XALAPA.- La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) clausuró el tiradero a cielo abierto del municipio de Tierra Blanca, actualmente gobernado por Álvaro Gómez Flores, surgido del PT-PVEM-Morena. Y es que, en junio de 2019, la PMA dictó resolución administrativa al Ayuntamiento de Tierra Blanca por la actividad de tiradero a cielo abierto, ubicado en el camino al Jícaro y carretera a San Joaquín y le dio un plazo de 15 días para que aplicara un programa de medidas y acciones de mitigación ambiental y con ello disminuir el pasivo ambiental en el sitio. También le ordenó al Ayuntamiento que en un corto plazo ubicara un nuevo sitio para el nuevo basurero municipal y dar aviso de su ubicación física, así como presentar en seis meses un programa de reforestación en la zona para disminuir efectos del cambio climático y afectaciones al ambiente por mal manejo del tiradero a cielo abierto. Además, acondicionar una laguna de lixiviados con geomembrana; instalación y delimitación de celdas de recopilación de desechos y respiraderos para salidas de biogás, así como un programa municipal de concientización ambiental en la ciudadanía, sobre el correcto manejo de los desechos y residuos sólidos urbanos generados en casa, industria y comercio, además de establecer una correcta separación de los residuos por parte de la empresa encargada del servicio de recolección. No obstante, para abril de 2022 la PMA realizó verificaciones al tiradero, se constató que el Ayuntamiento de Tierra Blanca ni la empresa encargada de la recolección y disposición de basura, Comercializadora Bertocal del Sur S.R.L de C.V., cumplieron con las medidas, por lo que ambas son causantes del daño ambiental. Por ello, el Ayuntamiento y la empresa ya no podrán verter en el sitio los residuos sólidos urbanos; deberán aplicar proyectos de clausura y remediación del sitio en un tiempo que no exceda los 18 meses y, emitir reportes mensuales de seguimiento de avance en la aplicación de dichos proyectos. Además de controlar los lixiviados y canalizarlos a la Laguna de lixiviados con capacidad que garanticen la recepción de lo generado en las celdas de depósitos; ejecutar programa de reforestación en el área impactada o en sitios asignados en coordinación con la Procuraduría, que considere la preservación de los ecosistemas. Deberán de recolectar, disponer, compactar y cubrir los residuos para garantizar que no se dispersen; implementar un sistema de biogás con mantenimiento y monitoreo constante de las emisiones. Además, programas de contingencias y emergencias ambientales que contemple las etapas de operación y clausura definitiva del sitio; dar mantenimiento al canal desazolvándolo tomando en cuenta medidas sanitarias y de seguridad, garantizando que puedan fluir los lixiviados sin sobrenadantes hacia la laguna de lixiviados; entre otras medidas.
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