MEMORANDUM 1.- En presencia del secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata, asegura que la producción pecuaria es estratégica para la seguridad alimentaria del país pues representa más del 43 por ciento del valor total de la producción agropecuaria nacional con un valor mayor a 700 mil millones de pesos. Al celebrar el Día Nacional de la Ganadería, García de la Llata informó que este año produciremos 13,800 millones de litros de leche que cubrirán el 70 por ciento de la demanda del país, con un gran compromiso para lograr una meta sexenal de 15 mil millones de litro para 2030. En este contexto, el líder de los ganaderos considera fundamental equilibrar este mercado y consolidar instrumentos públicos como las compras de este producto básico por parte de Leche para el Bienestar, que representan un importante referente en precio para miles de productores. Durante este evento, el titular de Agricultura, Julio Berdegué se refrió al combate al Gusano Barrenador que sufre nuestro país desde hace al menos 10 meses y consideró que ha sido un esfuerzo enorme del Gobierno de México a través de SENASICA. Al mismo tiempo reconoció que la colaboración de miles de ganaderas y ganaderos en cada rancho ha sido invaluable en el combate a esta plaga que ha generado millonarias pérdidas al sector. El funcionario federal señaló que la transformación de la ganadería mexicana tiene que pasar a planes concretos de acción para mejorar la productividad, fortalecer y modernizar la sanidad cumpliendo con la trazabilidad del aretado del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado SINIIGA. Recordó que la proteína animal correspondiente a productos cárnicos, huevos y leche, representan el 37% del total de consumo de alimento, por lo que el Gobierno de México recientemente ha tomado una serie de medidas en apoyo a la ganadería nacional que demuestran su genuino compromiso para con los productores pecuarios. En ese sentido, el líder de los ganaderos organizados de México, reconoció las decisiones recientes del gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum con el retiro de la carne de res del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), y el apoyo de SENASICA para la vigilancia epidemiológica y enfrentar juntos con mucha responsabilidad la presencia del gusano barrenador en México. Recordó que, en la actualidad, México produce más de 2.2 millones de toneladas de carne de bovino al año, consolidándose como uno de los productores relevantes a nivel internacional.

10 de Marzo de 2026 / 19:01:22

Twittear

MEMORANDUM 2.- Javier Tapia Santoyo, quien fue inhabilitado del cargo de secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), promovió un amparo contra la vinculación a proceso que una juez le dictó la semana pasada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de ejercicio abusivo de funciones cuando era tesorero de un hospital del Issste. La Fiscalía General de la República lo acusó por otorgar tres contratos por 11 millones de pesos a una empresa facturera cuando era tesorero del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. El ex servidor público presentó el recurso ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, donde reclamó la resolución de la juez de control del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, quien lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar la prohibición de salir del país y entregar su pasaporte y visa; además, tendrá que acudir a firmar cada mes. Sin embargo, el juez de amparo Rubén Darío Noguera Gregoire antes de aceptar la demanda de garantías, le dio a Tapia Santoyo un plazo de cinco días para que bajo protesta de decir verdad, narre de manera clara y concisa los hechos por los cuales solicita el amparo. El juzgador advierte que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indican y dentro del plazo que para ello se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Tapia Santoyo fue suspendido temporalmente de su cargo en el Politécnico por instrucciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desde finales de noviembre del año pasado. Los otros acusados son Roberto Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Semas, ex subdirectores médico y de finanzas del mismo hospital, respectivamente, quienes también ya fueron vinculados a proceso y se les impusieron las mismas medidas cautelares. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, los acusados adjudicaron dichos contratos a Interacción Biomédica, empresa que en 2017 fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista de empresas “fachada”.

10 de Marzo de 2026 / 18:30:40

Twittear

MEMORANDUM 3.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las pensiones complementarias e indemnizaciones para jueces y magistrados de Chihuahua que no participaron o no ganaron en la primera elección judicial, al considerar que respetan sus derechos laborales y no violan los principios de igualdad y generalidad. Con mayoría, el Pleno concluyó que son constitucionales las fracciones II y III del artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua, que establecen dichos derechos y fueron impugnadas mediante la acción de inconstitucionalidad 43/2025 por una minoría de legisladores de ese estado, quienes acusaron que creaban un “régimen de privilegios”. “Esas pensiones e indemnizaciones derivan de la reforma constitucional federal que ordenó el respeto a los derechos laborales e indemnizar a las personas juzgadoras y se alinea con los principios del gasto público. En la decisión se reconoce la validez de las normas que establecen las pensiones e indemnizaciones de las personas juzgadoras del estado de Chihuahua”, expuso el ministro ponente, Arístides Guerrero García. Los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial local fijaron reglas de jubilación y retiro anticipado para juzgadores y una pensión complementaria del 50 por ciento para quienes ya cumplían los requisitos de la Ley de Pensiones Civiles del estado. La ministra Lenia Batres Guadarrama votó en contra de una parte del proyecto, al afirmar que la reforma judicial federal no justificaba crear en Chihuahua un régimen especial de seguridad social y que, más que proteger derechos laborales, la norma genera un privilegio indebido, por lo que debería declararse inválida. “Me parece grave que el proyecto proponga que esta Suprema Corte asuma que la reforma constitucional afectó algún derecho de las y los trabajadores del Poder Judicial, particularmente de las personas juzgadoras y que para paliarlo haya dispuesto algún tipo de régimen o haya permitido algún tipo de régimen de privilegios locales. “En otras palabras, la reforma constitucional en ningún momento ordenó la creación de regímenes de seguridad social alternos o paralelos que implicaran un trato diferenciado privilegiado para las personas juzgadoras frente al resto de trabajadoras y trabajadores del servicio público local”, expresó. En tanto, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz opinó que se crea una estructura de pago distinto para trabajadores sin una justificación adecuada. “Desde mi perspectiva, está hipótesis que prevé la fracción II genera inequidad, hace una distinción entre unos trabajadores que van a tener una indemnización de un solo pago, por así decirlo, y otras que en el caso, pues, se habla de un pago de una compensación casi similar a una pensión complementaria”, agrega. Sin embargo, en la sentencia, la Corte concluyó que estas medidas no establecen privilegios ni vulneran el principio de igualdad frente a otros trabajadores del estado. Señaló que responden a una situación excepcional derivada de la reforma judicial y buscan proteger los derechos laborales y de seguridad social de quienes dejaron anticipadamente sus cargos.

10 de Marzo de 2026 / 18:00:07

Twittear