En audiencia pública, abogados y especialistas piden corregir Ley de Amparo

viernes 10 de octubre de 2025

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En audiencia pública, abogados y especialistas piden corregir Ley de Amparo.

En la primera audiencia pública organizada por las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, expusieron sus puntos de vista y señalaron los errores

Viernes 10 de Octubre de 2025

Por: El Heraldo de México

Foto: Cuartoscuro .

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Ciudad de México.- Especialistas en derecho señalan que la Ley de Amparo aprobada por el Senado de la República, registra diversas fallas para la aplicación de las leyes, viola los derechos y garantías y pone en indefensión a los ciudadanos ante los actos de autoridad.

En la primera audiencia pública organizada por las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, expusieron sus puntos de vista y señalaron los errores, incluso de técnica legislativa que contiene la minuta que está en poder de la Cámara baja.

Juan Pablo Gómez Fierro, ex juez de distrito en materia administrativa y telecomunicaciones, quien propuso que se elimine el concepto de “interés público”, indicó que la reforma no fortalece la justicia en México, la debilita, porque quita de manos de los ciudadanos, un instrumento que ha servido históricamente para defenderse de los actos de la autoridad, que es el juicio de amparo, al eliminar la suspensión del procedimiento legal.

“Sin suspensión no hay amparo, se pierde la eficacia del juicio y dejará de ser un instrumento de protección de derechos humanos; si debilitamos la suspensión, todos quedaríamos expuestos a actos arbitrarios de autoridad sin un mecanismo como es la suspensión, en muchos casos no nos serviría de nada ir a un juicio de amparo y obtener una resolución favorable porque para entonces el acto se habría ejecutado ya en su totalidad, lo que impedirá restituir al quejoso el goce del derecho violado.

El abogado Andrés Aguinaco Gómez Mont, reconoció la necesidad de que se investigue a personas que pueden realizar operaciones dudosas, o que tengan recursos que no se puedan justificar, pero resaltó la necesidad de modificar la ley propuesta para salvaguardar las garantías y proteger de la persecución que se lleva a cabo por parte de algunas instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que persigue a personas, sin efectuar un proceso judicial ni justificar señalamientos ni acusaciones.

“Pero la realidad es que la UIF, y hay buenos estudios, con falta de salvaguardas, con falta de revisión de jueces, está persiguiendo a mucha gente que no debiera, ha perseguido a activistas, ha perseguido a opositores políticos, en esta Cámara hay diputadas que están siendo perseguidas por la UIF, y jueces también. Entonces, la UIF si se excede de sus facultades y esas garantías de acceso a la Judicatura precisamente son salvaguardas para que no se pase, no hay que descafeinar ese cuidado que dan las medidas cautelares”, argumentó.

En su oportunidad, José Barrios Moreno, abogado por la Escuela Libre de Derecho y socio vicepresidente del Consejo Directivo de Reinserta, pidió a los diputados actuar con cautela y no legislar desde extremos ni perder de vista una visión integral de las consecuencias que podrían derivarse con esta propuesta, ya que limitar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, puede tener impacto profundo en el ejercicio y la protección de derechos fundamentales de los mexicanos.

Propuso modificar el artículo 129 fracción décimo sexta sobre la suspensión, en cuanto a la limitación que establece que ninguna suspensión puede implicar permitir al particular continuar con actividades o servicios que requieran permisos, autorización o concesión, porque hay riesgos para impedir la defensa de los acusados.

“Desde mi perspectiva mantener la redacción actual del dictamen equivale a entregar un cheque en blanco a las autoridades para revocar permisos, autorizaciones o concesiones y puede ser de manera arbitraria, dejando al particular sin un medio de defensa efectivo y en algunos casos, el pronunciamiento judicial en una sentencia definitiva llegaría demasiado tarde para poder reparar el daño al quejoso e incluso a terceros”, señaló

A pregunta del presidente de la Comisión de Justicia, Julio Cesar Morena, de cómo perfeccionaría la redacción de la fracción 14 del artículo 129 de la Ley de Amparo que habla de la suspensión, para evitar el conflicto de la distinción entre operaciones de procedencia ilícita y las lícitas, el abogado Víctor Manuel Solís, propuso que se debe suprimir del texto, porque se incurre en una error de técnica legislativa ya que, el Estado, cuenta con procedimientos para llevar a cabo acciones de manera precautoria, sin violentar la ley.

Ejemplificó también con el caso de la UIF, que cuando investiga a personas físicas o morales puede integrar un expediente con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y sin la necesidad de incurrir en violaciones, acudir al ministerio público e iniciar un proceso para poder congelar los recursos a quienes presuntamente incurren en un ilícito.

“Si la Unidad puede obtener esta información directamente desde la Comisión y otras instituciones, fácilmente puede integrar su expediente y proponer al ministerio público, la apertura de una carpeta de investigación, a partir de una denuncia. Hasta este momento, el particular, el dueño del negocio, no está enterado que los están investigando, y subrayo esta parte, porque entiendo que lo que le debe preocupar al Estado, es que ese sujeto retiro los fondos y se vaya con esos fondos, entonces en el momento en que queramos incautarlos, pues ya no pueda porque ya no hay”, expuso.

Al término de la mesa de trabajo, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Morena informó que, el próximo lunes en comisiones unidas, se va a dictaminar la Ley de Amparo, y no descartó que, como Cámara revisora, lleven a cabo otros cambios profundos como ya se hizo con la eliminación de la retroactividad que se aprobó en el Senado de la República.

“Claro que, no solamente hay disposición (de hacer cambios profundos), sino que, como Cámara Revisora tenemos la obligación de hacer nuestro papel como Cámara Revisora sobre una minuta que bien del Senado, y que, pue si bien es cierto, nosotros de saque, nosotros ya estamos proponiendo modificar el transitorio de la retroactividad”, indicó.

Señalar que de los 15 que se inscribieron para participar en esta primera audiencia pública, sólo llegaron 9. Este sábado se llevará a cabo la segunda de 3 mesas convocadas, ahora con el tema de Interés Legítimo.