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XALAPA.- Ante la solicitud de Estados Unidos de extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya el presidente de la Junta de Coordinación Política, del Senado, el morenista, Ignacio Mier Velazco, destacó que cualquier solicitud de extradición debe cumplir, sin excepción, con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos, pues no basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico. Indica: “La colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales. No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes”. El legislador morenista reitera que en México vivimos en un Estado de derecho y la colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales. “En México la soberanía nacional no se negocia, ni se subcontrata, se respeta”, recalca. La cooperación internacional –agrego--debe basarse en la confianza, la legalidad y el respeto mutuo entre Estados, evitando prácticas que vulneren la confidencialidad de los procedimientos o comprometan la integridad de las instituciones. En un mensaje que compartió en redes sociales, el senador se refirió a la solicitud de aprehensión y extradición de diversas personas por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Explicó que cualquier solicitud en materia de extradición debe atenderse conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes aplicables y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, incluyendo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, cumpliendo sin excepción con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos. Opinó que el Estado mexicano, tiene la obligación de garantizar el debido proceso, proteger los derechos humanos y respetar las disposiciones constitucionales, lo que incluye las relativas a la inmunidad procesal de las personas servidoras públicas. “Que quede claro, México mantiene su disposición para cooperar con los Estados Unidos y con la comunidad internacional; sin embargo, tal como lo ha sostenido la Fiscalía General de la República, esta cooperación se realizará únicamente a partir de solicitudes formales, legalmente sustentadas y dentro del marco jurídico nacional”, agrega. Fuera de estos cauces, --aseveró-- cualquier actuación carece de validez jurídica y es contraria al Estado de derecho.
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