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XALAPA.- Una prueba de que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son imparciales, es que a pesar de que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez,– en un acto de abierta traición a la plataforma electoral de la alianza opositora -, votó a favor de la Reforma al Poder Judicial que sustituirá a los ministros, jueces y magistrados, su esposa, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes, ganó una controversia constitucional en contra del Congreso del Estado por ser omiso en realizar reformas que permitan al ayuntamiento el manejo libre y autónomo de sus recursos. Lo anterior, debido a que actualmente, para muchos de los temas relacionados con el manejo de los recursos públicos de los ayuntamientos, primero deben pasar por una solicitud de la Comisión Legislativa de Hacienda Municipal, donde se analiza su factibilidad, y en dado caso, elaborar un dictamen que sea sometido al pleno de los diputados. La controversia fue promovida en el año 2020, pero ante las suspensiones de labores de las últimas semanas de ministros y empleados del Poder Judicial Federal apenas se resolvió y notificó, para que sea la actual Legislatura la que realice modificaciones a la Constitución Política del Estado. Originalmente se tenía previsto que se ordenara a la pasada Legislatura, la que ya concluyó y que encabezó el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, pero por las razones expuestas apenas se hizo la notificación a los nuevos diputados. El origen de la controversia es porque el Ayuntamiento de Veracruz expuso que el Congreso del Estado nunca armonizó una reforma a la Constitución Política de México, en su artículo 115, donde se habla de la autonomía de los ayuntamientos para el manejo de sus bienes, incluidos los inmuebles para poder ser vendidos sin pasar por autorización de los diputados. Y es que, actualmente, para muchos de los temas respecto al manejo de los recursos públicos de los ayuntamientos, deben pasar primero por una solicitud de la Comisión Legislativa de Hacienda Municipal, donde se analiza su factibilidad, y en dado caso, elaborar un dictamen que sea sometido al pleno de los diputados. Este proceso, aseguró el Ayuntamiento de Veracruz, es indebido e inconstitucional, porque el Congreso local nunca armonizó la reforma federal, y por ello obtuvo una sentencia favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los diputados locales legislen en ese sentido.
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