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XALAPA.- Aunque los integrantes de la Red UV por la Legalidad aceptaron que la interpretación del Congreso no es vinculante, serviría como criterio orientador para los jueces que conocerán de los seis amparos que siguen en trámite. “Estamos solicitando la interpretación jurídica que el Congreso puede dar a las leyes que él mismo emitió. No pedimos una modificación, sino una aclaración sobre cuál es la correcta aplicación de la Ley Orgánica y la Ley de Autonomía de la UV”, aseguró la ex rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara. Destacó que desde hace casi 30 años la Universidad había respetado los procesos de renovación cada cuatro años con convocatoria abierta. Por ello, advirtió que el aval de la Junta de Gobierno a la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez podría sentar un precedente que puede ser retomado por futuros rectores para perpetuarse en el cargo. Los integrantes de la Red UV por la Legalidad acudieron al Congreso del Estado para entregar una solicitud a fin de que el Poder Legislativo emita una interpretación auténtica de la Ley Orgánica y de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana (UV), en relación con la prórroga otorgada al rector. Al respecto, Ladrón de Guevara reiteró que la figura de la prórroga no existe en la normatividad universitaria. «Como se sabe, en la Universidad Veracruzana ocurrió una ilegalidad cuando fue otorgado un recurso que no existe como tal en la legislación, el segundo periodo de un rector que se puede prorrogar sólo si está descrito en nuestra legislación», sostuvo. La ex Rectora recordó que se tienen pendientes de resolución seis amparos, los cuales podrían revertir el segundo periodo del rector Martín Aguilar Sánchez. Destacó que la Red UV por la Legalidad solicitó que se entregue un documento al Congreso del Estado para que se realice una adecuada interpretación de la Ley Orgánica y la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana. Señaló que en la Ley Orgánica se establece que un rector puede aspirar a un segundo periodo, pero siempre mediante un proceso de convocatoria pública y de selección, procedimiento que no se siguió en este caso. “El 31 de agosto el rector inventó un procedimiento que no está en la legislación. Usan los medios de la universidad para decir que es legal, cuando a todas luces es ilegal”, expresó. Los integrantes de la Red UV por la Legalidad denunciaron que los procedimientos judiciales se han retrasado debido a cambios de jueces y a recursos dilatorios presentados por integrantes de la Junta de Gobierno. Señaló que la Red está integrada por miles de universitarios. Tan solo en su grupo de WhatsApp participan más de mil personas, y en Facebook suman alrededor de cuatro mil miembros, entre estudiantes, académicos y trabajadores. A su movimiento se han sumado además otros colectivos, como Nido V, integrado por académicos y jóvenes estudiantes. “Lo que buscamos es que el Congreso reconozca la correcta interpretación de la Ley Orgánica y de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana. Ese sería el precedente para que en futuros procesos no se repitan estas irregularidades”, agregó. Recordó que durante casi tres décadas de autonomía universitaria los procesos de convocatoria se habían realizado cada cuatro años, hasta que la administración de Aguilar Sánchez aplicó una prórroga que, a su juicio, “inventó un procedimiento que no está en la legislación”. “Ellos dicen que es legal y usan los medios de la universidad para decir que es legal, cuando a todas luces es ilegal”, sostuvo. “Si no se hace una interpretación correcta de la ley, puede ser que otros rectores próximos la utilicen. Ese es el riesgo, por eso hay resistencia”, concluyó.
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