Aprueban Ley Federal de Derechos con aumentos en cuotas migratorias y acceso a museos: la 4T ya no encuentra de donde sacar más dinero
MEMORANDUM 3.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Derechos, que forma parte del Paquete Económico 2026 y que actualiza cuotas por servicios del Estado para obtener una recaudación por encima de los 157 mil millones de pesos. Con 352 votos a favor de Morena y aliados y 133 en contra, el miércoles se avaló sin cambios la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación. La ley actualiza y establece nuevas cuotas por servicios que presta el Estado mexicano en áreas como migración, finanzas, sanidad, telecomunicaciones, aeronáutica, uso del agua y acceso a bienes culturales como museos y zonas arqueológicas. En materia migratoria, por ejemplo, el costo para visitantes extranjeros sin permiso para trabajar pasará de 860 a 983 pesos. Para residentes temporales, las tarifas aumentan de forma escalonada: de 5,328 a 11,740 pesos por un año; de 7,984 a 16,693 pesos por dos años; de 10,112 a 21,142 por tres años; y de 11,984 a 25,907 pesos por cuatro años. En el caso de los residentes permanentes, el pago sube de 6,494 a 13,578 pesos. También se establecen nuevos cobros, como el derecho por autorización para visitar embarcaciones en navegación de altura, como los cruceros, que tendrá un costo de 297.89 pesos. Además, se cobrará 294.01 pesos por la expedición del formato de autorización de salida del país para niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica. Los ajustes también alcanzan al acceso a museos y zonas arqueológicas. En algunos casos, los incrementos superan el 100 por ciento. En los sitios clasificados como Categoría I, que incluyen recintos emblemáticos como Teotihuacán, Tulum, Monte Albán o el Museo Nacional de Antropología, el boleto sube de 95.58 a 209.09 pesos. En la Categoría II, que comprende sitios como Comalcalco, Dzibanché y Malinalco, la entrada pasa de 78.71 a 156.75 pesos. Para la Categoría III, en donde se encuentran lugares como La Venta e Izapa, la cuota se eleva de 73.09 a 143.69 pesos. Además, se crea una nueva Categoría IV con una tarifa fija de 104.50 pesos, para zonas como Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún. En el sector aeronáutico, el servicio de certificación mediante vuelos de inspección de ayudas a la navegación aérea aumenta en 57 por ciento, pasando de 134 mil a 211 mil 618 pesos por hora de vuelo. Asimismo, la expedición de certificados de capacidad, licencias o permisos para personal aeronáutico sube hasta en un 20 por ciento, mientras que los certificados de aeronavegabilidad aumentan en un 32 por ciento. Por su parte, los servicios de inspección y vigilancia que brinda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a entidades financieras tendrán un alza del 16 por ciento. En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma reconoce el derecho de grupos comunitarios y afromexicanos a la exención del pago por el uso del espectro radioeléctrico cuando este se utilice con fines culturales, científicos, educativos o comunitarios, siempre que no persigan fines de lucro. En cuanto al uso del agua y bienes nacionales, la reforma elimina algunas exenciones previamente otorgadas, como las relacionadas con el pago de derechos sobre el agua. Se actualizan las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar. También se establece que los establecimientos nacionales deberán cubrir los derechos correspondientes a las visitas de verificación sanitaria, equiparando sus obligaciones con las de los establecimientos extranjeros. Según el diputado morenista Francisco Javier Estrada Domínguez, el objetivo es que las cuotas “sean un reflejo con el costo real de los servicios públicos”, mejorar la política migratoria, modernizar trámites y fortalecer sectores estratégicos. Por su parte, la morenista Juana Acosta Trujillo aseguró que la reforma permite “una administración pública más justa, eficiente y cercana a la ciudadanía”, mientras que el diputado del Partido Verde, Óscar Bautista Villegas, argumentó que la reforma representa una “decisión política responsable” para garantizar la sostenibilidad ambiental y una distribución más justa de los ingresos públicos. La oposición calificó la reforma como una ley recaudatoria que golpea a los sectores más vulnerables. La diputada panista Noemí Luna afirmó que se aumentan cuotas hasta del cien por ciento en trámites migratorios, sin que los beneficios lleguen a la población. “La política económica del gobierno es totalmente recaudatoria”, advirtió. La diputada del PRI Ana Isabel González señaló que se trata de “una ley de impuestos disfrazada para pegarle a los más pobres”.