De Veracruz al mundo
Tras críticas, Rosario Piedra analiza nueva propuesta para Comité Técnico.
Señaló que si bien el procedimiento para el nombramiento de Puga Luévano, ama de casa, se realizó apegado a las normas internas de la CNDH y a los requisitos de ley, subrayó que “no seremos nosotros quienes enrarezcamos ese proceso, trascendental para el país”.
Martes 27 de Diciembre de 2022
Por: La Jornada
CDMX.- Luego de las críticas que recibió y su posterior defensa al nombramiento de María del Socorro Puga Luévano como integrante del Comité Técnico de Evaluación, que seleccionará a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que su presidenta Rosario Piedra Ibarra revisa esta designación y analiza una nueva propuesta.

Señaló que si bien el procedimiento para el nombramiento de Puga Luévano, ama de casa, se realizó apegado a las normas internas de la CNDH y a los requisitos de ley, subrayó que “no seremos nosotros quienes enrarezcamos ese proceso, trascendental para el país”.

Por eso, agregó, “para evitar suspicacias y abonar a la confiabilidad y transparencia en la nueva integración del INE, estamos analizando ya una nueva propuesta, a someter a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados”, que encabeza el proceso de elección de los nuevos consejeros.

Cabe recordar que tras la designación de Puga Luévano, quien tiene certificación en yoga de la risa por Hilarante México Filosofía, y del investigador Ernesto Isunza Vera, los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional acusaron que ésta se hizo “en total opacidad” y senadores del PAN señalaron que los perfiles son afines a Morena.

En un comunicado difundido hoy, la CNDH manifestó que con la revisión de dicho nombramiento “mantiene y refrenda su compromiso con la legalidad, y con la aspiración de favorecer un ejercicio progresivo de los derechos político-electorales, como demanda la mayoría del pueblo de México”.

Expresó que su único interés, “es contribuir a asegurar las condiciones que garanticen el derecho pleno a la democracia, en el sentido de fortalecer al INE como lo que debe ser, un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, alejado por completo del control gubernamental y de los intereses partidistas”.

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