MEMORANDUM 1.- Fuerzas federales y estatales detuvieron a ocho integrantes de una presunta banda delincuencial en San Andrés Tuxtla, a quienes les aseguraron droga, réplicas de armas, armas de aire, tres motocicletas con reporte de robo, entre otros objetos. Elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano, de la Fiscalía y de la Policía Estatal catearon un domicilio en el municipio referido, donde encontraron a las ocho personas, seis hombres y dos mujeres. Durante la detención les aseguraron diversas dosis de drogas, dos bolsas de cristal, cinco réplicas de arma corta, dos armas largas de aire, cartuchos, cargadores, dos radios, dos chalecos tácticos, una fornitura y una mira telescópica. Además, las fuerzas federales y estatales aseguraron tres motocicletas con reporte de robo. Cabe mencionar que los detenidos, la droga, armas, demás objetos y unidades con reporte de robo, serán puestas a disposición de las autoridades judiciales, las cuales determinarán la situación jurídica de los detenidos...EN LOS PRIMEROS minutos de la madrugada de este viernes, se incendió una miscelánea de la unidad habitacional Nuevo Xalapa, esto debido a un corto circuito en la instalación eléctrica de un refrigerador. Algunos residentes de la privada Colmerillos notaron un olor intenso a plástico quemado y, segundos después, las llamas comenzaron a asomarse desde el interior del establecimiento. Sin tiempo para especular, dieron aviso inmediato al Cuerpo de Bomberos de Xalapa mientras, en paralelo, intentaban contener el avance del incendio. Con mangueras domésticas y cubetas, varios habitantes se organizaron de manera improvisada para arrojar agua sobre el punto donde se originaron las llamas. Aunque las llamas alcanzaron parte del mobiliario y el área eléctrica del negocio, no lograron extenderse al resto de la miscelánea ni a los inmuebles cercanos, gracias a la rápida intervención de los vecinos. Para cuando los bomberos arribaron al lugar, el incendio ya había sido parcialmente contenido, lo que permitió una extinción rápida y sin mayores complicaciones. Los elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de enfriamiento y revisión para descartar riesgos de reactivación. Minutos después, paramédicos del Escuadrón Nacional de Rescate confirmaron que no había personas lesionadas ni intoxicadas por humo. El saldo fue únicamente material, concentrado principalmente en el área del refrigerador y la instalación eléctrica dañada por el corto circuito.

23 de Enero de 2026 / 13:36:09

Twittear

MEMORANDUM 2.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el Estado compense la incautación de bienes que vendió a través de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), pero que el pago se calcule a precio de subasta y no a su valor real. Por siete votos contra dos, se aprobó el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra que declaró constitucional el artículo 27 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, el cual limita el resarcimiento económico al valor obtenido en subasta. Argumenta la ponente: “El Estado puede disponer de bienes mientras no exista resolución judicial firme que anule ese acto administrativo. También se señala que el Instituto actúa dentro de sus facultades para administrar y conservar de bienes públicos orientadas a obtener el mayor valor y las mejores condiciones de enajenación, por lo que el procedimiento de venta es razonable y no implica un menoscabo del derecho de propiedad del particular”. El caso fue analizado por la Corte mediante el amparo directo en revisión 2784/2025, relativo al juicio promovido por una mujer que impugnó la norma tras la incautación, en junio de 2017, de un vehículo de procedencia extranjera por la Subadministradora de la Aduana de Dos Bocas del Servicio de Administración Tributaria, así como la imposición de un crédito fiscal de 97 mil 945.66 pesos. El automóvil fue vendido en subasta pública por el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), hoy INDEP, en marzo de 2018, pese a que una Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) declaró ilegal la resolución administrativa y ordenó su devolución, criterio que fue reiterado en octubre de ese mismo año. Ante la imposibilidad de recuperar el vehículo, la mujer solicitó en noviembre de 2020 un resarcimiento económico, e impugnó la norma con el argumento de que el hecho constituye una afectación patrimonial injustificada. En enero de 2024, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que el pago debía calcularse con base en el precio de subasta, resolución que ella impugnó y que derivó en el amparo concedido por un Tribunal Colegiado en agosto de ese año. El asunto llegó posteriormente a la Suprema Corte luego de que la Secretaría de Hacienda impugnara esa sentencia. El máximo tribunal resolvió que el artículo cuestionado es constitucional, revocó el amparo otorgado y devolvió el expediente al Tribunal Colegiado para que emita una nueva resolución conforme a ese criterio.

23 de Enero de 2026 / 13:20:03

Twittear

MEMORANDUM 3.- Pateando su discurso de austeridad, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adquirió nueve camionetas tipo Jeep, según porque las unidades que usaban las ministras y ministros ya no cumplían con las medidas para garantizar su seguridad e integridad personal ante la alta responsabilidad que desempeñan. Otra muestra de que nunca han odiado los privilegios, solo odian no ser ellos quienes los reciben. Las nuevas camioneta Jeep Cherokee, una para cada ministro, tienen un precio en el mercado que oscila entre un millón 70 mil pesos y un millón 777 mil pesos, sin considerar posibles adecuaciones como blindaje. El alto tribunal justificó la medida por razones de seguridad, al tratarse de vehículos modelos 2019 y 2020. Su reemplazo es parte de un proceso en marcha para la renovación de una flotilla más amplia, aunque no se ha precisado el número de unidades. “La SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades. Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”. “La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.”, indica la Corte en una tarjeta informativa. No que muy cercanos al pueblo que sería la pura austeridad, les urgia hacer uso de los privilegios que tanto criticaron. Pero justifica la medida con base en una norma interna, el Acuerdo General de Administración 2019, que en su artículo 32 establece que “el reemplazo de los vehículos utilizados para apoyo de la Dirección General de Seguridad podrá realizarse una vez que hayan cumplido cuatro años de servicio o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras”, previo dictamen la misma dirección. “Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido. Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, concluye la tarjeta.

23 de Enero de 2026 / 13:00:40

Twittear