| Los únicos municipios, a los cuales no se les detectó un mal uso de los recursos fueron Acajete, Alto Lucero, Banderilla, Boca del Río, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Coatepec, Comapa, Córdoba, Hueyapan de Ocampo, Juchique de Ferrer, La Antigua, Nanchital, Pueblo Viejo, Tamalín, Tepatlaxco y Tlalnelhuayocan. |
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XALAPA.- De acuerdo con el Informe General de Resultados de la Cuenta Pública 2022, que presentó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, ante el Congreso del Estado, sólo 17 ayuntamientos demostraron un ejercicio adecuado de los recursos públicos, lo que significa que en más del 90 por ciento de los ayuntamientos del Estado se detectó un presunto daño patrimonial. Los únicos municipios, a los cuales no se les detectó un mal uso de los recursos fueron Acajete, Alto Lucero, Banderilla, Boca del Río, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Coatepec, Comapa, Córdoba, Hueyapan de Ocampo, Juchique de Ferrer, La Antigua, Nanchital, Pueblo Viejo, Tamalín, Tepatlaxco y Tlalnelhuayocan. El resto de los 195 ayuntamientos sí cuentan con un presunto daño patrimonial en menor o mayor medida, entre los cuales destacan Veracruz, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Pánuco y Martínez de la Torre, entre otros. Sin embargo, será hasta el próximo martes, cuando los informes individualizados de cada uno de los ayuntamientos con presunto daño patrimonial se hagan públicos, y entonces se podrá conocer el monto detallado de cada uno de ellos. Hasta el momento, la suma global de los 195 ayuntamientos con presunto daño patrimonial supera los mil 305 millones de pesos. Entre las principales irregularidades detectadas están cuentas bancarias no registradas contablemente, cancelación de cuentas sin soporte documental, pagos de remuneraciones superiores a lo que establece el tabulador y falta de evidencia justificativa y suficiente que ampare las erogaciones por conceptos de arrendamientos de maquinaria o vehículos, servicios de asesoría jurídica y/o contable, entre otros. También detectaron expedientes unitarios incompletos y contratos sin firmas; adquisiciones de bienes o servicios sin evidencia del procedimiento de licitación correspondiente. En el caso de la obra pública, igualmente detectaron falta de documentación comprobatoria del gasto, así como falta de factibilidad técnica de los proyectos emitida por las entidades operadoras o proveedoras de los servicios.
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