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XALAPA.- Considerado como el último recurso para evitar que la revocación de mandato en la entidad se convierta en una "letra muerta" debido a la inacción de los diputados locales y las autoridades electorales, ante la falta de leyes secundarias que permitan a la ciudadanía ejercer el derecho a la revocación de mandato, el abogado electoral Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo anunció que promovió un juicio de amparo indirecto ante instancias federales el pasado martes 5 de mayo. La demanda señala una "omisión estructural" por parte del Congreso Local y el Poder Ejecutivo del Estado, de quienes dijo que han mantenido este mecanismo de participación ciudadana solo de forma documental, pero sin vías reales para su aplicación en territorio veracruzano. De acuerdo con el recurso jurídico, el Poder Legislativo dispone de un plazo crítico de aproximadamente 55 días para aprobar la normativa correspondiente antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones. En ese tenor, De la Torre Jaramillo advirtió que, de no legislarse en este tiempo, los más de 6.1 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Veracruz quedarían imposibilitados para solicitar este ejercicio democrático durante el presente sexenio, vulnerando el artículo 35 de la Constitución. El promovente explicó que la demanda no solo va dirigida contra las autoridades estatales, sino que incluye al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sostuvo que estas instancias han permitido un escenario de incertidumbre jurídica al no garantizar la tutela efectiva de los derechos políticos. En el documento argumenta que el Estado no puede reconocer un derecho constitucional y, simultáneamente, impedir su ejercicio mediante retrasos institucionales y formalismos. La demanda sostiene que los derechos políticos deben contar con mecanismos judiciales eficaces y no ser solo una promesa formal en el texto constitucional. Al respecto, el abogado citó precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltando que la falta de legislación secundaria en Veracruz constituye una barrera que invalida la soberanía popular establecida en la máxima ley del país. De la Torre Jaramillo fue enfático al señalar que, si la justicia federal en México no garantiza este derecho, el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El argumento central es la violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual protege la participación política de los ciudadanos. "El problema ya no es únicamente legislativo; es una falta de voluntad institucional para que la gente decida sobre sus gobernantes", lamentó. El amparo, presentado en juzgados federales con sede en Veracruz, busca que un juez ordene de inmediato al Congreso local dar celeridad a la creación de las leyes secundarias. Así las cosas.
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