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XALAPA.- Para el presidente de la Federación, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz, Antonio Barat Pérez, el cierre de los 29 juzgados del Poder Judicial así como el brote en casos de covid-19 en otros juzgados tendrá como resultado una afectación a los justiciables. Puso como ejemplo que en Veracruz los juzgados de lo familiar fueron una meta que tardó muchos años en concretarse y que ahora su desaparición significa un retroceso en la impartición de justicia. “Hay molestia en la abogacía veracruzana porque esto implicaría un retraso enorme en perjuicio de los justiciables”, aseguró. A lo anterior sumó que los juzgados microregionales habían ampliado el espectro de justicia, pero con el pretexto de una reingeniería para ahorrar recursos, habrá un grave retroceso. “No concordamos con la postura del Consejo de la Judicatura. Además, en el Poder Judicial, se está desatando una escalada de infectados de Covid, concretamente en la Sala Octava, en el juzgado segundo de Tuxpan, en el sur, en Acayucan, en Córdoba”, sostuvo. En el mismo sentido, el abogado Armando Ríos Fortuna, presidente de la Barra Veracruzana de Abogados, Colegios de Abogados Profesionistas A.C, dijo que se sumarán a los amparos que interpondrán otros colegios contra la decisión de desaparecer los 29 juzgados, debido a que el resultado de esta decisión encarecerá y retrasará la justicia, porque la gente tendrá que trasladarse a otros lugares para dar seguimiento a sus asuntos. En contraparte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, defendió que la desaparición de juzgados, aunque dolorosa, fue necesaria. Justificó que se trata de una reingeniería en áreas operativas y jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado para garantizar el acceso a una correcta y eficaz impartición de justicia a todos los veracruzanos. En el marco de la conferencia virtual “Retos y expectativa de la Nueva Reforma Laboral”, Romero Cruz afirmó que el reto es poder cumplir con la función constitucional de impartir justicia en todo el Estado. “Es lamentable y doloroso prescindir de espacios que brinden un servicio”, sostuvo y agregó que se trata de un reencauzamiento de recursos materiales y económicos, previo al inicio de los juzgados laborales. Sin embargo, reiteró su compromiso de dar certeza de que ningún justiciable perderá las condiciones de acceso a la justicia. Señaló que esta modificación será un proceso paulatino, con adecuado estudio y reconocimiento a la labor desempeñada y que se planea reubicar al personal a donde se requiere, donde haya mayor carga laboral. También hizo un llamado al análisis objetivo de la situación. “No es momento de repartir culpas – aseguró - sino de emprender acciones institucionales para garantizar la marcha del Poder Judicial, que deviene de recurso del pueblo veracruzano, y su patrimonio debe de cuidarse por el bien de todos, y cuidarse bien. Eso es lo que se hace hoy”, afirmó. La magistrada Presidenta del TSJ explicó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la que Veracruz no es ajeno, sino que se ubica en la segunda etapa de aplicación, obliga a la institución a iniciar su aplicación el primero de octubre de este mismo año, es decir en menos de 3 meses, lo que colocó en una agilización de la programación de acciones para tener en esa fecha todo el aparato jurisdiccional instalado para brindar el servicio de la justicia laboral veracruzana, dependiente ahora del Poder Judicial Local. Por ello, señaló que la decisión de adelantar el inicio de la justicia laboral en Veracruz presentó un gran reto. En este contexto, este lunes se informó que el Gobierno Federal destinó más de 51 millones de pesos para la creación de Centros de Conciliación y Tribunales Laborales locales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó recursos al gobierno de Veracruz para la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. La dependencia otorgó 51 millones 994 mil 493 pesos, de los cuales 27 millones 999 mil 999 pesos serán destinados para la creación de los Centros de Conciliación Locales. La cantidad de 23 millones 994 mil 494 millones de pesos serán para la creación de los Tribunales Locales. Dichas instituciones tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. El 5 de julio de 2019, el Consejo de Coordinación determinó que la Reforma al Sistema de Justicia Laboral será de forma escalonada y sincronizada en diez estados del país, donde se incluyó a Veracruz. Del análisis de la STPS y del Poder Judicial de la Federación, a partir de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje respecto de su promedio histórico de demandas laborales recibidas en los últimos tres años, se determinó iniciar en esas 10 entidades con menores ingresos de demandas.
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