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Al año se registran alrededor de 2 millones de pinchazos entre trabajadores de la salud provocando infecciones como hepatitis B y C y VIH
MEMORANDUM 1.- Al año se registran alrededor de dos millones de pinchazos por aguja involuntarios entre los trabajadores de la salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Una distracción o incompetencia en el manejo de agujas y jeringas en la atención de los pacientes hospitalizados puede llevar a punciones accidentales como las que cada año causan 66 mil infecciones por hepatitis B, 16 mil de hepatitis C y mil por VIH/sida a escala global. En México no existen estadísticas del problema que más bien pasa desapercibido, pero existe y genera costos al sistema nacional de salud, afirma Roxana Trejo, epidemióloga y especialista en el estudio de infecciones nosocomiales. En entrevista, la experta comenta que el tema se ha abordado durante las pasadas dos décadas en el país y sólo en el último año ha habido avances con el proceso de actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 045 que establece los criterios para la vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales. El objetivo de la Secretaría de Salud (Ssa), a través de la Dirección General de Epidemiología, es concluir lo más pronto posible el proceso administrativo y una vez publicada la nueva NOM, introducir una serie de lineamientos para el manejo de dispositivos médicos que pueden ser fuente de infecciones. Entre ellos habrá uno sobre la prevención de punciones accidentales en el personal de salud, principalmente de enfermería. La especialista señala que este sector es el que con más frecuencia notifica los casos de pinchazos con agujas, aunque también puede ocurrir entre los médicos durante las cirugías y otras intervenciones que involucran el uso de estos objetos. Debido al alto riesgo de adquirir alguna de las infecciones mencionadas, cuando estos incidentes se presentan existen protocolos de manejo para la realización de pruebas de detección periódicas de hepatitis B y C y VIH. Incluye la administración de medicamentos antirretrovirales y seguimiento durante seis meses y hasta un año si se comprueba que el paciente involucrado es portador de alguno de estos virus y con niveles elevados en sangre. Trejo asegura que el costo de estas intervenciones oscila entre 250 mil y 300 mil pesos por persona, lo que se puede evitar con la prevención primaria, la cual es posible sólo en el caso de la hepatitis B con la vacunación al personal de salud. Actualmente ya es posible prevenir los accidentes con el uso de dispositivos de bioseguridad que se han desarrollado en las pasadas dos décadas y en México están disponibles, pero únicamente en el sector privado, en la toma de muestras de sangre para análisis de laboratorio. Son agujas diseñadas para evitar los accidentes, con mecanismos que las cubren de manera definitiva y segura después de que se usan en la administración de medicamentos. Otras son especiales (con punta roma) para la preparación de las dosis a inyectar. Estos dispositivos reducen en 70 por ciento el riesgo de punciones involuntarias, aseguró Trejo, quien es gerente de Vigilancia Epidemiológica del corporativo ABC y ex presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Comenta que ha colaborado con la Dirección General de Epidemiología de la Ssa para la actualización de la NOM 045. El documento ya se encuentra en revisión en el comité de normalización. Otro asunto pendiente en el país es el registro de infecciones ocasionadas por accidentes como las punciones involuntarias en el personal de salud, indica.
Justicia para periodistas afectados por violencia en AL tarda décadas: CIDH; México, segundo país más peligroso para ejercer el periodismo
MEMORANDUM 2.- En la mayoría de los casos de violencia contra periodistas en América Latina, incluido México, llegar hasta una sentencia u otras salidas procesales concluyentes y esclarecedoras lleva muchos años, incluso décadas, de investigación. Durante ese tiempo, con excepción de limitadas ocasiones, las víctimas o sus familiares permanecen en una prolongada incertidumbre sobre el devenir de la lucha contra la impunidad, aseveró la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Destaca también que a la sociedad se le priva del derecho de acceso a la información en el avance de las indagatorias. En 2025, sostuvo, persistió la violencia letal contra periodistas, además de atentados y amenazas: “al menos, 27 fueron asesinados en la región por hechos presuntamente ligados a su labor”. En una guía que lanzó para la documentación de actuaciones para conocer el avance de las investigaciones, la RELE animó a los estados crear de registros sistematizados que den cuenta de la existencia y el contenido de ciertas actividades adoptadas por las autoridades para indagar y judicializar los delitos. Indica que la ausencia de tal mecanismo dificulta que el propio Estado, la academia, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos especializados identifiquen los factores que determinan la baja efectividad de esclarecimiento de esta violencia focalizada y de sanción efectiva a sus responsables, “en oposición con las crecientes acciones de victimización registrados en la región”. La RELE expuso que si bien la restricción de acceso a la información de las investigaciones de estos ataques es una excepción legítima al principio de máxima divulgación, eso no significa que todo lo que obre dentro de un expediente o actuación de naturaleza penal sea reservado. Por el contrario, enfatizó, en cada uno de los expedientes hay datos que pueden ser puestos a disposición sin poner en riesgo la indagatoria; por no referirse al contenido de las evidencias o de la teoría del caso, sino a la realización o no de ciertas actividades y diligencias, así como su periodicidad, temporalidad, entre otros. Podrían divulgarse, señala, datos relacionados con la dimensión y las capacidades de los recursos materiales y humanos dispuestos para la investigación, herramientas jurídicas, gerencia y planificación, aspectos sobre la recolección de evidencias, peritajes y estudios especializados, no su contenido. Así, con el fin de sortear las dificultades identificadas, la Relatoría propuso la instrumentación de una bitácora de registro de actividades intermedias, que permita identificar los medios, métodos y actividades desarrolladas. Por el asesinato de nueve periodistas en México durante 2025, asociaciones de defensa de la libertad de prensa alertaron que el periodismo se ve sometido a un asedio "muy preocupante" por la violencia permanente y una impunidad en los crímenes, una realidad que no parará a menos que la presidenta, Claudia Sheinbaum, reconozca el problema y reaccione para ponerle freno. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país se ubica este año como el segundo “más peligroso para ejercer el periodismo”, solo por detrás de una Gaza donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados, asegura su representante en México, Balbina Flores. En entrevista, indicó que la situación es la de una “violencia general que no ha desaparecido”, con cifras "altísimas" en estados como Guerrero, Michoacán o Guanajuato, en donde la mayor parte de los periodistas agredidos trabajaban para medios locales que cubrían cuestiones relacionadas con la seguridad y derechos humanos.
Profepa va por sanciones por uso de bifenilo policlorados en equipos eléctricos, habrá visitas técnicas en establecimientos comerciales e industriales
MEMORANDUM 3.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa este año iniciará la aplicación de sanciones y medidas correctivas a quienes continúen utilizando bifenilos policlorados (BPC) en equipos eléctricos, como parte de las labores para la eliminación total de estas sustancias en México. En un comunicado, destaca que estas acciones buscan proteger la salud de la población y prevenir daños al medio ambiente, en apego a la normatividad ambiental nacional y a los compromisos internacionales del país. Explica que en 2026, las visitas de la Profepa tendrán un enfoque de verificación del cumplimiento, con el objetivo de confirmar que los transformadores eléctricos estén libres de BPC. En caso de detectarse incumplimientos, la Procuraduría impondrá las medidas correctivas necesarias para garantizar el manejo y la eliminación ambientalmente adecuados de estos compuestos. La subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial de la Profepa, Gabriela Ortiz Mena, indicó: "Tenemos un horizonte claro para la eliminación total de los bifenilos policlorados. Las inspecciones que comenzarán en 2026 también nos preparan para cumplir con el plazo de 2028 establecido en el Convenio de Estocolmo”. Estas acciones dan continuidad al Proyecto Manejo y Destrucción Ambientalmente Adecuados de Bifenilos Policlorados (BPC) en México, implementado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuya segunda fase concluyó en 2025. Dicho proyecto se desarrolló de 2019 a 2025 y tuvo como objetivo identificar, prevenir y reducir los riesgos a la salud humana y al medio ambiente derivados del uso de BPC, contaminantes orgánicos persistentes regulados a nivel internacional. Durante esta etapa, la Profepa llevó a cabo visitas técnicas con una visión preventiva, que permitieron conocer el estado real de los transformadores eléctricos en el país y sensibilizar a las empresas sobre sus obligaciones conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-133-SEMARNAT-2015. Como resultado de este trabajo, la Procuraduría expuso que se capacitó a más de 400 inspectores; se entregaron más de mil 800 kits de identificación de BPC; se realizaron 685 visitas técnicas en establecimientos comerciales, industriales y de servicios; se muestrearon mil 204 transformadores y se registraron mil 303 equipos. Los bifenilos policlorados (BPC) son sustancias tóxicas que se encuentran comúnmente en equipos como transformadores y otros dispositivos eléctricos. Estas sustancias químicas industriales se utilizaron extensamente en diferentes aplicaciones debido a sus propiedades aislantes y estabilidad química, pero con el tiempo se descubrió que son riesgosas para tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Por ello, identificar, clasificar, manejar y almacenar adecuadamente los BPCs es fundamental.

 

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