Piden universitarios al Congreso local interpretación correcta de la Ley Orgánica de la UV para evitar que rectores busquen perpetuarse en el cargo MEMORANDUM 1.- Aunque los integrantes de la Red UV por la Legalidad aceptaron que la interpretación del Congreso no es vinculante, serviría como criterio orientador para los jueces que conocerán de los seis amparos que siguen en trámite. “Estamos solicitando la interpretación jurídica que el Congreso puede dar a las leyes que él mismo emitió. No pedimos una modificación, sino una aclaración sobre cuál es la correcta aplicación de la Ley Orgánica y la Ley de Autonomía de la UV”, aseguró la ex rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara. Destacó que desde hace casi 30 años la Universidad había respetado los procesos de renovación cada cuatro años con convocatoria abierta. Por ello, advirtió que el aval de la Junta de Gobierno a la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez podría sentar un precedente que puede ser retomado por futuros rectores para perpetuarse en el cargo. Los integrantes de la Red UV por la Legalidad acudieron al Congreso del Estado para entregar una solicitud a fin de que el Poder Legislativo emita una interpretación auténtica de la Ley Orgánica y de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana (UV), en relación con la prórroga otorgada al rector. Al respecto, Ladrón de Guevara reiteró que la figura de la prórroga no existe en la normatividad universitaria. «Como se sabe, en la Universidad Veracruzana ocurrió una ilegalidad cuando fue otorgado un recurso que no existe como tal en la legislación, el segundo periodo de un rector que se puede prorrogar sólo si está descrito en nuestra legislación», sostuvo. La ex Rectora recordó que se tienen pendientes de resolución seis amparos, los cuales podrían revertir el segundo periodo del rector Martín Aguilar Sánchez. Destacó que la Red UV por la Legalidad solicitó que se entregue un documento al Congreso del Estado para que se realice una adecuada interpretación de la Ley Orgánica y la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana. Señaló que en la Ley Orgánica se establece que un rector puede aspirar a un segundo periodo, pero siempre mediante un proceso de convocatoria pública y de selección, procedimiento que no se siguió en este caso. “El 31 de agosto el rector inventó un procedimiento que no está en la legislación. Usan los medios de la universidad para decir que es legal, cuando a todas luces es ilegal”, expresó. Los integrantes de la Red UV por la Legalidad denunciaron que los procedimientos judiciales se han retrasado debido a cambios de jueces y a recursos dilatorios presentados por integrantes de la Junta de Gobierno. Señaló que la Red está integrada por miles de universitarios. Tan solo en su grupo de WhatsApp participan más de mil personas, y en Facebook suman alrededor de cuatro mil miembros, entre estudiantes, académicos y trabajadores. A su movimiento se han sumado además otros colectivos, como Nido V, integrado por académicos y jóvenes estudiantes. “Lo que buscamos es que el Congreso reconozca la correcta interpretación de la Ley Orgánica y de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana. Ese sería el precedente para que en futuros procesos no se repitan estas irregularidades”, agregó. Recordó que durante casi tres décadas de autonomía universitaria los procesos de convocatoria se habían realizado cada cuatro años, hasta que la administración de Aguilar Sánchez aplicó una prórroga que, a su juicio, “inventó un procedimiento que no está en la legislación”. “Ellos dicen que es legal y usan los medios de la universidad para decir que es legal, cuando a todas luces es ilegal”, sostuvo. “Si no se hace una interpretación correcta de la ley, puede ser que otros rectores próximos la utilicen. Ese es el riesgo, por eso hay resistencia”, concluyó.
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De Sefiplan y PMA, obras con mayor daño patrimonial en cuenta pública 2024, por 160 y 81 mdp, respectivamente: Orfis MEMORANDUM 2.- Para que no haya dudas, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, informó que las obras con el mayor daño patrimonial en la cuenta pública 2024 corresponden a la secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, donde despachaba José Luis Lima Franco, y a la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA), que estaba a cargo de Sergio Rodríguez Cortés, dos de los funcionarios más cercanos al ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el peor gobernador de la historia de la Veracruz. La titular del Orfis refirió que en la remodelación del estadio Luis «Pirata» Fuente, a cargo de la SEFIPLAN, se registró un daño patrimonial de 160 millones de pesos, mientras que la remodelación del Aquarium del Puerto de Veracruz, a cargo de la PMA, arrojó un daño patrimonial de más de 81 millones de pesos. González Cobos señaló que las observaciones principales en la remodelación del estadio Luis «Pirata» Fuente radican en el desmantelamiento de la estructura anterior, la reconstrucción, cimentación y estructura con elementos en concreto y acero, la cual incluye gradas. La auditora general explicó que hubo anomalías que resultaron en probable daño patrimonial de 160 millones de pesos y ahora entrarán en el proceso de solventación y/o reparación del daño patrimonial, para posteriormente pasar a las denuncias penales. Señaló que el total de la inversión subió a mil 694 millones de pesos. Es decir, casi se triplicó el costo inicial de dicha obra. En la misma tesitura se encuentra el Aquarium del Puerto de Veracruz en donde se registraron observaciones de probable daño patrimonial por más de 83 millones de pesos. El estadio «Pirata Fuente» obra a cargo de José Luis Lima Franco tiene daño patrimonial de $160 millones de pesos. El monto total de inversión fue de 512 millones de pesos, “tenemos como hallazgos principales; pagos en exceso por volúmenes de trabajos no ejecutados, trabajos de mala calidad por deficiencias técnicas, costos elevados en la obra, falta de resolutivo en materia de impacto ambiental, esto es los permisos que debe entregar Semarnat, hay falta de documentación comprobatoria del gasto y finiquito del gasto, hay desprendimientos de material, terminación deficiente en estanques, desprendimiento de los módulos de concreto, deficiencia en general de los trabajos realizados. Por estos conceptos de falta de permisos, de costos elevados, deficiencia en general trabajos de mala calidad; “el monto observado en general suma 81 millones 381 mil pesos, hay que recordar que esta obra estuvo a cargo de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) cuyo titular era Sergio Rodríguez Cortés”, aseguró. En el caso de la obra del estadio «Nido del Halcón» no hubo monto de daño patrimonial porque la obra todavía está en proceso; pero no se duda que una vez que esté concluida tendrá un sin fin de observaciones y daño patrimonial por que la inversión inicial ya va duplicada y hasta triplicada, así como la tardanza en la entrega de las etapas, que ya están fuera del tiempo previsto. Por ejemplo; el monto inicial rondaba los 600 millones de pesos, pero el total de inversión fue superior a los mil millones de pesos, en este caso la fiscalización de 2024 presenta la falta de documentales, y esperan la fecha de entrega en 2025, que se ha movido varias veces por que la empresa constructora tiene todavía mucho por hacer para poder entregar dicho inmueble. Así las cosas.
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Acceso a la justicia, camino lleno de obstáculos para víctimas, quienes a menudo enfrentan maltrato institucional: Orgullo Xalapa MEMORANDUM 3.- El acceso a la justicia es un camino lleno de obstáculos para los familiares de las víctimas, quienes a menudo enfrentan maltrato institucional, aseguró el integrante de la organización Orgullo Xalapa, Leonardo Ruiz Moreno, al afirmar que en el estado de Veracruz se han registrado al menos nueve casos de transfeminicidios. En ese tenor, el activista refirió que las mujeres trans continúan siendo uno de los sectores más vulnerables y expuestos a la violencia, y que además de enfrentar ataques directos, se topan con procesos judiciales desgastantes que terminan desalentando a las familias de las víctimas. “Lamentablemente en el estado de Veracruz sí existe el transfeminicidio, es la población más vulnerable, más atacada y más discriminada”, reiteró. Ruiz Moreno insistió en que la cifra de casos ya asciende a nueve, y los crímenes se han concentrado en municipios como Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Córdoba y Xalapa. “Van nueve casos, nueve crímenes, la mayoría fueron personas trans. No tiene mucho que pasó aquí en el estado, otra chica trans lamentablemente, después de Alexis”, señaló al referirse a una de las víctimas más conocidas. “Lo importante son los familiares, que quieran continuar con la carpeta, porque muchas veces es muy agotador, muy cansado, muy doloroso para las familias, deciden y terminan dejando el proceso”, lamentó. Ante este panorama, aseguró que las organizaciones civiles y activistas han tenido que asumir el acompañamiento y el seguimiento de los casos. “Los activistas sí nos encargamos de darle continuidad, darle la visibilidad y sobre todo hacer conciencia en el estado de Veracruz, que la discriminación, el bullying conlleva muchísimas cosas”, sostuvo. Ruiz Moreno destacó que la exigencia de justicia y de verdad sigue vigente, y que no basta con abrir carpetas de investigación si estas terminan en el olvido. “Se sigue por supuesto levantando la mano a la exigencia de justicia, que haya verdad, que no haya carpetazos, que no haya un olvido”, subrayó. El integrante de Orgullo Xalapa insistió en que el reconocimiento de los transfeminicidios es un paso indispensable para frenar la violencia estructural contra la comunidad trans y que, sin una respuesta firme de las instituciones, los crímenes seguirán ocurriendo en un clima de impunidad.
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