Por Héctor Yunes Landa
Otra vez, bajo el argumento del bien común y combatir la corrupción, el gobierno federal y Morena pretenden apropiarse de las aguas nacionales como una medida de control político que permita poner de rodillas a los campesinos y concesionarios.
En este nuevo atraco, la presidenta Sheinbaum dijo que la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales son para proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua. “Hay que dejar de ver al agua como una mercancía, y verlo como un recurso y como un derecho”, dijo.
El problema es que lo han convertido en un instrumento de control político. Tendrán agua garantizada, quienes simpaticen con el gobierno y su movimiento. El resto tendrán que pelear por ella.
Es falso que Morena promueva el acceso al agua como un derecho humano. Esto ya está reconocido por la Constitución y el derecho internacional, obligando a los gobiernos a garantizar el acceso a agua suficiente, salubre y aceptable para consumo personal y doméstico. No inventaron nada.
La realidad es que, bajo este argumento, esta ley le quita el agua a la gente y se la entrega al gobierno. Si antes una familia tenía un derecho de agua, podía heredarlo, vender su parcela con agua o usarla para trabajar. Con esta ley, eso se acabó. La tierra de cultivo pierde su valor al separarla del acceso al agua.
Ahora la gente no puede transmitir su derecho: tiene que ir a pedirle permiso al gobierno para que se lo “reasigne”. Eso significa que el agua deja de ser un derecho y se convierte en un favor, supeditado por supuesto, a la empatía con el régimen.
Con la reforma, crearon una verdadera trampa a través del famoso Fondo y el 37 Bis. Como te prohíben transmitir tu derecho, te obligan a ir a un Fondo creado por el gobierno para que ellos decidan si te lo reasignan. Y pueden darte menos agua, cambiarte las condiciones, ponerte requisitos nuevos o simplemente retrasar el trámite.
El gobierno da y el gobierno quita. Será el gobierno morenista quien decida quien sí y quien no tiene derecho humano al agua.
La Ley está escrita para castigar, no para ayudar. En vez de apoyar a quien produce alimentos, esta ley lo trata como delincuente, sugiriendo que se trafica con el agua.
Las multas son altísimas, hay delitos nuevos y cualquier error en un trámite te puede costar el agua, dinero o hasta cárcel. Un pequeño productor que mueve tantita agua para regar un pedazo de tierra puede caer en sanción.
De esta forma, el control total del agua se lo queda la Federación. Estados, municipios, pueblos, ejidos y sistemas comunitario quedan supeditados a la buena voluntad y el control político de la Conagua.
Por supuesto, existen cientos de casos de corrupción en los que se ha traficado con concesiones, permitido el acaparamiento y la explotación excesiva del agua en favor de algunos cuantos, muchos de ellos, hoy prominentes personajes políticos de Morena.
Pero en lugar de poner, se excusan en algunos casos para justificar el atraco y convertir de facto al gobierno y a Morena en los dueños de las aguas nacionales.
Entonces ya no será un derecho humano, sino un premio a la militancia.
La puntita
En contra de su voluntad -ella dice que fue nombrada magistrada del TSJE por un periodo de nueve años-, este lunes se consumará el albazo legislativo y la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre será designada como nueva Fiscal General del Estado. |
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