MEMORANDUM 1.- Como siempre sucede, a los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que los acompañan, no los tomaron en cuenta en la revisión de los datos del Registro Nacional que presentó el gobierno federal, no en la metodología para asegurar que de los 132 mil 534 casos, en 46 mil 742 los datos son insuficientes para su localización y en 43 mil 128 no se tiene actividad reportada. Ello, manifestaron, muestra que “continúa la estrategia de minimizar” la crisis. Tras el desglose de cifras, Grace Fernández, de Búscame Buscando Desaparecidos México, lamenta que las autoridades tampoco presentaran las acciones que llevarán a cabo para obtener más información sobre los más de 46 mil sin datos suficientes. Esto, enfatizó en entrevista, “es negar la responsabilidad que tiene el Estado” de investigar y dar con su paradero, al tiempo que afirma que del análisis del Registro Nacional “no se consultó con las víctimas”. Al igual que Jorge Verástegui, activista que busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009, reconoció que el jueves pasado hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación a la que se convocó a un grupo de familiares, pero éstos “no son representativos de plataformas o movimientos amplios”. Verástegui también señala que “es un error metodológico” tratar de dimensionar la problemática de las desapariciones a partir de que el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación. Y es que la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, indicó que sólo en 3 mil 869 casos se cuentan con carpeta de investigación abierta. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) indicó por su parte que acotar a 43 mil 128 el número de desaparecidos reduce la dimensión de la crisis. Las deficiencias del registro “son responsabilidad de las autoridades, no de quienes denuncian”. María Luisa Aguilar, directora de la organización, recordó en entrevista que la base de datos, que surgió desde 2017, se nutre de información de fiscalías, comisiones locales y reportes de las familias. Las autoridades “tendrían la obligación de asegurar que no hubiera registros mezclados o incompletos”. Aparte, en un comunicado conjunto, organizaciones como Serapaz, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, igualmente expresaron su preocupación por que “desde el discurso oficial se sostenga la idea de que en México ya no existen desa­pariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales”.

29 de Marzo de 2026 / 14:04:51

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MEMORANDUM 2.- Ahora si los legisladores, sobre todo los del Senado tendrán que trabajar, pues una vez de regreso de las vacaciones de Semana Santa, deberán laborar de forma acelerada para sacar los pendientes, en especial modificar las leyes secundarias que permitan aterrizar los nuevos ordenamientos constitucionales en materia electoral, contenidos en el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con ello se dará cumplimiento a lo señalado en el artículo segundo transitorio de la reforma electoral, aprobada ya en el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados, en el que se da al Congreso de la Unión un plazo “a más tardar al 30 de mayo” para armonizar los marcos jurídicos de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otras. Dado que en San Lázaro se tiene programado aprobar el plan B el próximo miércoles 8 de abril, y se calcula que su paso sea meteórico por la mitad más uno de los congresos de los estados, la reforma electoral se estará promulgando el 14 de ese mismo mes, por lo que las cámaras del Congreso tendrán sólo 15 días para aprobar la legislación reglamentaria en el periodo ordinario, que concluye el 30 de abril. De lo contrario, para poder cumplir con el plazo fijado en la Constitución (al 30 de mayo), tendrían que convocar a un periodo extraordinario. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Enrique Inzunza Cázarez, consideró que sí podrán hacerlo en ese periodo corto. Especialmente la Legipe, que requiere ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 90 días antes del inicio de las elecciones intermedias de 2027. Explicó que la Legipe tiene que ser actualizada en relación con los cambios al artículo 115 constitucional, que conforman una nueva estructura de los ayuntamientos –que sólo podrán ser integrados por una sindicatura y hasta 15 regidurías–, a fin de que esa representación política sea funcional y financieramente responsable para la hacienda pública. Asimismo, la legislación electoral deberá aterrizar las modificaciones “para consagrar la ampliación del principio de paridad e igualdad de género, en sus vertientes vertical y horizontal” en la integración de los ayuntamientos. Inzunza Cázarez precisó que se requieren también modificaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 134 de la Carta Magna, que ajusta los ingresos de consejeros y magistrados electorales, así como del personal ejecutivo y de áreas técnicas del INE y de los tribunales comiciales estatales, a fin de que no superen el salario del titular del Poder Ejecutivo. Esa ley se armonizará también con la disposición constitucional de no contratar o adquirir seguros de vida, de gastos médicos y de retiro, así como pensiones privadas ni ningún otro régimen especial con recursos públicos. Igualmente, detalló, los estados deberán armonizar sus marcos jurídicos con las nuevas normas constitucionales a más tardar el 30 de mayo.

29 de Marzo de 2026 / 13:35:34

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MEMORANDUM 3.- Según el grupo interinstitucional del gobierno federal, creado para atender el derrame de hidrocarburos que afecta más de 630 kilómetros de litoral del Golfo de México, “se mantiene el control de la contaminación” en las costas, donde se desplegó una fuerza de 3 mil elementos para realizar acciones de contención y saneamiento. No obstante, reconoció que siguen las investigaciones para determinar su origen. Al reportar “playas limpias” en la zona de Campeche, Veracruz y Tabasco, las autoridades federales indicaron que, a la fecha, se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante en 480 kilómetros de costa. De esta manera, según las autoridades, en las últimas 48 horas se han limpiado 257 kilómetros de costa adicionales. El jueves en conferencia de prensa, la Secretaría de Marina reportó, hasta ese momento, el aseo de 223 kilómetros y recolección de 430 toneladas de hidrocarburo. Esa dependencia, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Petróleos Mexicanos, informaron que en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, “con el objetivo de atender el fenómeno desde su origen” el derrame, reportado hace 26 días por pescadores. El grupo interinstitucional reportó que se han supervisado 39 playas, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en costas de Veracruz y Tamaulipas. Además, derivado de la activación del Plan Nacional de Contingencias y los planes locales correspondientes, afirmaron que se mantienen de búsqueda y localización, recolección e investigación, para lo cual se desplegó 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos, siete aeronaves de ala móvil y ala fija, dos drones aéreos, dos drones submarinos y más de mil metros de barreras de contención. Según las autoridades, esto ha “permitido atender de manera oportuna las zonas impactadas y avanzar en la recuperación del entorno costero”.

29 de Marzo de 2026 / 13:01:14

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