Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica identificados como focos de violencia y reclutamiento forzado de adolescentes: Redim MEMORANDUM 1.- Con apoyo de la Unión Europea, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en coordinación con el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM), realizaron la investigación, Análisis de Contexto “Infancia Cuenta en Veracruz”, en la cual se asienta que la ubicación geográfica de Veracruz lo convierte en un corredor clave para el tráfico de drogas, armas y personas, esto es, trata y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en la entidad. El documento señala que esta situación es particularmente visible en municipios del sur y norte del estado, donde la falta de oportunidades, la precariedad económica y la debilidad institucional han generado un terreno fértil para la expansión de estas dinámicas. El estudio que comprende 152 páginas, documenta la magnitud, riesgos y dinámicas de la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en la entidad. La investigación mostró que la ubicación geográfica de Veracruz lo convierte en un corredor clave para el tráfico de drogas, armas y personas, lo cual ha derivado en la disputa de al menos 15 grupos criminales que operan en el estado. Municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica han sido identificados como focos de violencia y de reclutamiento forzado de adolescentes. El diagnóstico reveló que, entre 2015 y 2025 se registraron oficialmente 22 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de “utilización por agrupaciones delictivas” en Veracruz, así como 32 víctimas de trata de personas menores de 18 años de edad. Estos jóvenes fueron utilizados en actividades como explotación sexual, trabajo forzado, halconeo, transporte de drogas, sicariato y mendicidad forzada. No obstante, el documento subrayó que dichas cifras son apenas un reflejo de una problemática mucho mayor, pues no existen registros oficiales específicos sobre reclutamiento, lo que limita las posibilidades de prevención y atención. La investigación refirió que en muchos casos los adolescentes son privados de la libertad tras ser obligados a participar en delitos graves, mientras que las niñas enfrentan mayor riesgo de trata con fines de explotación sexual. Los factores externos que intervienen en esta problemática social, según el informe, son, en primer lugar, la pobreza estructural como primer factor, seguido de la desigualdad, la violencia familiar, la falta de oportunidades educativas y la negligencia institucional. Los elementos arriba citados aumentan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes; a esto se le suma la influencia de la “narco-cultura” que romantiza la criminalidad y la construcción de masculinidades violentas que refuerzan estas dinámicas. Otro elemento a favor de las redes criminales es la ausencia de políticas públicas efectivas. Y es que, la investigación señaló graves deficiencias en la respuesta institucional, tales como, exceso de burocracia, ausencia de un programa estatal específico, falta de coordinación interinstitucional y tendencia a criminalizar a las víctimas. Estas limitaciones dificultan garantizar justicia y protección a la infancia veracruzana. De igual forma, Redim y CAM recomendaron a las autoridades de Veracruz establecer un protocolo especial para la detección y atención de víctimas de reclutamiento y trata. Además, fortalecer la prevención desde la escuela y la comunidad, con programas que atiendan factores estructurales y culturales y capacitar a autoridades en la identificación de casos, evitando la revictimización. También, crear un Programa Estatal específico para prevenir, sancionar y erradicar estos delitos y garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el diseño de políticas públicas que les afectan. Así las cosas.
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Nahle da manotazo sobre la mesa y ordena cambios de titulares en instituciones de educación superior de Veracruz MEMORANDUM 2.- Ante la inoperancia de la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinoza, la gobernadora del estado Rocío Nahle García, dio un manotazo sobre la mesa y ordenó la destitución de sus cargos de los directores de los Institutos Tecnológicos de Xalapa, San Andrés Tuxtla y Misantla, así como del rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y del director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). La gobernadora tuvo que intervenir directamente para iniciar una limpia en la SEV, pues el subsistema de Educación Tecnológica estaba convertido en un nido de corrupción. En el caso del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Xalapa, Omar Romero Sandoval fue removido de su cargo por irregularidades detectadas durante su gestión, siendo sustituido por Sidney René Toledo. Y es que el citado director ha “puesto de moda” al Tecnológico de Xalapa con la serie de corruptelas denunciadas por el personal docente y administrativo, así como de la comunidad estudiantil, que es la más afectada por las medidas impuestas desde que asumió el cargo. Romero Sandoval es considerado como el “operador más eficaz” en este tema, quien se ha llenado los bolsillos sin preocuparse de las afectaciones que ocasiona a los planes y programas de estudio que se desarrollaron en los planteles donde ha fungido, como es el caso del Tecnológico de Naranjos, la Universidad Politécnica de Huatusco y el Tecnológico de Zongolica. En todas estas instituciones el sello de la corrupción fue un imperativo y respaldado por funcionarios de la Dirección General de Educación Tecnológica, logró tejer una red de corrupción que ahora toda esa suciedad está brotando y le llegó a los aparejos a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, que inició una acción de saneamiento en esa área. Tuvo que intervenir la Gobernadora del Estado para acabar de tajo con las irregularidades que se habían denunciado y que ni la titular de la SEV ni el subsecretario de Educación Media superior y Superior, David Agustín Jiménez Rojas, hicieron algo por atenderlo, ya que sus preocupaciones futuristas es lo importante para ellos, se indicó por último.
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Irrumpe madre de familia en evento encabezado por Rocío Nahle para exigir justicia por abuso sexual contra su hija, menor de edad, en Minatitlán MEMORANDUM 3.- Una mujer identificada como Macaria Cruz López, madre de familia, irrumpió en un acto oficial de la gobernadora Rocío Nahle García, en Minatitlán, para tirarse al suelo y suplicar justicia para su hija, de quien aseguró fue víctima de abuso sexual. La madre expuso públicamente la denuncia por abuso sexual en agravio de su hija menor de edad, ocurrido en la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) No. 88, en aquella ciudad. El incidente ocurrió durante la entrega del programa Impulso a las Actividades Acuícolas y Pesqueras, donde la mandataria estatal encabezaba la distribución de apoyos. Entre la multitud, Macaria se arrodilló y alzó un mensaje: “Asunto violación. Ayuda ESTI 88, Gobernadora”. La escena obligó a detener momentáneamente el evento, mientras la mujer pedía entre sollozos atención inmediata al caso que, asegura, ha permanecido sin justicia por más de un año. Refirió que el caso se remonta a diciembre de 2022, cuando la mujer denunció que su hija de entonces 12 años fue agredida sexualmente por un compañero mayor de edad en un aula del plantel, tras haber sido dejada sola por indicaciones de un docente. De acuerdo con la madre, el personal escolar nunca activó protocolos ni informó de la agresión a las autoridades correspondientes. Desde entonces, la mujer ha emprendido una cadena de protestas: huelga de hambre frente a la Fiscalía Regional, marchas, denuncias ante la SEV, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía Anticorrupción. Asegura que tres maestros encubrieron lo ocurrido y que, pese a los señalamientos, continúan laborando en la institución. Denunció que el proceso legal tampoco ha avanzado, pues la audiencia inicial contra los docentes señalados por omisión y maltrato infantil se ha pospuesto en tres ocasiones, la última el pasado 3 de septiembre, bajo el argumento de que no había jueces disponibles. La nueva cita quedó fijada para el 25 de septiembre y la familia exigió que fuera pública. Macaria declaró en una protesta previa que su hija está siendo revictimizada “(al obligarla) a revivir todo, a volver a declarar, solo quieren que esto se olvide”; no obstante, sostuvo que su hija sigue esperando justicia y no se piensan rendir.
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