El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Reciben 358 trabajadores de la educación pago de póliza del Seguro Institucional, que gobierno estatal les desvía desde el 2010
MEMORANDUM 1.- Todo indica que la coordinación entre la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha comenzado a dar resultados al concretarse un esfuerzo administrativo y financiero que hoy brinda certeza y tranquilidad a cientos de familias veracruzanas. Y es que, 358 trabajadores de la educación recibieron el pago de la póliza del Seguro Institucional, que desde el año 2010 quedó a deber el gobierno de Veracruz. La administración que encabeza la gobernadora Rocío Nahle García hizo el pago a 358 trabajadores de la educación con un monto que supera los 100 millones de pesos. “Este pago histórico representa un paso más hacia un Veracruz más justo, ordenado y con pleno reconocimiento a la labor educativa”, señalaron autoridades. De este modo, la gobernadora Rocío Nahle reafirmó su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto a los derechos laborales de quienes han dedicado su vida a la formación de generaciones. La disposición entre los titulares de la SEV, Claudia Tello Espinosa, y de Sefiplan, Miguel Santiago Reyes Hernández, permitió saldar adeudos rezagados desde hace 15 años, dando respuesta a una demanda legítima del magisterio que durante años permaneció sin solución. “Es un pago histórico del Seguro Institucional que beneficia a cientos de maestros y maestras veracruzanas del 2010 a la fecha”, aseguró Tello Espinosa. Habría que recordar que en la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa se dejó de pagar el Seguro Institucional a los trabajadores de la educación; en respuesta los afectados han organizado manifestaciones y cierres de calles en el centro de Xalapa para exigir a las administraciones estatales que se hagan cargo de la deuda heredada.
Pide diputado local de MC a FGE informar sobre 391 denuncias del Orfis por desvíos de recursos en Veracruz
MEMORANDUM 2.- Para el diputado local de Movimiento Ciudadano, Adrián Ávila Estrada, es necesario que la nueva titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre dé un informe sobre la situación que guardan las denuncias que ha interpuesto el Órgano de Fiscalización Superior por desvíos de recursos ocurridos en los últimos años. El diputado local destacó que ese fue uno de los temas pendientes de la extitular, Verónica Hernández Giadáns, pues nunca se informó sobre algún avance en las denuncias presentadas. Refirió que es necesario saber qué pasó con los más de 36 mil millones de pesos de daño patrimonial de los exfuncionarios de las administraciones estatales que interpuso el Órgano de Fiscalización Superior. "Que ya quedaron fincados y que fueron denuncias levantadas por el ORFIS ante la Fiscalía y que hay 391 denuncias interpuestas y el corte del daño patrimonial, que ya es un daño patrimonial después de las solventaciones que tuvieron los funcionarios públicos", aseguró. Dijo que esa iba a ser una de las preguntas que le iba a plantear a la ahora exfiscal general durante su comparecencia en el mes de enero. "Porque si no, se vuelve impunidad, porque si no se actúa contra los malos funcionarios", concluyó.
Niega juez Leopoldo Toss Capistrán que él diera la orden de desalojo de inmueble de Las Ánimas; pide coordinación entre autoridades
MEMORANDUM 3.- Al advertir que la falta de comunicación entre instancias contribuye a la confusión pública en casos de carácter patrimonial, el juez Leopoldo Toss Capistrán llamó a las autoridades estatales y municipales a reforzar la coordinación institucional y a ofrecer respuestas claras a la ciudadanía en torno al desalojo de una familia en Xalapa. En torno al caso del inmueble ubicado en el fraccionamiento Las Ánimas que generó atención mediática, Toss Capistrán afirmó que lamenta la exposición pública del asunto y aclaró que él “No emitió la orden de desalojo”, al precisar que dejó de ser titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa el 2 de septiembre de 2025. Indicó que la orden de desahucio fue dictada el 29 de octubre de 2025 y que la diligencia se ejecutó el 21 de noviembre del mismo año. Agregó que, mientras aún se desempeñaba como juez, mediante un proveído judicial fechado el 24 de junio de 2025 dejó sin efectos el lanzamiento del inmueble, al considerar que las notificaciones realizadas por la actuaría no se encontraban debidamente perfeccionadas. En ese tenor, el juzgador consideró que debe existir una relación directa entre la Secretaría de Gobierno, a través del Registro Público de la Propiedad, los ayuntamientos mediante los catastros municipales y el foro de abogados postulantes, a fin de que los procedimientos judiciales se desarrollen con información completa y verificable. Toss Capistrán explicó que el sistema jurisdiccional mexicano cuenta con mecanismos de revisión que permiten corregir resoluciones cuando una de las partes considera que una decisión no fue emitida conforme a derecho. Señaló que la impartición de justicia se estructura en dos instancias: la primera, a cargo de los jueces, y la segunda, ante el Tribunal Superior de Justicia, al que se puede acudir mediante los recursos legales previstos. “El diseño institucional del sistema jurisdiccional es precisamente un sistema bi-instancial o de dos instancias”, señaló, al indicar que una resolución dictada en primera instancia puede ser revisada por una sala integrada por tres magistrados, la cual tiene la facultad de confirmar o revocar la sentencia impugnada. En ese tenor, el juez agregó que, además de los recursos jurisdiccionales, existen instancias disciplinarias para quienes consideren que un juez o magistrado se ha apartado de su deber de actuar con apego a derecho. Recordó que esta función estuvo a cargo del Consejo de la Judicatura del Estado y que actualmente corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial, órgano responsable de analizar la conducta de los impartidores de justicia y, en su caso, imponer las sanciones que marca la ley. Por último, Toss Capistrán informó que presentará denuncias ante las instancias competentes para que se investigue un posible uso indebido de documentos oficiales ofrecidos como pruebas dentro del expediente, así como la actuación de quienes los aportaron o participaron en el procedimiento, con el propósito de que se determinen responsabilidades en caso de acreditarse la comisión de actos ilícitos. Así las cosas.

 

CAMPECHE

 

Campeche
Campeche
Campeche
Campeche
Campeche

> Directorio     > Quiénes somos
® Gobernantes.com Derechos Reservados 2010