamientos de Encinas, Saulo Loya, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resaltó que "cualquier ofrecimiento de un acuerdo amistoso, al cual no nos negamos", pasa primero por un reconocimiento total de la responsabilidad del Ejército en los hechos, incluido el tema del uso desproporcionado de la fuerza, y el castigo a los responsables materiales de la ejecución extrajudicial de Rubio Villegas. Asimismo, hizo ver que las organizaciones que acompañan a la familia del indígena nahua están interesadas no solo en analizar el caso desde el punto de vista de las afectaciones personales a Rubio, sino como un fenómeno estructural en donde persiste la militarización de la seguridad pública, especialmente en el estado de Guerrero. Encinas replicó que podría haber un reconocimiento parcial de violaciones al derecho a la vida, las garantías judiciales y los derechos y libertades personales. Además, planteó una nueva audiencia en 30 días, para determinar qué personas podrían todavía ser sujetas de investigación. Por otro lado, el funcionario ofreció brindar garantías de no repetición y ofrecer una disculpa pública por el caso, en el marco de la solución amistosa.
14 de Marzo de 2026 / 14:30:10
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