|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Alrededor de 5,000 candidatos compiten por más de 840 cargos federales, incluidos todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Sin embargo, a poco más de una semana de la votación, la organización defensora de los derechos de los mexicanos Defensorxs afirma haber identificado a una veintena de personas que compiten por cargos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos pasados con cárteles, incluyendo una abogada que representó al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. Tal es el caso de Leopoldo Chávez, quien a pesar de los casi seis años que cumplió en una prisión de Estados Unidos, estará en la papeleta para juez federal en el estado de Durango, parte del Triángulo Dorado mexicano, una región controlada por cárteles en la que se cultiva marihuana y amapola. Chávez fue condenado por delitos relacionados con drogas: contrabando de más de cuatro kilogramos de metanfetaminas en 2015. "Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto", aseguró Chávez en un video que compartió en Facebook; dijo que no tenía nada que ocultar y que había cumplido su condena. A su vez, en el cercano estado de Jalisco, en la costa del Pacífico, Francisco Hernández se presenta como candidato a magistrado penal a pesar de que la última vez que ejerció como juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por acusaciones de abuso sexual y corrupción. El aspirante refirió que las acusaciones eran "calumnias y difamaciones". "Que me juzgue el pueblo", señaló. En Nuevo León, Fernando Escamilla espera convertirse en juez federal penal y dice que el trabajo legal que hizo asesorando a abogados de miembros del ultraviolento cártel de Los Zetas no debe ser usado en su contra. Su conocimiento de la ley de extradición, sobre la que asesoró a los capos, lo convirtió en un activo, presumió. "¿Ser una persona asesor en temas de derecho internacional o extradición te da mala fama pública? Considero que no", sostuvo. "Eso es lo único que demuestra que tienes la capacidad y el conocimiento para poder ver ese tipo de situaciones", dijo. Lo cierto es que, en vísperas de las elecciones del 1 de junio, organizaciones civiles, asociaciones de jueces y algunos legisladores mexicanos están planteando serias preocupaciones sobre una votación que, según advierten los críticos, podría poner en peligro el estado de derecho en el país. La polémica reforma judicial fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por su sucesora, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Ambos afirmaron que acabaría con la corrupción en el viciado sistema judicial mexicano y permitiría al pueblo decidir quién debe ser juez. Un análisis del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), formado por organizaciones sin ánimo de lucro, también ha señalado a más de 130 candidatos con altas probabilidades de ganar en ausencia de candidatos opositores y ha criticado problemas en el diseño de complicadas papeletas que incluyen cientos de nombres y pueden confundir a los votantes. La reforma, aprobada en septiembre de 2024, fue criticada por el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien trabajó durante la administración del presidente Joe Biden, como una amenaza a la democracia mexicana. Críticos afirman que la reforma, una de las más amplias que se han intentado en los últimos años en cualquier país del hemisferio occidental, corre el riesgo de eliminar los contrapesos al partido gobernante, Morena, y de permitir a los grupos del crimen organizado una mayor influencia sobre el sistema judicial. La reforma reduce de 11 a 9 el número de ministros de la SCJ, reduce la duración de sus mandatos a 12 años, suprime el requisito de una edad mínima de 35 años y recorta a la mitad, cinco años, la práctica jurídica necesaria.
|
