Secuestran a excandidato morenista a la alcaldía de Coxquihui, Veracruz; FGE ya investiga. Tras este hecho y otros actos delictivos el municipio suspende celebración del Grito de Independencia MEMORANDUM 1.-
Trascendido el lunes que fue secuestrado Ramón Valencia Pérez, excandidato de Morena a la presidencia municipal de Coxquihui, al norte del estado de Veracruz. Cabe recordar que el joven sustituyó a su padre en los comicios del pasado 1 de junio, Germán Anuar Valencia, luego de que éste fue asesinado en el evento de arranque de campaña, el 29 de abril, y contendió en alianza con el Partido Verde Ecologista de México. Eventualmente ganó las votaciones Lauro Becerra García, del Partido Acción Nacional (PAN). Versiones no oficiales aseguraron que Ramón Valencia fue “levantado” a la altura del puente ubicado en la comunidad Sabaneta, en la sierra del Totonacapan. Sostuvieron que custodios del ex abanderado –quien previamente habría recibido amenazas— intentaron evitar el secuestro, pero no lograron repeler a los agresores. Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de corporaciones de seguridad estatales. La fiscalía general del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación por los hechos, y señaló que se trabaja en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno “con motivo de la probable privación de la libertad de una víctima, ocurrida el día de hoy en la localidad de Sabaneta, perteneciente a este municipio” … Debido al incremento de hechos delictivos ocurridos en este municipio no habrá celebración del Grito de Independencia. De por si ya se habían suspendido algunas actividades y luego de la privación de la libertad del excandidato a la alcaldía, Ramón, la situación se agrava y autoridades municipales decidieron no realizar este tradicional festejo. En reunión extraordinaria el cabildo de Coxquihui acordó, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y directores de las distintas instituciones educativas de la cabecera decidieron cancelar la ceremonia del Grito de Dolores este 15 de septiembre, así como el desfile conmemorativo del inicio del movimiento de Independencia el 16 de septiembre. A través de sus redes, el alcalde Juan Pablo Gómez Mendoza, pidió que Dios bendiga a Coxquihui y a todos. Publicó: “motivos, creo que hay de sobra, su servidor trata de velar por la integridad de los ciudadanos y alumnos, críticas vendrán, pero se prefiere eso a un hecho lamentable. Bendiciones a todos y que Dios bendiga a Coxquihui”.
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En la UPAV desaparecieron 40 millones de pesos; el dinero se “esfuma” entre intermediarios, fundaciones y funcionarios protegidos MEMORANDUM 2.-
Cada vez las cosas se ponen más turbias en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), directores y maestros denuncian un déficit financiero millonario, pagos retenidos a docentes y condiciones inaceptables para operar. De acuerdo con declaraciones de los afectados que solicitaron mantener en el anonimato, la última exigencia de Sergio Torres Mejia, rector de la UPAV, es inscribir 25 a 30 alumnos por sede para poder abrir el nivel bachillerato, lo cual —advierten— es una medida arbitraria que tiene la intención de desarticular la estructura actual para colocar incondicionales de quién funge como rector desde el inicio del gobierno de Rocío Nahle. Los profesores manifestaron que a su llegada a la rectoría de la UPAV, Torres Mejía afirmó haber encontrado un déficit de 40 millones de pesos y que la situación ha empeorado a tal grado que muchos de los docentes no reciben su salario desde el pasado mes de mayo. “La administración es caótica y no hay transparencia en el uso del dinero, pese a que, de acuerdo con el propio esquema de la UPAV, los recursos para su sostenimiento provienen casi exclusivamente de los estudiantes y estos pagan puntualmente sus cuotas”, señaló un profesor. Aunque la universidad se anuncia como pública, opera como un modelo privado, es decir, los más de 60 mil alumnos pagan cuotas regulares, pero ni los trabajadores tienen contratos ni el gobierno cubre una nómina real; los 19 millones de pesos anuales que el gobierno aporta no alcanzan para solventar gastos que en la realidad se cubren con las cuotas de los alumnos, sin embargo, esos ingresos —decenas de millones— va a parar a manos de un patronato, fuera del sistema fiscal estatal. Actualmente, el manejo de estos recursos lo ejecuta una entidad privada: la “Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente, Edal”, sin que exista claridad sobre cuánto ingresa ni cuánto realmente se distribuye: esa información jamás ha sido clara ni en este ni en otros gobiernos. “Los alumnos pagan, el gobierno ya no puede culpar al déficit, el problema es que el dinero desaparece entre intermediarios, fundaciones y funcionarios protegidos, mientras tanto, los docentes no cobran y la institución se hunde”, denuncian los directores. Respecto a la condicionante de 25 a 30 alumnos para abrir el nivel bachillerato en las sedes de la UPAV, los directores consideran que es un requisito ilegal, irracional y diseñado para fracasar ya que, en muchas regiones del estado, especialmente en comunidades rurales o marginadas, es imposible reunir esa cantidad de estudiantes en corto plazo. “Es una purga, no se trata de crecer, se trata de quitar de en medio a quienes no se alineen con el rector y su grupo. Con 10 alumnos podría abrirse un grupo sin problema, la exigencia de 25 a 30 alumnos no tiene sentido académico”, advierten. Los afectados señalan que, detrás de la exigencia hay otra situación que tiene que ver con vaciar la UPAV de su actual estructura para colocar a personas cercanas a la administración actual lo que aseguran ocasionará una universidad aún más vulnerable, improvisada y manipulable. Mientras tanto, la falta de pagos se vuelve insostenible “La justificación sigue siendo el déficit, pero nadie rinde cuentas del dinero que sí ha ingresado”. La UPAV funciona bajo un esquema anómalo denunciado durante años, no existen derechos laborales para sus docentes ni directivos, a quienes se les considera “colaboradores, directores o asesores solidarios”, esta figura, creada para evadir responsabilidades legales, permite a la universidad operar sin brindar contratos, prestaciones ni seguridad social, a pesar de recibir recursos constantes. “Nos piden alumnos como si fuéramos vendedores, nos retienen pagos, nos amenazan con cerrar sedes y encima, no tenemos ningún respaldo jurídico, es un modelo de explotación con fachada educativa”, reclaman los docentes. La comunidad académica exige una revisión profunda al modelo de operación de la UPAV, una auditoría financiera real y el cese inmediato de las condiciones abusivas impuestas por la rectoría, pues al momento pareciera que, lo que fue creado como un proyecto social para acercar la educación a los más desfavorecidos se convirtió en un negocio oscuro con fines políticos y personales.
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Denuncian carencias en 150 escuelas desde nivel preescolar hasta bachillerato en diversas partes de la entidad MEMORANDUM 3.-
Integrantes del Movimiento Antorchista denunciaron que más de 150 planteles en el estado de Veracruz se encuentran en condiciones deplorables y exigieron atención urgente para su rehabilitación y mejoramiento. Las carencias abarcan desde nivel preescolar hasta bachillerato en municipios como Tantoyuca, Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz y Xalapa. “Son escuelas con serios problemas de infraestructura, además de deficiencias en la plantilla docente, lo que impide que los alumnos realicen sus clases o actividades deportivas y culturales”, aseguró Samuel Díaz Rosas, responsable del trabajo estudiantil de la organización. Por lo anterior, estudiantes y padres de familia anunciaron una manifestación para el próximo miércoles 10 de septiembre en las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en Xalapa. Se prevé la participación de al menos 400 personas, quienes demandarán la construcción de sanitarios y la atención a problemas básicos como el del Cobaev 62 de Veracruz, donde 300 alumnos deben compartir dos fosas sépticas. Recordaron que a inicios del 2025 una comisión acudió a la SEV para entregar a la nueva administración un pliego de demandas en materia de infraestructura y equipamiento escolar. Sin embargo, señalaron que la mayoría no ha sido resuelta, pese a los compromisos pendientes de administraciones anteriores. Además, acusaron que, en lugar de atender estas necesidades, la SEV ha promovido actos de represión contra docentes y padres de familia, como ocurrió en el Jardín de Niños Margarita Morán Véliz de Coatzacoalcos, donde funcionarios “violentaron y agredieron” a la comunidad escolar. Los inconformes también denunciaron a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la delegación D-I-XIII, quienes, en coordinación con la supervisión escolar de la zona 110 habrían actuado “en contubernio” para deslegitimar acuerdos con la SEV y propiciar hechos violentos en uno de los planteles. Así las cosas.
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