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Un total de 38 jueces y juezas perderán su plaza a partir del 1 de septiembre en el PJE tras elección judicial, y sin liquidación
MEMORANDUM 1.- Luego de oficializarse los resultados de la primera elección judicial local en Veracruz, un total de 38 jueces y juezas que se encontraban en funciones y que participaron en el proceso electoral perdieron la plaza que ostentaban. Entre ellos destacan los nombres de los jueces penales Mónica Segovia Jácome, Verónica Portilla Suazo y Luis Roberto Juárez López, quienes en su momento tuvieron en sus manos algunos de los casos más polémicos, mediáticos y políticos. Sobre sus juzgados, se decidió girar las órdenes de aprehensión, la vinculación a proceso y ordenar la prisión preventiva en contra de personajes como Jorge Winckler Ortíz, Arturo Bermúdez Zurita y Rogelio Franco Castán. En el año 2017, la jueza Verónica Portilla Suazo giró la orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y presidió sus audiencias. En dicho proceso, que duró varios meses, la jueza resolvió vincularlo a proceso y que estuviera bajo prisión preventiva; un par de años después, el exfuncionario duartista a través de su equipo de abogados logró obtener su libertad. A su vez, Mónica Segovia Jácome fue la primera jueza que atendió una de las tantas acusaciones en contra del exsecretario de Gobierno yunista Rogelio Franco Castán, ordenando también prisión preventiva como medida cautelar. Otro juez en materia penal que también perderá su plaza a partir del próximo 1 de septiembre es Luis Roberto Juárez López, quien fue el encargado de girar la orden de aprehensión en contra del exfiscal Jorge Winckler Ortíz, así como resolver su vinculación a proceso y que permaneciera en prisión preventiva. Junto con estos tres jueces, otros 35 más no lograron salir entre los más votados en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, por lo cual también perderán su plaza. Ellas son las personas juzgadoras que laborarán hasta el próximo 31 de agosto dentro del Poder Judicial como jueces y juezas de primera instancia: En materia civil: Alejandra Casteñeda Priego, Dania Arenas Pérez, Zoraya López Gaspar, Miriam López Hernández, Miriam Rendón José, Diana Suárez Pérez, Raúl Juárez Bárcenas. En materia familiar: Alicia Caram Castro, Karla León Perdomo, Liliana Robles García, Fabiola Rodríguez Ruiz, Susana Salas Cuevas, Leticia Sánchez Reyes, Luis Ruiz Guerrero, Juan Salazar Suárez. En materia laboral: José Grajales Morales, Alán Hernández Falfán, Manuel Mendoza Rosas. En materia mixta: Ana de la Barrera Jiménez, Andrea García Tlaxcalteco, Marlem González Pérez, Paloma Moreno Ovando, Maribel Rodríguez Matamoros. En materia penal: Elena Hernández García, Lisset Noriega Landa, Gabriel Ordorica Ávila, Janet Pérez Caro, Verónica Portilla Suazo, Carmen Rodríguez Roque, Mónica Segovia Jácome, Ana Vidal Cruz, Abraham García Domínguez, Andrés García Velazco, Germán Jiménez Oceguera, Roberto Juárez López, Antonio Rodríguez Ventura, Hernán Tejeda Álvarez y Raymundo Torres Martínez.
01 de Julio de 2025 / 22:44:26
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Gobierno de Cuitláhuac reportó a mil 500 fallecidos como beneficiarios de programas alimenticios del DIF Estatal: ASF ¿y ese dinero donde quedó?
MEMORANDUM 2.- Con serias irregularidades en espacios educativos y el DIF Estatal - donde se detectó que entre los beneficiarios de apoyos alimenticios se reportó a más de mil 500 personas fallecidas -, en el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de gobierno del “honesto” Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador en la historia de Veracruz -, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 70.3 millones de pesos en el ejercicio de recursos federales en la entidad. Según el informe entregado este lunes a la Cámara de Diputados, Veracruz encabeza la lista nacional de entidades con mayor presunto daño patrimonial, aunque el resultado corresponde sólo a tres auditorías aplicadas hasta el momento. Se revisaron recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta) y de participaciones federales, donde el gobierno estatal devolvió 48 millones de pesos sin que se generaran observaciones adicionales en este último rubro. La ASF presentará dos informes más en los próximos meses para completar la fiscalización del ejercicio 2024. Las principales observaciones corresponden al Fondo de Aportaciones Múltiples, con 53.2 millones de pesos por aclarar, ejercidos por el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y el DIF estatal. El fondo se destina a programas de asistencia social e infraestructura educativa en niveles básico, medio superior y superior. Entre las anomalías detectadas están las incongruencias entre lo facturado y lo ejercido, pagos por obras no ejecutadas y entrega extemporánea de bienes sin aplicación de sanciones contractuales por 636 mil pesos. La ASF también observó un probable daño por 31.8 millones de pesos en 13 contratos del Instituto de Espacios Educativos y 203 mil pesos por conceptos pagados sin ejecución de obra. El Sistema DIF estatal no acreditó el universo total de beneficiarios de los programas alimentarios ni los convenios necesarios para validar su identidad. La ASF identificó apoyos otorgados a personas fallecidas y a beneficiarios fuera del rango de edad, así como entregas sin documentación por más de 16.8 millones de pesos. El informe derivó en cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones. El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta), ejercido por el Conalep Veracruz y el IVEA, presentó montos por aclarar que suman 16.8 millones de pesos. En el Conalep, no se acreditó la recepción de 215 uniformes por prestaciones sociales del personal administrativo, con un valor de 119 mil pesos. En el IVEA se observaron pagos por 1.4 millones de pesos en servicios de seguridad intramuros sin evidencia documental, así como 15.3 millones de pesos erogados por asesorías que no fueron justificadas con documentación. A su vez, el DIF estatal otorgó apoyos alimentarios a personas fallecidas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 20 millones de pesos en los programas alimentarios operados por el Sistema DIF Estatal durante el ejercicio fiscal 2024. Las observaciones incluyen beneficiarios fallecidos, datos inconsistentes y entregas no acreditadas. El DIF Estatal elaboró los padrones de beneficiarios de programas alimentarios conforme al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, pero no incluyó el universo total de beneficiarios ni estableció convenios con el Registro Nacional de Población para validar identidades mediante confronta de CURP. Además, la ASF observó deficiencias estructurales en los padrones, falta de documentación de respaldo y omisión de convenios operativos para garantizar la integridad de la información. La ASF presume un probable daño por 16.8 millones de pesos por la falta de documentación que acredite la entrega de apoyos del programa Atención a Población en Condiciones de Emergencia. No se justificaron con documentos los bienes otorgados ni se presentó soporte para su entrega final a los beneficiarios. Durante la confronta con bases de datos de la Secretaría de Salud, se detectó que mil 496 personas fallecidas y 275 beneficiarios fuera del rango de edad recibieron apoyos alimentarios por un monto total de 3.9 millones de pesos. Cabe mencionar que parte de estas observaciones fueron parcialmente solventadas con documentación sobre gastos funerarios por 85 mil pesos, pero el resto permanece como pendiente de aclaración. Se identificaron 3 mil 10 CURP que no se encontraron en la matrícula escolar, 3 mil 456 con errores de captura y 2 mil 542 no localizadas en el Registro Nacional de Población, lo que pone en duda la autenticidad de los beneficiarios en programas como Desayunos escolares y Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios. Por lo anterior, la ASF pidió al Órgano Interno de Control del gobierno de Veracruz para que investigue y, en su caso, inicie procedimientos contra servidores públicos por la integración de padrones con beneficiarios inexistentes o sin identificación válida. Así las cosas.
01 de Julio de 2025 / 22:31:42
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Reitera gobernadora Rocío Nahle denuncia por presuntos desvíos en la Secretaría de Salud estatal en cuenta 2023
MEMORANDUM 3.- Sin quitar el dedo del renglón, la gobernadora Rocío Nahle García confirmó que el Órgano Interno de Control interpuso una denuncia formal por posibles irregularidades detectadas en la Secretaría de Salud, como parte del proceso derivado de la revisión de la cuenta pública 2023 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Aunque aclaró que aún no se han emitido órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, la mandataria precisó que lo que se ha hecho hasta el momento es dar seguimiento institucional a las observaciones señaladas por la ASF. “El Órgano Interno de Control actuó conforme a lo que marca la ley. Cuando la Auditoría detecta inconsistencias, el procedimiento es presentar la denuncia correspondiente. Después, las personas involucradas deberán responder y solventar las observaciones”, refirió. Con relación a la extitular de la Secretaría de Salud, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, quien promovió un amparo para evitar posibles acciones penales en su contra, la mandataria estatal reiteró que no existe ninguna orden judicial en su contra hasta ahora y que el proceso sigue su cauce administrativo y legal. Nahle García aclaró también que las observaciones se concentran únicamente en el área de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y no se han extendido a otras dependencias del gobierno estatal. “En este momento no se ha girado ninguna orden de aprehensión. Lo que se está haciendo es lo que corresponde: actuar con transparencia y dar seguimiento a lo que marca la Auditoría Superior”, insistió. En este contexto se informó que Guadalupe Díaz del Castillo promovió un amparo ante instancias federales, buscando protección contra cualquier acto de privación de la libertad, en medio de este proceso de revisión y denuncia. Por otro lado, cuestionada en torno al desabasto de medicamentos oncológicos en el Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa, la gobernadora refirió que actualmente se trabaja para el concepto de “receta diaria” a fin de surtir los faltantes, entre tanto se lleva a cabo la compra consolidada. En este contexto, la mandataria estatal señaló que el abasto es responsabilidad del delegado del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, con quien ha mantenido comunicación para atender esta situación. Sin embargo, aceptó que hay proveedores de fármacos que tardan hasta tres días en surtir lo requerido. A ello se suma la carencia de un especialista en hematología, pues señaló que aunque han buscado cubrir la vacante hasta ahora no ha sido posible. Por otro lado, la gobernadora informó que la estrategia Veracruzana Protegida, impulsada por el Gobierno del Estado y el Tribunal Superior de Justicia desde el 8 de marzo, ha brindado protección legal y física a más de 360 mujeres en situación de riesgo. “Con que una mujer recibiera apoyo, ya era justificable esta política pública; hoy son más de 360 veracruzanas las que han sido protegidas”. Recordó que la atención está activa las 24 horas a través de los canales de atención ciudadana y ha contribuido a fortalecer la confianza en las instituciones. De igual forma, dijo que el trabajo coordinado con la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) garantiza el acompañamiento y resguardo oportuno. En otra línea de trabajo, la mandataria anunció que se prepara una nueva campaña de prevención dirigida a padres y jóvenes para alertar sobre los riesgos del consumo de drogas y la relación con actividades delictivas. “Me impacta y me duele mucho ver que jóvenes pierdan la vida o su futuro enredados en el narcomenudeo. Vamos a actuar como gobierno y como sociedad para prevenirlo”, aseguró. En cuanto al informe de seguridad, dio a conocer que del viernes 27 al lunes 30 se registraron nueve homicidios dolosos. De viernes a sábado: tres homicidios (Tlapacoyan, Álamo y Cosamaloapan), en su mayoría relacionados con narcomenudeo. Sábado a domingo: un joven atacado en un taller mecánico, en proceso de investigación. Domingo a lunes: cinco homicidios (Coatzacoalcos, San Rafael, Cotaxtla y Xalapa), incluyendo dos víctimas mujeres no identificadas. “Estamos trabajando con la Fiscalía para esclarecer cada caso y reforzamos la presencia institucional donde es necesario”, concluyó la mandataria.
01 de Julio de 2025 / 22:15:41
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