Exigen pueblos indígenas participación estructural en decisiones del Estado

sábado 21 de marzo de 2026

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Exigen pueblos indígenas participación estructural en decisiones del Estado.

En un pronunciamiento, signado por Indigenous Peoples Rights International, IPRI capítulo México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio- México, remarcan que “nuestra participación no debe ser eventual sino estructural y permanente”.

Sábado 21 de Marzo de 2026

Por: La Jornada

Foto: Maria Luisa Severiano

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CDMX.- En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora hoy 21 de marzo, diversas agrupaciones defensoras de derechos humanos y colectivos indígenas y comunitarios señalan que “es indispensable el reconocimiento y garantía de nuestra participación en las políticas y decisiones que nos afectan.”

En un pronunciamiento, signado por Indigenous Peoples Rights International, IPRI capítulo México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio- México, remarcan que “nuestra participación no debe ser eventual sino estructural y permanente”.

Asimismo, advierten que “la política hacia los pueblos indígenas no puede circunscribirse sólo a transferencias monetarias, programas temporales, folklor o programas asistenciales de voluntad sexenal”.

Y es que durante décadas la política indígena ha “oscilado entre el reconocimiento discursivo y la administración asistencialista; sin embargo, en el marco jurídico nacional e internacional existen bases suficientes para una transformación profunda en la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, más allá de coyunturas o políticas sexenales.”

Recuerdan que el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas, reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía, el respeto a sus formas propias de organización y sus sistemas normativos, un derecho reconocido gracias a la lucha de todos los pueblos organizados del mundo.

De igual a forma, las recientes reformas legislativas a nivel nacional y algunas prácticas institucionales han reconocido a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho público, “lo cual valoramos como avance, pero insuficiente, ya que al parecer quiere reducirse a la transferencia de recursos más allá del reconocimiento integral como sujeto político de derechos y con autonomía.”

Las organizaciones demandan “reconocimiento de su aporte a la construcción, fortalecimiento y preservación de nuestro sistema de organización política, por ser los guardianes de la mayor diversidad y por nuestro sistema de conocimiento milenario que ha perpetuado la vida y con el cobijo del marco internacional y nacional vigente.”

En tal sentido exigen al Estado el reconocimiento de los sistemas de gobierno y justicia que emergen desde nuestros pueblos. Nuestra justicia antepone la reparación del daño antes de ser punitiva como lo hace el sistema estatal y es necesario aprender de ella” y respeto al territorio que es un activo de vida y no una mercancía. Por ello se pronuncian por un “alto a la imposición de megaproyectos, presas, minas, trenes en territorios indígenas que nos despojan del bien vivir y afectan gravemente la red de la vida.”

Además exponen que es urgente el establecimiento de mecanismos permanentes y vinculantes de consulta conforme lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como que “los compromisos no se diluyan en discurso, que se traduzcan en políticas públicas claras y sostenibles, diseñadas con la participación de los pueblos indígenas, que materialicen condiciones de vida dignas.”

Exigen un alto a la criminalización, desaparición y asesinato a las y los defensores del territorio; no más desplazamiento forzado de personas indígenas, esto afecta gravemente a las mujeres y niñez, nos despoja de nuestra identidad y tejido colectivo y la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2º constitucional.

Precisan que ese reglamento garantizará que los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicano “no queden en declaraciones, sino que se traduzcan en normas vinculantes que aseguren su ejercicio efectivo en ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales.”

Eso fortalecerá la libre determinación, participación, preservación de territorios y formas de organización, en cumplimiento con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, “esta es una demanda urgente que no puede postergarse más.”

Consideran que también es “urgente” el establecimiento de medidas y acciones para una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas, con “mecanismos claros, medidas y acciones sustantivas que trasciendan las coyunturas electorales. Esto ya no es opción política sino una obligación legal e histórica de un país que se enuncia democrática.”

Dejan en claro que los pueblos indígenas “no solicitamos privilegios”, sino que exigen el cumplimiento pleno del orden constitucional y convencional vigente.

“Es urgente dar pasos firmes hacia el cumplimiento pleno de los derechos indígenas. Alto a la discriminación racial. No buscamos permiso para ser lo que ya somos, buscamos que la Constitución deje de ser un espejo que no nos refleja.”

También firman el documento el Colectivo Emancipaciones, el Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, Consultoría Técnica Comunitaria,Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Servicios para una Educación Alternativa.