XALAPA.- Con todo y que México fue de los países que reportó más acciones violentas hacia los infantes durante la pandemia de Covid-19, las iniciativas de ley presentadas durante 2020-2021 por temas de violencia ante la Cámara de Diputados, se encuentran pendientes de revisión. Durante su participación en la Semana de la Mujer organizada por la Universidad Veracruzana, la profesora-investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Claudia Rivera Hernández, dio a conocer los hallazgos de su análisis a 180 iniciativas de ley turnadas a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en materia de violencia, durante el periodo 1 de enero de 2020 al 7 de junio de 2021. Al respecto, refirió que el 24 por ciento de las iniciativas fueron presentadas por Morena y el 51 por ciento por diputadas mujeres. Todas las iniciativas relacionadas con los temas de violencia estaban pendientes de revisión, por lo menos hasta junio de 2021. “Pasaron las relacionadas con el factor de educación mediada por la tecnología o a distancia, porque durante la pandemia la problemática mayor fue cómo organizar la educación en el país, dejando a la violencia en segundo plano”, sostuvo, y agregó que si bien los datos evidencian que el discurso legislativo sí contempla los temas de desigualdad y violencia, sólo lograron acuerdos en materia de lectura, servicio social y educación virtual. “Aunque hay voces que hablen por la sociedad sobre el tema de violencia en el sistema educativo, aún no se logra llegar a acuerdos colectivos, falta deliberación pública para incidir en aspectos que la regulen y sea legislada”, subrayó. Claudia Rivera destacó que durante la pandemia por Covid-19 México se caracterizó por ser uno de los países con más acciones violentas hacia los infantes y, también se perdió el 30 por ciento de la matrícula en todos los sistemas educativos (privada, pública, básica, media superior y superior). “Estos estudiantes no están trabajando, tampoco están en la escuela, podemos saber que algunos de ellos están en manos del crimen organizado como dealers, vendedores de droga o captadores de otros recursos dirigidos a estas actividades ilícitas”, afirmó. Aún más, dijo que el 85 por ciento de los casos de acoso que suceden en la escuela y el 80 por ciento de los actos de bullying –los cuales se han recrudecido con el uso de la tecnología– no son reportados, por lo que a la luz de estos datos es evidente la necesidad de legislar el aspecto educativo en términos de violencia escolar. Por lo anterior, Rivera Hernández consideró que tal situación representa un problema público que debe estar al centro de la acción legislativa. “Falta mucha iniciativa por parte de la opinión pública para posicionar este tema en la agenda de gobierno y se asignen recursos necesarios para la alimentación de la niñez, y puedan dedicarse a la educación en lugar de trabajar o caer en las redes del crimen organizado”, concluyó la investigadora poblana. Por otro lado, este martes se dio a conocer que el Gobierno Federal reformó algunos artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes relativo a temas de maltrato infantil en los centros educativos del país. Entre los nuevos preceptos, se estableció que es obligación del Estado mexicano prestar servicios educativos en condiciones óptimas, es decir, instalaciones indispensables con que debe contar en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje. También se debe conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del país. De igual forma, se deberá desarrollar e implementar cursos de sensibilización y formación sobre igualdad de género, prevenir y atender los diferentes tipos de violencia y cultura de la paz, dirigidos a servidores públicos, personal administrativo y docente, para que a través de ellos se evite la reproducción de roles estereotipados de género y se impulse la igualdad sustantiva. Por último, que los niños y adolescentes sean educados en el respeto al medio ambiente, inculcando en ellos la adopción de estilos de vida sustentables, así como concientizarlos sobre las causas-efectos del cambio climático. Las disposiciones entrarán en vigor este miércoles 16 de marzo.
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