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Xalapa, Ver.-
En puerta nuevo golpe al control del poder judicial, la iniciativa de reforma en materia de amparo será discutida en el pleno del Senado en esta semana, afirma el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, quien estimó que podría ser dictaminada en comisiones el martes por la noche. El también coordinador de los senadores de Morena, que busca quedar bien con la Presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que la propuesta estaría analizándose en el pleno senatorial el miércoles o el jueves de esta semana. El anuncio del morenista tuvo lugar luego de que la mañana del lunes se iniciaron las audiencias públicas organizadas por las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda que tienen a su cargo la dictaminación del documento, y también el parlamento abierto que gestionó el partido Movimiento Ciudadano. Las primeras concluirán el martes a mediodía y el segundo sólo se realizó este lunes. En ambos foros se manifestaron posiciones a favor y en contra de la iniciativa. Al iniciar las audiencias, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, señaló que el amparo desde su origen, ha sido un instrumento del pueblo frente al poder y por eso mismo, toda reforma que busque modificarlo debe discutirse de cara a la sociedad con transparencia y pluralidad. La iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum busca reformar de fondo la Ley de Amparo, una herramienta legal clave para la defensa de los derechos humanos frente a actos de autoridad. La propuesta plantea endurecer requisitos para presentar amparos, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial, lo que ha generado inquietudes entre especialistas y organizaciones civiles. Uno de los principales cambios es la redefinición del concepto de “interés legítimo”, que ahora deberá ser una afectación “real, actual y diferenciada” del resto de las personas. En otras palabras, ya no bastará con demostrar que una norma afecta a la colectividad; el quejoso deberá probar que su caso es particular y directo. Esto podría complicar que colectivos o activistas presenten amparos contra leyes que violan derechos humanos de forma generalizada.
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