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| Amplían denuncias por supuesta 'narco-elección' en Sinaloa: Organización acusa a 55 políticos, incluyendo a Quirino Ordaz y alcaldes. | ||||||
| La denuncia también apunta hacia la estructura local del partido Morena, incluyendo a 17 de los 18 alcaldes electos en 2021, así como a todos los diputados locales y federales de mayoría relativa que ganaron en ese proceso electoral, argumentando que se beneficiaron de la intervención del cártel. | ||||||
| Jueves 07 de Mayo de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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El abogado Miguel Alfonso Meza, fundador de la organización y del proyecto “Narcopolíticos”, señaló que las autoridades mexicanas han encubierto estos nexos y que la justicia no debe esperar a que el país vecino actúe. “No es posible que dependamos de la presión de otro país para que estos narcos políticos enfrenten la justicia”, declaró al acudir a las oficinas de la FGR para presentar formalmente una denuncia. Esta denuncia “masiva” a nivel nacional ocurre en medio de una fuerte tensión diplomática entre los Estados Unidos y México. Apenas a finales de abril, el gobierno estadounidense hizo pública la solicitud de extradición contra el gobernador Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros mandos de seguridad por supuestamente proteger las operaciones de fentanilo del Cártel de Sinaloa. Frente a esto, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha exigido a Estados Unidos presentar “pruebas claras” de la urgencia para proceder con las detenciones, advirtiendo que no permitirá injerencias extranjeras. Apuntan a políticos por nexos con Los Chapitos A los 10 funcionarios ya señalados por el Departamento de Justicia estadounidense, la organización sumó a otras 45 personas. Entre los nuevos denunciados, destaca el exgobernador priista Quirino Ordaz Coppel (2017-2021), a quien acusan por presuntamente haber entregado el estado y permitir la operación del grupo criminal conocido como “La Chapiza”, integrado por los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. “Después de entregarles el estado y de permitirles operar impunemente con La Chapiza en la elección de 2021, le dieron una embajada como premio de consolación y también como una forma de exiliarse con todos los lujos en el exterior”, aseguró Meza. La denuncia también apunta hacia la estructura local del partido Morena, incluyendo a 17 de los 18 alcaldes electos en 2021, así como a todos los diputados locales y federales de mayoría relativa que ganaron en ese proceso electoral, argumentando que se beneficiaron de la intervención del cártel. El caso del exsecretario de Economía y jóvenes desaparecidos Un señalamiento especialmente grave recae sobre Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía durante el gobierno de Rocha Moya, quien renunció a su cargo tras la desaparición de Carlos Emilio, un joven de Durango que fue visto por última vez en el bar Terraza Valentino de Mazatlán, propiedad del político. En su denuncia, la organización Defensorxs señaló a Velarde precisamente por ser dueño de bares y restaurantes en donde presuntamente operaba “La Chapiza” para vender drogas, comercializar vapeadores y almacenar armas. Meza afirmó que Velarde fue parte del pacto entre el gobierno de Sinaloa y el crimen organizado: “En esos negocios del exsecretario de Economía de Rubén Rocha Moya es donde han desaparecido al menos 5 jóvenes”, agregó. Los delitos y la exigencia ciudadana contra el “carpetazo” Leonardo Zúñiga, abogado de la organización, detalló que la denuncia penal abarca la presunta comisión de delitos como delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos electorales. Por este motivo, solicitaron a la FGR que atraiga todas las denuncias presentadas a nivel local durante la elección de 2021. El objetivo central de la organización en este proceso judicial es ser reconocida legalmente como “víctima” para tener acceso al expediente y evitar que las autoridades cierren el caso en la opacidad. “Se afectó el derecho a la ciudadanía de votar libremente; se afecta el derecho a tener servicios de seguridad públicos imparciales e independientes, y se afecta el derecho humano de la sociedad a vivir en un ambiente libre de corrupción”, argumentó el abogado. Además, con este reconocimiento legal buscan “impugnar determinaciones del Ministerio Público y que la sociedad no se quede indefensa y que alguien pueda vigilar qué es lo que está haciendo la Fiscalía”. Para nutrir la carpeta de investigación, la organización abrió un canal de comunicación (info@narcopoliticos.com) para recibir testimonios y evidencias de ciudadanos afectados, informando que ya acompañan legalmente a dos madres de jóvenes asesinados y desaparecidos en Sinaloa. |
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