Una veintena de candidatos a cargos judiciales, con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos con cárteles MEMORANDUM 1.- Alrededor de 5,000 candidatos compiten por más de 840 cargos federales, incluidos todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Sin embargo, a poco más de una semana de la votación, la organización defensora de los derechos de los mexicanos Defensorxs afirma haber identificado a una veintena de personas que compiten por cargos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos pasados con cárteles, incluyendo una abogada que representó al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. Tal es el caso de Leopoldo Chávez, quien a pesar de los casi seis años que cumplió en una prisión de Estados Unidos, estará en la papeleta para juez federal en el estado de Durango, parte del Triángulo Dorado mexicano, una región controlada por cárteles en la que se cultiva marihuana y amapola. Chávez fue condenado por delitos relacionados con drogas: contrabando de más de cuatro kilogramos de metanfetaminas en 2015. "Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto", aseguró Chávez en un video que compartió en Facebook; dijo que no tenía nada que ocultar y que había cumplido su condena. A su vez, en el cercano estado de Jalisco, en la costa del Pacífico, Francisco Hernández se presenta como candidato a magistrado penal a pesar de que la última vez que ejerció como juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por acusaciones de abuso sexual y corrupción. El aspirante refirió que las acusaciones eran "calumnias y difamaciones". "Que me juzgue el pueblo", señaló. En Nuevo León, Fernando Escamilla espera convertirse en juez federal penal y dice que el trabajo legal que hizo asesorando a abogados de miembros del ultraviolento cártel de Los Zetas no debe ser usado en su contra. Su conocimiento de la ley de extradición, sobre la que asesoró a los capos, lo convirtió en un activo, presumió. "¿Ser una persona asesor en temas de derecho internacional o extradición te da mala fama pública? Considero que no", sostuvo. "Eso es lo único que demuestra que tienes la capacidad y el conocimiento para poder ver ese tipo de situaciones", dijo. Lo cierto es que, en vísperas de las elecciones del 1 de junio, organizaciones civiles, asociaciones de jueces y algunos legisladores mexicanos están planteando serias preocupaciones sobre una votación que, según advierten los críticos, podría poner en peligro el estado de derecho en el país. La polémica reforma judicial fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por su sucesora, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Ambos afirmaron que acabaría con la corrupción en el viciado sistema judicial mexicano y permitiría al pueblo decidir quién debe ser juez. Un análisis del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), formado por organizaciones sin ánimo de lucro, también ha señalado a más de 130 candidatos con altas probabilidades de ganar en ausencia de candidatos opositores y ha criticado problemas en el diseño de complicadas papeletas que incluyen cientos de nombres y pueden confundir a los votantes. La reforma, aprobada en septiembre de 2024, fue criticada por el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien trabajó durante la administración del presidente Joe Biden, como una amenaza a la democracia mexicana. Críticos afirman que la reforma, una de las más amplias que se han intentado en los últimos años en cualquier país del hemisferio occidental, corre el riesgo de eliminar los contrapesos al partido gobernante, Morena, y de permitir a los grupos del crimen organizado una mayor influencia sobre el sistema judicial. La reforma reduce de 11 a 9 el número de ministros de la SCJ, reduce la duración de sus mandatos a 12 años, suprime el requisito de una edad mínima de 35 años y recorta a la mitad, cinco años, la práctica jurídica necesaria.
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Veintisiete años después de la masacre, en Acteal podría estallar la violencia denuncian sobrevivientes y población amenazada MEMORANDUM 2.- A 27 años de la masacre de Acteal, los problemas en esa zona no tienen para cuando acabar. Y es que integrantes de la organización Las Abejas de Acteal, incluidos hijos e hijas de sobrevivientes, denunciaron una nueva ola de violencia e impunidad en Chiapas, así como amenazas directas contra una mujer que logró sobrevivir al ataque del 22 de diciembre de 1997. La organización responsabilizó al Estado mexicano por esta agresión y reiteró su exigencia de justicia. Mediante dos comunicados emitidos desde la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Las Abejas señalaron que un paramilitar confeso, liberado en 2010 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenazó de muerte a una sobreviviente. Esta situación, acusan, es resultado directo de la impunidad persistente en torno al caso. Los firmantes, entre ellos niñas, niños y jóvenes descendientes de las víctimas, enfatizaron que, pese al paso del tiempo, “seguimos cargando el dolor de la ausencia” de sus abuelos y abuelas, asesinados mientras oraban y ayunaban por la paz. “Somos fruto de una extinción fallida del Estado mexicano”, escribieron en una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que solicitaron emitir de inmediato el informe de fondo del caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros, pendiente desde hace más de una década. En su posicionamiento, Las Abejas recordaron que la masacre fue perpetrada por paramilitares con armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, y que la impunidad se ha agravado al punto de que, actualmente, quienes fueron señalados como responsables caminan libremente y amenazan a las víctimas sin consecuencias. El comunicado también expresa rechazo por la reciente visita de Ernesto Zedillo Ponce de León a México, a quien señalan como responsable político de la violencia contrainsurgente durante su sexenio, que incluyó otros hechos como las matanzas de Aguas Blancas, El Charco y El Bosque, enmarcadas en el Plan de Campaña Chiapas 94. La situación actual en Chenalhó y comunidades vecinas es, según denuncian, aún más peligrosa que en 1997. La presencia de grupos armados y sicarios se ha vuelto común, incluso en espacios públicos como canchas deportivas, que se han convertido en “refugio de criminales”. También advierten que familias desplazadas permanecen en condiciones precarias, sin seguridad ni acceso a alimentos, y que la educación en algunas comunidades se ha suspendido desde 2023 por amenazas y enfrentamientos armados. “Vivimos una violenta normalidad disfrazada de paz”, sentenciaron, al tiempo que criticaron la inacción y la aparente complicidad de las fuerzas de seguridad con los grupos armados. Ejemplificaron esto con la detención arbitraria de dos bases de apoyo del EZLN el pasado 24 de abril, a quienes además se les despojó de pertenencias por parte de elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y otras corporaciones. Las Abejas también hicieron un llamado al gobierno federal y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para romper relaciones diplomáticas con Israel, como muestra de solidaridad con el pueblo palestino, al que compararon con su propio sufrimiento por crímenes de Estado y el olvido institucional. En un mensaje final, exhortaron a la sociedad civil nacional e internacional a no olvidar, a seguir exigiendo justicia, y a trabajar por una “paz desarmada y desarmante”, como recordaron que lo hicieron los mártires de Acteal. Con esta serie de denuncias, Las Abejas de Acteal buscan visibilizar que el dolor por la masacre permanece vivo, que los riesgos continúan y que las promesas de justicia siguen sin cumplirse.
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Repunte preocupante en homicidios, desapariciones, extorsiones y narcomenudeo, especialmente en la CdMx MEMORANDUM 3.- Una vez más, la organización civil México Evalúa encendió las alarmas al presentar su reporte cuatrimestral sobre la violencia delictiva en el país, correspondiente al periodo de enero a abril de 2025, el cual revela un repunte preocupante en homicidios, desapariciones, extorsiones y narcomenudeo, especialmente en la Ciudad de México, donde esta semana fueron asesinados dos funcionarios del círculo más cercano a la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El caso más alarmante señalado por México Evalúa ocurrió la mañana del martes 20 de mayo, cuando fueron acribillados Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y José Muñoz, coordinador de asesores del gobierno capitalino. El ataque ocurrió en la avenida Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez, una de las más transitadas de la capital. La organización señaló que el crimen fue ejecutado con un “altísimo nivel de profesionalismo criminal”, lo que revela, según el reporte, “la capacidad del crimen organizado para vulnerar el aparato de seguridad y justicia en cualquier entidad federativa”. El informe indica que en la zona centro del país, incluida la Ciudad de México, operan diversas estructuras del crimen organizado, desde cárteles nacionales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, hasta bandas locales como La Unión, Anti Unión y La Peralvillo. También destaca la presencia creciente del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional originada en Venezuela. México Evalúa advierte que estas agrupaciones buscan “apropiarse de mercados ilícitos” mediante una red de violencia sistemática, extorsión, secuestro y distribución de droga a pequeña escala. México Evalúa nos ofrece los siguientes datos sobre violencia de enero a abril: 316 homicidios dolosos; 11 feminicidios y 715 desapariciones, de tal manera que la tasa de violencia homicida 55 % mayor que la registrada en el mismo periodo de 2024. Estas cifras contradicen también el balance nacional difundido por el Gobierno federal, que ha afirmado una caída del 24.9% en los homicidios durante los primeros siete meses del mandato de Claudia Sheinbaum. Además de la capital, México Evalúa identificó otros focos de violencia críticos en estados como Sinaloa y Tabasco, donde las dinámicas delictivas se han recrudecido, pese a los anuncios oficiales de pacificación. El reporte concluye con un llamado urgente a abandonar los discursos triunfalistas y a reconocer que “no existe un proceso de pacificación generalizado en México”.
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