Por Eros Ortega Ramos*
En el año de 2014 se expidió la Ley Federal de Consulta Popular, misma que fue reformada en el presente año, la cual avala que las consultas populares fungen como mecanismo directo de participación en las cuales los electores, a partir de su voto, forman parte de la toma de decisiones de los poderes públicos. De hecho, en el artículo 5 de la mencionada ley se lee que “serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”, en este caso, hablamos del juicio que el propio Presidente de la Nación propuso en contra de los exmandatarios que alguna vez estuvieron al frente del Ejecutivo Federal y que, tal y como la historia lo demostró, incurrieron en corrupción, violaciones a derechos humanos y demás ilícitos que hasta el momento no han sido castigados.
Si tiene conocimiento de lo que le hablo no estaría de más que saliera a votar ese día para que, aunque sea de forma efímera pero efectiva, hiciera valer su palabra de descontento ante la impunidad que por muchos años fue permitida por las instituciones de este país que actuaban bajo el cobijo del gobierno en turno, si no, aquí le dejo una breve lista con algunos de los eventos más ignominiosos que tuvieron lugar en las pasadas administraciones priistas y panistas:
· 1) El mal llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) fue creado en 1990 como un seguro para los depósitos bancarios de los ahorradores. Después del famoso “error de diciembre” de 1994, Ernesto Zedillo lo utilizó para devolverle solvencia económica a los bancos y así “proteger” los supuestos ahorros de los clientes. Lo cierto es que dichos ahorros eran los fondos de inversión de otros bancos, mismos que al convertirse en deuda pública desde esos años, serán pagados con los impuestos de los mexicanos hasta el 2070.
· 2) La privatización bancaria realizada en el periodo de Carlos Salinas de Gortari es un ejemplo de una de las más grandes redes de corrupción. La privatización de la banca representó el 83% de todas las privatizaciones que se hicieron hasta 1991. Con lo que se denominó "clientelismo político de alta tecnología", las empresas estatales fueron vendidas a particulares que hasta el día de hoy se enriquecen con el negocio de bienes y servicios a precios exorbitantes.
· 3) En diciembre de 2006, con la llegada de Felipe Calderón al mando del Ejecutivo Federal, el gobierno le declaró la guerra al crimen organizado. Para enfrentarlo, la estrategia del presidente fue privilegiar el uso de las fuerzas armadas. De esta manera, entre diciembre de 2006 y enero de 2012 se estima que murieron alrededor de 121.000 personas mediante ejecuciones,
enfrentamientos entre cárteles rivales y agresiones a la autoridad. Este número de víctimas mortales engloba tanto a efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles, como a narcotraficantes. Lo lamentable es que entre los civiles se encuentran defensores de los derechos humanos, periodistas y personas sin identidad o no identificadas que fueron ejecutadas a manos de dichos cárteles.
· 4) También en 2006, se suscitaron una serie de enfrentamientos violentos en la comunidad de San Salvador Atenco, en el Estado de México, entre la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, la Policía Federal Preventiva, la Policía Municipal y los militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), así como de habitantes del pueblo. En dichos enfrentamientos, que tuvieron lugar durante el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador de esta entidad, fallecieron 2 personas, 207 más fueron detenidas de manera arbitraria (entre ellas 10 menores de edad) y 26 mujeres fueron abusadas sexualmente.
· 5) La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” fueron atacados por policías municipales en Iguala, Guerrero, cuando se trasladaban en autobuses rumbo a la Ciudad de México con motivo del aniversario de la matanza del 02 de octubre, por estar presuntamente ligados al crimen organizado. No obstante, la persecución contra estos normalistas se extendió hasta la madrugada del 27 de septiembre, dejando un saldo de: 9 muertos, 17 heridos y 43 desaparecidos. Dos meses después de los desafortunados hechos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aseguró haber descubierto la “verdad histórica”, en la que justificó el uso de la fuerza por parte de los elementos implicados en la desaparición de los estudiantes. Resulta que, de acuerdo con dicha “verdad”, los desaparecidos eran integrantes del crimen organizado, y debido a un ajuste de cuentas, fueron incinerados durante horas en un basurero cercano a esa localidad. Tiempo después, esta insostenible hipótesis fue tajantemente refutada por expertos internacionales en criminología y medicina forense. Además, la investigadora y periodista mexicana, Anabel Hernández García, en su libro “La verdadera noche de Iguala: la historia que el gobierno quiso ocultar”, mediante una exhaustiva y minuciosa investigación comprobó que los estudiantes desaparecidos habían sido interceptados por elementos del ejército debido a que, para su mala suerte, viajaban a bordo de un camión cargado de heroína que tenía que ser entregada en los Estados Unidos.
Por último, es importante recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) estipuló que el resultado obtenido de la consulta vinculará a los poderes Legislativo y Ejecutivo federales, así como a las autoridades competentes, siempre y cuando la
participación total registrada en el padrón electoral sea de al menos 40%, esto quiere decir que para que el juicio contra los exmandatarios pueda realizarse deben de efectuarse al menos 35 millones de sufragios el día del ejercicio participativo. Una meta muy lejana pero no imposible, de ahí la importancia que tiene el participar. ¡Ejerzamos nuestro derecho este 1° de agosto!
Gracias por su lectura.
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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y actual estudiante de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México |
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