Detienen al J1 y a su banda de Los Berry, dedicada a extorsionar e incendiar negocios, en Coatzacoalcos MEMORANDUM 1.- La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión con sede en Coatzacoalcos, en colaboración con la Fiscalía Especializada Antisecuestros del estado de Nuevo León, detuvo en aquella entidad a Francisco Javier “N”, el J1, líder del grupo delictivo autodenominado Los Berry, así como a su pareja sentimental Guadalupe Rosmarit “N”, quienes junto a otras cuatro personas, se dedicaban a extorsionar a empresarios y quemar negocios con bombas molotov. Al J1 se le atribuye haber colocado narcomantas en varias partes del municipio de Coatzacoalcos, entre ellas la que fue colocada en la escuela primaria Francisco H. Santos, en la colonia Puerto México, donde padres de familia suspendieron clases ante el temor generado por ese hecho. También estaría relacionado con la quema del restaurante El Popeye la madrugada del 15 de septiembre, en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la misma demarcación de la ciudad de Coatzacoalcos. En aquella ocasión, tambie´n dejaron cartulinas con advertencias a negocios de diversos giros como restaurantes, bares, lavados, florerías, agencias de turismo, depósitos de cerveza, taquerías, llanteras y lotes de carros, los cuales debían pagar la “cuota”. En una de las cartulinas se leía el número de teléfono 9211014853, al cual las víctimas debían comunicarse para pagar. Posteriormente, en varios comercios de la ciudad de Coatzacoalcos, Los Berry entregaban hojas de libreta a los encargados de los negocios. En ellas se leía el siguiente mensaje: “Se reportan a este número 9211018403 o si no regresamos y los quemamos con todo y gente. Atte. Grupo Berry a cargo del J1”, orillando a comerciantes a pagar la extorsión. En la investigación de la UECS lograron ubicar al jefe de la banda quien recibía los pagos. Así se dio con el paradero de Francisco Javier “N” y Guadalupe Rosmarit “N”, como probables responsables del delito de extorsión agravada. El fiscal especializado acudió ante el juez en turno del vigésimo Primer Distrito Judicial, judicializando la carpeta de investigación y solicitando la correspondiente orden de aprehensión en contra de Francisco Javier “N” y Guadalupe Rosmarit “N”, quienes fueron ubicados en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó la colaboración de su homóloga de aquella entidad para que agentes investigadores se internaran en aquel estado y llevaran a cabo el cumplimiento de la orden de aprehensión, lo cual ocurrió la tarde del lunes 6 de octubre en la colonia Hacienda La Providencia, cuando se encontraban cerca del domicilio que habitaban. Una vez cumplida la orden de aprehensión se efectuó el trámite correspondiente para la entrega-recepción de los detenidos para ser trasladados a Coatzacoalcos para ponerlos a disposición de la autoridad que los reclama. En la audiencia inicial, el fiscal Especializado hizo la imputación en contra de Guadalupe Rosmarit “N” y Francisco Javier “N” y solicitó prisión preventiva oficiosa, la cual fue dictada por la juez, con vigencia de un año. La continuación de la audiencia se llevará a cabo el 14 de octubre. También la UECS, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, detuvo a cuatro personas más, miembros de este grupo delincuencial. Se trata de Elimelec “N”, Gerson Alexandro “N”, Emilio “N” y Omar “N”, quienes eran los encargados de elaborar y dejar los escritos en varios comercios de Coatzacoalcos. También colocaron narcomantas con mensajes amenazantes a grupos rivales, las cuales aparecieron en distintos puntos de la ciudad, donde se adjudica el hecho al J1, al mando del grupo Los Berry. Los detenidos fueron recluidos en el Cereso Regional Duport Ostión, en Coatzacoalcos, por los delitos de extorsión y narcomenudeo.
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Colectivo urge a nueva Corte a deliberar sobre prisión preventiva oficiosa previa audiencia pública, pero quieren fuera del tema a Yasmín Esquivel y María Estela MEMORANDUM 2.- El colectivo Pena Sin Culpa urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a retomar la discusión que el anterior Pleno dejó pendiente sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en cumplimiento a una sentencia internacional, pero ahora bajo las nuevas reglas del tribunal, que establecen el derecho a una audiencia pública antes de deliberar. Pero, piden que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González se declaren impedidas de participar en el asunto, por presunta falta de imparcialidad y posible conflicto de interés. La solicitud dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz fue llevada este jueves a la Corte a través del abogado Simón Hernández León y su representado, Daniel García Rodríguez, actor central del caso García Rodríguez y otro Vs México, que derivó en una sentencia en enero del 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que obliga al Estado mexicano a inaplicar ambas figuras penales. “Venimos a hacer un llamado de atención muy importante a los ministros de las repercusiones y de lo que ha generado esta barbaridad en México desde el año 2008. Tenemos ya 17 años en que, convertidos los agentes del ministerio público en jueces, se ha desconfigurado el sistema de procuración de justicia en nuestro país y hoy en día eh se ha convertido en una herramienta de extorsión, puesto que ante la falta de la mediación de un órgano jurisdiccional, pues los agentes del ministerio público han encontrado un gran negocio… por la posibilidad de encontrar la libertad o pasar meses o años en la cárcel, a partir de extorsiones a abogados y a los propios indiciados”, expresó Daniel García. Daniel pasó 17 años y medio detenido bajo prisión preventiva oficiosa acusado del homicidio de la regidora de Atizapán María de los Ángeles Tamés, ocurrido en 2001. Fue sentenciado a 35 años, fallo que también impugnó y que también está pendiente de ser resuelto en la Corte, asunto que tiene la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa bajo el amparo directo en revisión 5/2025. A nombre de la organización, Daniel y su abogado también presentaron oficios en los que solicitan el impedimento de las ministras Yasmín Esquivel y Estela Ríos, para que se declaren impedidas de participar en la deliberación “por no reunir las condiciones de imparcialidad y objetividad”. En el caso de Esquivel, piden que se excuse de fungir como ministra ponente del asunto 5/2025 y de emitir su voto en el fondo del mismo, debido a declaraciones que realizó durante la Feria Internacional del Libro de 2022. En aquella ocasión, sostienen, la ministra se expresó de manera subjetiva y prejuzgó la culpabilidad de Daniel García y Reyes Alpízar Ortiz al afirmar: “estos angelitos estuvieron 16 años en prisión” y considerar que eran responsables de “este feminicidio que los mantuvo tanto tiempo, afortunadamente, en prisión”. “Es muy fácil perder la memoria y decir ‘pobrecitos, que se les pague porque los tuvimos 16 años en prisión’, pero fueron 16 años porque ellos impedían que se emitiera la sentencia para que pudieran compurgar su pena, y hoy están en libertad exigiendo un pago al Estado mexicano por haberlos tenido presos tanto tiempo. Pero no se dice que interpusieron más de 100 recursos y amparos impugnando permanentemente ante los juzgados federales y el tribunal de apelación del Estado de México”, declaró entonces la ministra. En el caso de la ministra Estela Ríos, recuerdan que le fue turnado el Expediente de Cumplimiento de Sentencia Internacional 3/2023. “Sin embargo, como Consejera Jurídica de la Presidencia, en 2022 solicitó, junto al Secretario de Gobernación, que la Suprema Corte mantuviera la prisión preventiva oficiosa, lo cual constituye prejuzgamiento para que realice el proyecto y participe de la discusión”, señalan. La tercera petición hecha a los integrantes del Pleno fue abrir audiencias públicas para discutir dichos asuntos, un nuevo mecanismo creado por la Suprema Corte en septiembre mediante el Acuerdo General número 5/2025. “Para Pena sin Culpa, la Suprema Corte iniciaría esta etapa de cara a la sociedad al convocar a familiares de personas privadas de la libertad, personas procesadas bajo la medida de prisión preventiva oficiosa, instituciones como las universidades, colegios y barras de abogados, clínicas universitarias y organismos internacionales para recibir información de personas expertas y permitir una discusión sobre la base de la garantía de los derechos humanos, ajeno a consideraciones políticas”, señalan.
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Fundamental promover el empoderamiento femenino en campos: En México, sólo 3 de cada 10 profesionales de tecnología y matemáticas, son mujeres: Unesco MEMORANDUM 3.- En México, tres de cada diez profesionales en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) son mujeres y solo hay 35 por ciento de investigadoras, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Durante un foro en la materia, funcionarios públicos y académicos coincidieron en que se debe trabajar en conjunto para elaborar una hoja de ruta en educación con perspectiva de género. En la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), durante el diálogo “Construyendo puentes hacia las STEAM con igualdad de género: una propuesta a la acción”, la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández destaca que esta administración desarrolla programas para reducir la brecha de género en las áreas de estudio de STEM, para que “cada vez haya más mujeres en campos construidos socialmente por hombres”. Indica que la Nueva Escuela Mexicana obliga a pensar que el espacio educativo puede romper la lógica de roles asignados y permitir que todos puedan hacer lo que realmente les interesa, así como construir políticas públicas educativas y programas concretos que contribuyan a reducir la brecha de género. Para Rachel Brasser, embajadora adjunta del Reino Unido en México, atender esta brecha de género significa estimular la actividad científica desde la infancia, eliminar sesgos en las aulas, fortalecer programas de mentoría y transformar entornos de igualdad, por lo que es necesario invertir en la educación de niñas y mujeres. Considera fundamental promover el empoderamiento femenino en campos como la programación y crear políticas institucionales que brinden igualdad de oportunidades para el ascenso profesional y el acceso a puestos de liderazgo.
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