| Incluso diputados integrantes de la Comisión Instructora, responsables de emitir el dictamen en sentido positivo, como Jessica Ramírez Cisneros, afirmaban, previo a la sesión, contar con la mayoría calificada para avalar el procedimiento, lo que finalmente sucedió. |
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.- Como una "crónica de un juicio político anunciado" definió la defensa de la magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el proceso en su contra. Los juristas explicaron que la togada no acudió a la sesión extraordinaria del pleno justificando problemas de salud, pero están conscientes de que se trata de una mera formalidad o trámite para iniciar el proceso de su destitución del cargo. Incluso diputados integrantes de la Comisión Instructora, responsables de emitir el dictamen en sentido positivo, como Jessica Ramírez Cisneros, afirmaban, previo a la sesión, contar con la mayoría calificada para avalar el procedimiento, lo que finalmente sucedió. En ese tenor, el abogado Tomás Mundo Arriasa aseguró que el Congreso del Estado violentó el proceso en contra de los derechos de Martínez Huerta. Reconoció que se espera que ocurra lo mismo con el Poder Judicial, presidido por Isabel Inés Romero Cruz, luego de que ésta aceptó públicamente que recibe instrucciones del Gobernador del Estado. Mundo Arriasa reiteró que el Congreso ha violentado todos los procesos para cumplir las instrucciones que se dan desde el Palacio de Gobierno, y anunció que continuarán la lucha en el Tribunal Superior de Justicia, instancia que definirá si Sofía Martínez es destituida o inhabilitada. A su vez, el abogado Víctor Alfonso Loyo Olivares afirmó que el juicio político se lleva a cabo por la corrupción que detectó Martínez Huerta en la licitación y construcción de las ciudades judiciales, proyectos que comenzaron con su antecesor, Edel Álvarez Peña. Refirió que en 2018 el Observatorio y Contraloría Ciudadana presentó una denuncia de juicio político contra Álvarez Peña por este tema, misma que no procedió aunque se aportaron cerca de cinco mil pruebas que acreditaban "ilicitudes"; en cambio, con solo dos oficios de prueba los diputados están procediendo contra Martínez Huerta. "Todo nació porque ella intentó proceder (contra la corrupción por ciudades judiciales), a su llegada realizó una auditoría porque le parecía extraño el pago que tenía que realizar y cuando informó al Consejo de la Judicatura comenzó toda esta guerra”. La denuncia que se votó este viernes en contra de la magistrada fue presentada por el juez José Clemente Zorrilla Rostro, acusándola de usurpación de funciones debido a que sin la autorización del Consejo de la Judicatura y como entonces presidenta del Poder Judicial, lo relevó del cargo y nombró a Óscar Hernández como su sucesor. Para ello presentó oficios del 20 de octubre de 2020, exponiendo que la medida se hizo al margen de la ley debido a que es el Consejo de la Judicatura quien tiene la atribución de rotar a los jueces y no él o la presidenta en turno, pero el órgano ni siquiera había sesionado a causa de la pandemia de COVID-19. El recurso pasó por la Comisión de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local, la cual encontró elementos para turnarlo a la Comisión Instructora. Es así que este viernes, actuando como jurado de acusación, el Pleno del Congreso aprobó con 35 votos a favor y 9 en contra, el juicio político a la ex presidenta destituida del Poder Judicial del Estado, planteando su inhabilitación por un periodo de 5 años y su destitución, lo que aún deberá ser validado por el Poder Judicial, por lo que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia fungirá como jurado de sentencia. El Congreso local determinó que la magistrada afectó a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho, al usurpar funciones del Consejo de la Judicatura y remover al juez José Clemente Zorrilla Rostro. Por lo pronto, se trata de una decisión sin precedentes en los anales jurídicos del Veracruz de los últimos tiempos, ante la cual el abogado defensor de la ex titular del Poder Judicial, Tomás Mundo Arriasa, concluyó que el Congreso local violentó los derechos humanos de la magistrada y anunció que continuarán la lucha en el Tribunal Superior de Justicia. Así las cosas.
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