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XALAPA.- Con serias irregularidades en espacios educativos y el DIF Estatal - donde se detectó que entre los beneficiarios de apoyos alimenticios se reportó a más de mil 500 personas fallecidas -, en el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de gobierno del “honesto” Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador en la historia de Veracruz -, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 70.3 millones de pesos en el ejercicio de recursos federales en la entidad. Según el informe entregado este lunes a la Cámara de Diputados, Veracruz encabeza la lista nacional de entidades con mayor presunto daño patrimonial, aunque el resultado corresponde sólo a tres auditorías aplicadas hasta el momento. Se revisaron recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta) y de participaciones federales, donde el gobierno estatal devolvió 48 millones de pesos sin que se generaran observaciones adicionales en este último rubro. La ASF presentará dos informes más en los próximos meses para completar la fiscalización del ejercicio 2024. Las principales observaciones corresponden al Fondo de Aportaciones Múltiples, con 53.2 millones de pesos por aclarar, ejercidos por el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y el DIF estatal. El fondo se destina a programas de asistencia social e infraestructura educativa en niveles básico, medio superior y superior. Entre las anomalías detectadas están las incongruencias entre lo facturado y lo ejercido, pagos por obras no ejecutadas y entrega extemporánea de bienes sin aplicación de sanciones contractuales por 636 mil pesos. La ASF también observó un probable daño por 31.8 millones de pesos en 13 contratos del Instituto de Espacios Educativos y 203 mil pesos por conceptos pagados sin ejecución de obra. El Sistema DIF estatal no acreditó el universo total de beneficiarios de los programas alimentarios ni los convenios necesarios para validar su identidad. La ASF identificó apoyos otorgados a personas fallecidas y a beneficiarios fuera del rango de edad, así como entregas sin documentación por más de 16.8 millones de pesos. El informe derivó en cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones. El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta), ejercido por el Conalep Veracruz y el IVEA, presentó montos por aclarar que suman 16.8 millones de pesos. En el Conalep, no se acreditó la recepción de 215 uniformes por prestaciones sociales del personal administrativo, con un valor de 119 mil pesos. En el IVEA se observaron pagos por 1.4 millones de pesos en servicios de seguridad intramuros sin evidencia documental, así como 15.3 millones de pesos erogados por asesorías que no fueron justificadas con documentación. A su vez, el DIF estatal otorgó apoyos alimentarios a personas fallecidas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 20 millones de pesos en los programas alimentarios operados por el Sistema DIF Estatal durante el ejercicio fiscal 2024. Las observaciones incluyen beneficiarios fallecidos, datos inconsistentes y entregas no acreditadas. El DIF Estatal elaboró los padrones de beneficiarios de programas alimentarios conforme al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, pero no incluyó el universo total de beneficiarios ni estableció convenios con el Registro Nacional de Población para validar identidades mediante confronta de CURP. Además, la ASF observó deficiencias estructurales en los padrones, falta de documentación de respaldo y omisión de convenios operativos para garantizar la integridad de la información. La ASF presume un probable daño por 16.8 millones de pesos por la falta de documentación que acredite la entrega de apoyos del programa Atención a Población en Condiciones de Emergencia. No se justificaron con documentos los bienes otorgados ni se presentó soporte para su entrega final a los beneficiarios. Durante la confronta con bases de datos de la Secretaría de Salud, se detectó que mil 496 personas fallecidas y 275 beneficiarios fuera del rango de edad recibieron apoyos alimentarios por un monto total de 3.9 millones de pesos. Cabe mencionar que parte de estas observaciones fueron parcialmente solventadas con documentación sobre gastos funerarios por 85 mil pesos, pero el resto permanece como pendiente de aclaración. Se identificaron 3 mil 10 CURP que no se encontraron en la matrícula escolar, 3 mil 456 con errores de captura y 2 mil 542 no localizadas en el Registro Nacional de Población, lo que pone en duda la autenticidad de los beneficiarios en programas como Desayunos escolares y Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios. Por lo anterior, la ASF pidió al Órgano Interno de Control del gobierno de Veracruz para que investigue y, en su caso, inicie procedimientos contra servidores públicos por la integración de padrones con beneficiarios inexistentes o sin identificación válida. Así las cosas.
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