MEMORANDUM 1.- Aunque advirtió que la justicia puede tardar, finalmente llega a quienes cometen actos indebidos con recursos públicos, por lo que la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, lanzó un llamado contundente a los ayuntamientos veracruzanos para fortalecer sus mecanismos de control interno y evitar irregularidades que deriven en daños patrimoniales. La titular del órgano auditor señaló que, pese a los constantes cursos y capacitaciones que el órgano brinda a los municipios, persisten errores administrativos y omisiones que acaban traduciéndose en observaciones financieras. "Debe existir un buen control interno en los ayuntamientos, cuando éste funciona correctamente, es mucho más sencillo solventar las observaciones, aclarar discrepancias y presentar la documentación a tiempo”, aseguró. González Cobos puntualizó que no sólo los presidentes municipales están bajo revisión, sino todos los entes que manejan recursos públicos, incluyendo dependencias estatales, organismos autónomos e incluso empresas particulares cuando ejercen fondos gubernamentales. La titular del Orfis reconoció que, pese a las constantes capacitaciones, algunos alcaldes y entes fiscalizables continúan incurriendo en irregularidades financieras. En cuanto a las sanciones, afirmó que el ORFIS no se limita a interponer denuncias ante la Fiscalía, sino que también presenta demandas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el cual determina las responsabilidades y consecuencias legales. Con relación a la aparente lentitud en las investigaciones, la titular del ORFIS reconoció que la Fiscalía General del Estado cuenta con sus propios tiempos y cargas de trabajo, pero insistió en que las denuncias avanzan. "La justicia tarda, pero llega, tarde o temprano, quienes causen daño patrimonial responderán ante la ley”, sentenció. Concluyó destacando que el ORFIS continuará vigilando y fiscalizando el uso del erario en todos los niveles, reafirmando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en Veracruz.

10 de Noviembre de 2025 / 22:44:32

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MEMORANDUM 2.- De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), organismo que aborda casos como La Estafa Maestra y la petrolera brasileña, Odebrecht, a cinco meses de que el exgobernador Javier Duarte cumpla su sentencia de 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, los montos reclamados por las autoridades fiscalizadoras siguen sin recuperarse y los responsables permanecen en gran medida impunes. La agrupación señaló que el caso del exgobernador de Veracruz cobra especial relevancia pues las empresas fantasma que operaron bajo su administración, a través de redes de contratos simulados, han dejado al erario estatal y federal pérdidas millonarias que hoy el Estado intenta cobrar sin éxito. Con relación al entramado ligado a Javier Duarte, apenas uno de los involucrados, Antonio Tarek Abdala, tiene una reclamación que supera los 2 mil 745 millones de pesos. Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad recordó que el escándalo en Veracruz reveló que durante el gobierno de Duarte al menos 400 compañías fachada operaron para recibir contratos públicos simulados. De estas, 57 los obtuvieron 3 mil 617 millones de pesos gracias a estos instrumentos. Estos recursos fueron canalizados sin control ni comprobación del servicio a través de domicilios fiscales vacíos, oficinas inexistentes y transferencias a empresas creadas con el único propósito de facturar sin entregar bienes o servicios. La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad destaca múltiples obstáculos para la recuperación del dinero, por ejemplo, los domicilios fiscales de las empresas involucradas ya no existen o fueron simulados, lo que impide localizar activos o responsables. Las personas señaladas se amparan o negocian su libertad; los trámites para ejecutar embargos se dilatan años. Datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las notificaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelan que los montos reclamados por tres grandes desfalcos –La Estafa Maestra, Odebrecht y la trama de empresas fantasma vinculadas a Javier Duarte– suman, para el año 2025 cerca de 9 mil 381 millones de pesos. En el caso de La Estafa Maestra, los créditos fiscales determinados por la ASF sumaron 5 mil 586 millones de pesos. Así las cosas.

10 de Noviembre de 2025 / 22:30:13

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MEMORANDUM 3.- Será el sereno, pero desde la llegada de David Agustín Jiménez Rojas, la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (Semsys) se convirtió en la agencia de colocaciones de exservidores públicos del extinto Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). Y es que se han obsequiado contrataciones de personas que presuntamente no cumplen con los requisitos establecidos para dichos cargos, con salarios sumamente elevados y sin justificar la necesidad de algunos puestos creados en la actual gestión administrativa. Tal es el caso de José Ángel Noriega Guerrero, quien fue contratado como “asesor educativo”, con una percepción de 37 mil 500 pesos mensuales, en adición a su plaza administrativa preexistente, con lo que ganaría casi lo mismo que un director y más que un subdirector de un nivel educativo. En la misma situación se encuentra María Antonia Villalba Velasco, quien inicialmente fue propuesta como analista administrativa y rechazada por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, posteriormente fue incorporada como “consultora académica” con un salario de 30 mil 200 pesos pese a las observaciones previas. La contratación de Gustavo Adolfo Murrieta Esquivel resulta especialmente controvertida, ya que –según la denuncia– tiene una carpeta de investigación por presunto acoso y también por el uso irregular de recursos. Uno de los señalamientos más graves se refiere al manejo de recursos materiales, pues se acusa al funcionario de solicitar de manera irregular un vehículo Nissan Versa 2024 al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev) bajo la figura de “comodato” para uso personal, sin que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tuviera conocimiento de dicha operación. De igual forma, se denuncia el incumplimiento del reglamento interior de la SEV en el manejo de viáticos, pagos y recursos, así como opacidad y falta de transparencia. Se han presentado solicitudes de información ante la Unidad de Transparencia con folios SEV/UT/1944/2025 y SEV/UT/1946/2025, las cuales no han sido respondidas desde mediados de septiembre, lo que evidenciaría una falta de rendición de cuentas. También se cuestiona la incorporación de personal proveniente del extinto Instituto Veracruzano de Acceso a la Información sin una justificación clara o proceso transparente. En la denuncia se incluyen también serias críticas sobre el manejo de la crisis educativa en la zona norte del estado, particularmente en Poza Rica, y acusan al subsecretario de politizar la situación con acciones mediáticas sin resultados concretos; de aliarse con la Subsecretaría de Educación Básica en contra de su superior jerárquico, de incumplir con la entrega de reportes para el informe de gobierno y continuar despidiendo personal importante durante la emergencia. Ante esta situación, los denunciantes hicieron un llamado a la gobernadora del estado para que intervenga ante esta situación, argumentando que la funcionaria confió plenamente en el subsecretario para “ordenar y coadyuvar a la mejora continua de la educación”, misión que, según esta versión, no se está cumpliendo. La gravedad de las acusaciones, particularmente las relacionadas con el presunto tráfico de influencias y la utilización de conexiones políticas con autoridades municipales electas, añade urgencia a la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. Así las cosas.

10 de Noviembre de 2025 / 22:14:56

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