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XALAPA.- Para evitar que desaparezcan varios juzgados en el Distrito Judicial XV de Orizaba, como son el VIII en materia de lo familiar y el microregional de Nogales y 4 mas en la región, los integrantes del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, anuncian su decisión de ampararse como gremio ante esto, señala el secretario de esta agrupación, Juan Oropeza Flores. Su postura es similar a la Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz, quien recrimina que la desaparición de los juzgados generará corrupción ante el rezago de expedientes. La decisión del Consejo de la Judicatura de desaparecer 29 juzgados de diverso tipo en el estado de Veracruz, provoca reacciones contrarias tanto de abogados como de empleados del mismo Poder Judicial del estado, estos últimos sobre todo reclaman que se les niega el derecho a seguir trabajando, pues desde el mismo acuerdo se establece que se termina su relación laboral. “Esto ya se veía venir, en razón de que no manda la presidenta del Tribunal, sino el gobernador y el secretario de Gobierno y eso es grave, ellos no saben nada de justicia, actúan de manera política y es grave porque no hay autonomía”, reclama Juan Oropeza. “Vamos a tomar las acciones legales correspondientes. La verdad es que esta decisión del Poder Judicial es un retroceso en materia de administración de justicia en el Estado de Veracruz. En nada ayudan estas decisiones, si bien se quiere tener un ahorro, no tendría que hacerse con el cierre de estos 29 juzgados en la entidad”, enfatiza. Agrega que además del amparo recurrirán a otras medidas legales para echar abajo esto, y resolver esta situación, que es grave, “imagínate que al desaparecer el juzgado de Huatusco ahora todo se atenderá hasta Córdoba”, pone como ejemplo. De igual forma resalta que si teniendo los Juzgados Sexto y Octavo de lo Familiar funcionando, que son los que se quieren cerrar, hay rezago en la materia, cerrando el Octavo que se encuentra en Orizaba, será peor la situación. “Hay mucha demanda en los juzgados familiares, no hay capacidad para llevar tantos casos. En lo referente al Microrregional era el que daba un respiro, oxigenaba a los juzgados civiles de la zona, pero ahora sólo se tendrá uno familiar y dos civiles; todo ello ocasionará más carga de trabajo y rezago que ya de por sí existe tras el cierre de los juzgados por la pandemia”, enfatiza. Pozos Marín lamenta que se invirtieran recursos en micro juzgados para después desaparecerlos, además de que con esta acción se perjudica ciudadanos de lugares pequeños, los cuales deberán acudir a las grandes ciudades a desahogar sus casos. Esto, apunta, además es contrario a las políticas que manifiesta el presidente de la república, de atender a los pobres y acercarles los servicios, que es algo que debería de visualizar el Poder Judicial de Veracruz. "Esto perjudica mucho al justiciable, al ciudadano. De por si el procedimiento es lento. La justicia pronta y expedita no se da y menos con el COVID y ahora la desaparición de juzgados", menciona. Señala que hoy se busca adelgazar la nómina, pero que esos cerca de 22 millones de pesos que se ahorrarán se tendrán que aplicar en nuevas contrataciones, ya que en octubre entra en vigor la reforma laboral con la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para llamar a los procesos, juicios laborales. "El Poder Judicial del Estado debió solicitar al Congreso local una partida presupuestal adicional para que la Secretaría de Finanzas lo contemplara y la justicia fuera más pronta". Insiste en que el cierre de juzgados generará corrupción, porque la justicia será más lenta y eso llevará a que quien busque acelerar un proceso reparta dinero para lograrlo. El retraso remarca, se tendrá en expedientes de lo civil, mercantil, familiar y penal ya que deberán irse a otros juzgados. "La ciudadanía va a ser la que sufra estas consecuencias pues de por sí la justicia está lenta por el rezago tan grande que existe ahora los expedientes tardarán más en resolverse", remarca.
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