XALAPA.- Aunque el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a través del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), afirmó que el Gobierno de Veracruz avanzó más de 25 por ciento en la calificación respecto a la transparencia y buenas prácticas presupuestales, “derivado de un esfuerzo por alinear los intereses de la población con los de la autoridad, transparentando la información y permitiendo que el pueblo tenga acceso a saber cuánto, cómo y en qué se gasta el dinero público, lo cual genera confianza entre los gobernados”, hay quienes dicen que en los hechos no todo es miel sobre hojuelas, pues existen zonas de opacidad en la administración estatal, relacionadas con contratos de obra o adjudicaciones directas a determinadas empresas, por decir lo menos. Como fuera, el organismo presume que la administración estatal avanzó 25.86 % en el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), del bienio yunista al tercer año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez. En ese tenor, el IMCO refirió que “las buenas prácticas del Gobierno del Estado en materia de transparencia mostraron un avance significativo en el estudio que realiza esta agencia desde 2008, pues Veracruz obtuvo una calificación general de 87.07 % en el último reporte correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021”. Recordó que en 2019 escaló 3.5 %, ya que la calificación anterior fue de 83.6 (2018), sin embargo, dijo que la comparativa que debe hacerse y que da cuenta del trabajo ordenado, transparente, de disciplina financiera y cero tolerancia a los actos de corrupción es con el reporte 2017, cuando la calificación fue de 61.21. Lo malo es que, a decir de este informe, todo pareciera color de rosa en el Gobierno estatal, cuando es público y notorio que la realidad tiene otros datos. ¿O será a gusto del cliente?
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