XALAPA.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y libertad personal, en agravio de cuatro salvadoreños en contexto de migración en Acayucan. A través de una queja presentada el 9 de junio de 2022, el cónsul general de El Salvador manifestó que cuatro de sus connacionales han permanecido en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Acayucan desde el 22 de abril y 8 mayo de 2022, respectivamente. Personal adscrito a la FGR ordenó a servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) mantener a las personas migrantes en ese recinto, por ser consideradas víctimas de delito en dos carpetas de investigación, mismas que fueron indiciadas por transporte de personas extranjeras por el territorio nacional con fines de lucro, de lo cual fueron víctimas las cuatro personas. Al negarse a presentar denuncia de hechos en contra de quienes tienen la calidad de indiciados, se obligó a permanecer detenidas, sin considerar que desde el principio refirieron que no tuvieron más que manifestar. Tras solicitar la información a la FGR para valorar los hechos desde lo jurídico, la CNDH acreditó que las personas servidoras públicas vulneraron el derecho a la libertad personal de las cuatro personas en situación de migración, ya que fueron retenidas sin causa justificada, lo cual se agravó con el hecho de que se encuentran en situación de víctimas y testigos de delito. Por la anterior, la CNDH solicitó a la FGR que inscriba a las personas agraviadas en el Registro Nacional de Víctimas y que proceda a la reparación integral del daño que se les causó, la cual deberá incluir una compensación justa y el otorgamiento de la atención médica y psicológica que requieran. De igual forma solicitó su colaboración con el Órgano Interno de Control de la FGR en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que la Comisión presentó en contra de las personas servidoras públicas implicadas en los hechos. También deberá impartir un curso de formación en derechos humanos, dirigido a los agentes del Ministerio Público Federal y de Policía Ministerial adscritos a la Subsede Cosamaloapan, de la delegación de la FGR en Veracruz, en particular a las personas servidoras públicas que participaron en los hechos. El curso deberá ser efectivo para prevenir hechos similares a los del presente caso. Por último, la CNDH pidió que se actualice el Protocolo de Actuación Ministerial de Investigación de Delitos Cometidos por y en contra de Personas Migrantes en Condición de Vulnerabilidad y de aquellas sujetas a Protección Internacional en Territorio Nacional de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de esa Fiscalía.
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