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Xalapa, Ver.-
Cada vez las cosas se ponen más turbias en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), directores y maestros denuncian un déficit financiero millonario, pagos retenidos a docentes y condiciones inaceptables para operar. De acuerdo con declaraciones de los afectados que solicitaron mantener en el anonimato, la última exigencia de Sergio Torres Mejia, rector de la UPAV, es inscribir 25 a 30 alumnos por sede para poder abrir el nivel bachillerato, lo cual —advierten— es una medida arbitraria que tiene la intención de desarticular la estructura actual para colocar incondicionales de quién funge como rector desde el inicio del gobierno de Rocío Nahle. Los profesores manifestaron que a su llegada a la rectoría de la UPAV, Torres Mejía afirmó haber encontrado un déficit de 40 millones de pesos y que la situación ha empeorado a tal grado que muchos de los docentes no reciben su salario desde el pasado mes de mayo. “La administración es caótica y no hay transparencia en el uso del dinero, pese a que, de acuerdo con el propio esquema de la UPAV, los recursos para su sostenimiento provienen casi exclusivamente de los estudiantes y estos pagan puntualmente sus cuotas”, señaló un profesor. Aunque la universidad se anuncia como pública, opera como un modelo privado, es decir, los más de 60 mil alumnos pagan cuotas regulares, pero ni los trabajadores tienen contratos ni el gobierno cubre una nómina real; los 19 millones de pesos anuales que el gobierno aporta no alcanzan para solventar gastos que en la realidad se cubren con las cuotas de los alumnos, sin embargo, esos ingresos —decenas de millones— va a parar a manos de un patronato, fuera del sistema fiscal estatal. Actualmente, el manejo de estos recursos lo ejecuta una entidad privada: la “Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente, Edal”, sin que exista claridad sobre cuánto ingresa ni cuánto realmente se distribuye: esa información jamás ha sido clara ni en este ni en otros gobiernos. “Los alumnos pagan, el gobierno ya no puede culpar al déficit, el problema es que el dinero desaparece entre intermediarios, fundaciones y funcionarios protegidos, mientras tanto, los docentes no cobran y la institución se hunde”, denuncian los directores. Respecto a la condicionante de 25 a 30 alumnos para abrir el nivel bachillerato en las sedes de la UPAV, los directores consideran que es un requisito ilegal, irracional y diseñado para fracasar ya que, en muchas regiones del estado, especialmente en comunidades rurales o marginadas, es imposible reunir esa cantidad de estudiantes en corto plazo. “Es una purga, no se trata de crecer, se trata de quitar de en medio a quienes no se alineen con el rector y su grupo. Con 10 alumnos podría abrirse un grupo sin problema, la exigencia de 25 a 30 alumnos no tiene sentido académico”, advierten. Los afectados señalan que, detrás de la exigencia hay otra situación que tiene que ver con vaciar la UPAV de su actual estructura para colocar a personas cercanas a la administración actual lo que aseguran ocasionará una universidad aún más vulnerable, improvisada y manipulable. Mientras tanto, la falta de pagos se vuelve insostenible “La justificación sigue siendo el déficit, pero nadie rinde cuentas del dinero que sí ha ingresado”. La UPAV funciona bajo un esquema anómalo denunciado durante años, no existen derechos laborales para sus docentes ni directivos, a quienes se les considera “colaboradores, directores o asesores solidarios”, esta figura, creada para evadir responsabilidades legales, permite a la universidad operar sin brindar contratos, prestaciones ni seguridad social, a pesar de recibir recursos constantes. “Nos piden alumnos como si fuéramos vendedores, nos retienen pagos, nos amenazan con cerrar sedes y encima, no tenemos ningún respaldo jurídico, es un modelo de explotación con fachada educativa”, reclaman los docentes. La comunidad académica exige una revisión profunda al modelo de operación de la UPAV, una auditoría financiera real y el cese inmediato de las condiciones abusivas impuestas por la rectoría, pues al momento pareciera que, lo que fue creado como un proyecto social para acercar la educación a los más desfavorecidos se convirtió en un negocio oscuro con fines políticos y personales.
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